El pasado lunes, 16 de septiembre, quedaron en libertad después de 124 días en prisión preventiva los cinco anarquistas que fueron detenidos en Barcelona el pasado 15 de mayo. La Audiencia Nacional los acusó de pertenecer a grupos terroristas y por ello se les ha aplicado el régimen FIES, que se suele aplicar a los presos de ETA, y han sido aislados, dispersados ​​y con todas sus comunicaciones controladas. Una contundencia que la defensa interpreta como un mensaje de fuerza.
A raíz de una investigación policial, el juez emitió una orden de entrada y registro en el Ateneo Libertario de Sabadell, sede de la CGT en la ciudad y lugar de reunión de la asamblea local del 15-M, y en la casa de dos de los acusados ​​en Avinyonet del Penedès. La policía realizó registros exhaustivos, material informático incluido. De lo que se encontró en el Ateneo, sin embargo, no se hace mención en el auto.
En la casa ​​encontraron petardos y un bidón de gasolina, que han servido para justificar la acusación de terrorismo. Para Jaume Asens, uno de los abogados que lleva el caso, “se utiliza un concepto tergiversado de terrorista, ya que un bidón de gasolina encontrado en un garaje, que es donde está el coche, no tendría por qué ser interpretado en esta clave”. También se encontraron sustancias estupefacientes, con la que se les acusó de traficar para financiar su actividad, pero no ha habido un informe toxicológico concluyente al respecto.
Asens asegura que la decisión de decretar la prisión preventiva que tomó en su momento el juez Santiago Pedraz contrasta con el hecho de que ahora estén en libertad, sólo con la obligación de presentarse en comisaría una vez por semana a la espera del juicio. “Parece que se haya querido enviar un mensaje de fuerza, que tuviera un efecto disuasorio para otros grupos”, asegura.
Mensajes en Facebook
Los amigos de Silvia Layunta, una de las afectadas, y miembros del grupo de apoyo a los afectados consideran que todo el proceso es “absurdo”. Los supuestos grupos terroristas a los que les acusa el juez de pertenecer -Frente Solidario Barcelona, Kolektivo Bandera Negra y Células Autónomas de Combate- no eran más que grupos creados en la red social Facebook, aseguran. “Llamaban a la rebelión y a la acción directa, pero no estaban organizando nada”, explican.
En estos espacios difundían mensajes que contienen amenazas, pero que a la vez se pueden sentir habitualmente en manifestaciones en Barcelona: “O sobran políticos o falta gasolina” o “Sin piernas, sin brazos, maderos a pedazos” son algunos de los ejemplos que cita el juez. “La Corona, los representantes políticos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las entidades financieras y cualquier símbolo del sistema capitalista han sido víctimas de sus amenazas y han sido marcados como objetivo por sus integrantes o para cualquier persona que mediante su perfil de acceso público pudiera conocer”, aseguraba Pedraz al auto en el que se decretaba la prisión preventiva.
El texto del juez hace referencia sobre todo a estas cuestiones ideológicas, hasta el punto de que entre el material incautado se cita el libro Grupos autónomos. Una crónica armada de la transacción democrática, una publicación reciente de Joni D. que se puede encontrar en la sección de historia de grandes librerías. Jaume Asens considera que esto “apunta a que el proceso se basa más en el tipo de ideas que tienen que en las acciones, se trata de un derecho penal de autor, donde lo que pesa son las ideas de los acusados​​”.
Manuel Galera, abogado de uno de los acusados​​, asegura que “no hay indicios de criminalidad probados que justifiquen tener estas personas en prisión, pero parece que el hecho de que sean antisistemas justifique tenerlos cerrados a la espera de que aparezcan pruebas”. Galera asegura que él también tiene el libro incautado en casa, y a él hace referencia: “el libro dice que la Audiencia Nacional es el Tribunal de Orden Público y que esto es una democracia burguesa, pero no económica, que busca mantener los privilegios los privilegiados”, declara.
Investigación prospectiva
Jaume Asens denuncia que “ha sido una investigación prospectiva”. “A partir de lo que opinaban los detenidos”, explica, “se les comenzó a buscar en diferentes hechos sucedidos en Barcelona”. Tres de los imputados participaron en una okupación en Badalona en junio de 2012 y el grupo de apoyo asegura que fue entonces cuando comenzó el seguimiento policial.
Los amigos de Layunta creen que “fueron a por ellos porque buscaban responsables de disturbios que había habido en Barcelona” y destacan que algunos medios de la derecha mediática han llegado a referirse a los afectados como “el brazo armado del 15-M”.
“Todo comenzó con una serie de seguimientos a través de internet, relacionados con lo que en su día dijo el consejero Felip Puig de que se empezaría a monitorizar las redes sociales, trasladar la política de seguimiento que estaban llevando a término ”, asegura Asens.
El abogado considera preocupante que el juez decretara la orden de entrada y registro basándose únicamente en criterios ideológicos. “Es a partir de cuando entran en la casa que se les imputan otros delitos, y los empiezan a buscar en su registro para localizarlos en movilizaciones, como el 15-O, pero el orden se fundamenta en eso”.
Ahora que vuelven a la calle los amigos que los apoyan piden la absolución. Lo que no niegan, sin embargo, es su llamada a la insurrección: “Para un anarquista del Estado es el enemigo”, asegura el abogado Manuel Galera. Ahora, con los afectados ya en la calle, el caso seguirá su curso en los juzgados.