Àngels Guiteras nació en Girona en 1958. Es licenciada en Psicología Clínica, diplomada en Administración de Empresas y especialista en drogodependencias, ámbito en el que trabaja desde hace unas tres décadas. Actualmente, Guiteras es gerente de la Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) y ocupa la presidencia de la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya, que aglutina más de 4.000 asociaciones, fundaciones o empresas del mundo social que viven y sufren muy de cerca la crisis. Guiteras pide en esta entrevista con catalunyaplural.cat que todo el mundo tenga garantizado un techo, una renta mínima y la alimentación.
Para empezar, explique a los lectores de catalunyaplural.cat qué es la Taula de Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
El Tercer Sector Social de Catalunya es un conjunto de entidades que está formado, fundamentalmente, por cooperativas de iniciativa social, asociaciones, fundaciones y empresas de inserción. El tercer sector es muy amplio y se contrapone al primer y al segundo sector, la Administración y las empresas mercantiles, respectivamente. Es un sector no gubernamental y no lucrativo. La Taula, que funciona desde hace 10 años, es el órgano que articula todo el tercer sector social, al menos la parte más importante, con una doble misión. Por una parte, la Taula lucha y dedica sus esfuerzos para conseguir más y mejores políticas sociales para la defensa de los derechos de las personas, y por otra, vertebra este sector, ayuda a que tenga más peso para que pueda ser un actor social de primera división.
¿En qué ámbitos trabajan estas entidades sociales?
Las entidades trabajan por la iniciativa social en ámbitos muy diferentes: drogodependencias, adicciones, infancia, familias, discapacidad, personas mayores, inmigración, mujer y en un ámbito que es muy nuestro y cada vez más necesario: la innovación. Son entidades que están en el territorio, allí donde están los problemas. Son muy próximas a las personas y muchas veces actúan antes de que la Administración o las empresas mercantiles ofrezcan un servicio o una prestación. Trabajan tanto con profesionales como con voluntarios, y algunas sólo con voluntarios.
Con los recortes, el tercer sector se ha visto muy afectado. Las Administraciones les deben entorno a 700 millones.
Estamos sufriendo una crisis global que afecta a todo el mundo. La crisis nos afecta de una manera muy significativa porque se está creando una nueva pobreza, situaciones de exclusión y nuevas situaciones de vulnerabilidad. Desde 2008 se nos está incrementando bastante la demanda. Aparecen necesidades que antes estaban cubiertas. Intentamos dar una respuesta a todo eso, pero lo estamos haciendo con menos recursos. Las Administraciones han reducido algunos recursos específicos del bienestar social y cada vez están más endeudadas, lo que deriva en mayores problemas para pagar a los proveedores. El conjunto de las Administraciones nos debe unos 700 millones. Esta deuda nos crea muchas dificultades. Y lo que hacemos es tratar de trabajar con las Administraciones para que se pueda priorizar el pago a las entidades sociales. Parece que eso se está haciendo. Pero también estamos abriendo nuevas vías de financiación específica, buscando acuerdos, por ejemplo, con Avalis y la banca clásica. Tenemos una comisión de trabajo por si podemos poner en marcha alguna herramienta que ayude a financiarnos. En líneas generales, el tercer sector social como tal no tiene una financiación propia a diferencia, por ejemplo, de las cooperativas.
El otro día, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, apuntaba que el mecenazgo tendría que ser una de las vías del tercer sector para obtener financiación.
Es importantísimo. Pero la Ley del mecenazgo es una ley española. Además, en este momento está parada. Se había desbloqueado, pero era básicamente en el ámbito de la cultura. Se tiene que hacer mucha incidencia para que tenga en cuenta todo el ámbito social cuando se ponga en marcha. Se ha hablado mucho, pero en estos momentos los incentivos de la Ley de mecenazgo son pobres. Tenemos que ver cómo se puede adelantar por esta vía porque sería un camino para conseguir financiación privada. Hay mucho recorrido por hacer, tanto para articular mucho mejor la rentabilidad de las empresas mercantiles, como para fomentar las donaciones privadas a todos los niveles. Pero para poder fomentar las donaciones tienes que tener una Ley de mecenazgo que incentive a hacerlo, es decir que la gente que da dinero vea que tiene una serie de ventajas fiscales que hagan que prioritariamente quiera hacer donaciones a las entidades sociales. Es una necesidad y es una de las vías que ayudaría a tener más financiación privada en un momento en que los recursos públicos son limitados. Tenemos que seguir defendiendo y avanzando para garantizar los derechos y el bienestar social, pero con los recursos públicos no hay bastante. Eso no quiere decir que los tengamos que eludir. Los recursos públicos son los que son y se tienen que mantener priorizando las políticas sociales. Pero la responsabilidad de todo aquello que es público es de todos.
Ustedes que viven tan de cerca la crisis ven cómo se está generando una nueva pobreza, que cada vez afecta más a la clase media.
Cada vez hay más desigualdades. Esa es la nueva pobreza. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, dice que esta manera de aplicar las políticas económicas, con tantos ajustes, crean más desigualdades. Opina que cuantos más recortes se hagan menos inversión pública habrá y, en cambio, aumentará el déficit. En el libro El precio de la desigualdad, dice que el 1% de la población tiene lo que necesita el 99%. Eso es la nueva pobreza. Cada vez hay más gente que tiene unas grandes necesidades y mucha menos gente que lo tiene todo cubierto.
Haga una radiografía de lo que ven.
Nunca habíamos tenido unos datos de desempleo tan elevados, con un 25% de personas sin trabajar en Catalunya. Más del 50% de parados son jóvenes. Hay más de 300.000 familias en Catalunya con hijos a cargo que no tienen ningún tipo de ingreso. Hay casos de insuficiencia alimenticia. Desde 2007 hasta la actualidad se ha duplicado el número de personas que no puede comer carne o pescado cada dos días. Eso es pobreza. Uno de cada cinco catalanes es pobre, un porcentaje que se incrementa cuando se habla de infancia: en Catalunya, uno de cada cuatro niños es pobre. Vivimos un momento de mucha vulnerabilidad social. No sabemos que nos pasará mañana. Todos conocemos personas de nuestro entorno, familia o no, que lo están pasando mal. Y seguramente hay gente formada, que no hubieras dicho nunca que se encontraría así. Eso es vulnerabilidad. Pasar de una situación de vulnerabilidad a una situación de pobreza y de exclusión es tan fácil como cruzar una cortina.
¿Cómo se puede combatir esta situación?
Para que eso cambie y no tenga unas consecuencias peores se necesita un tercer sector social plural y fuerte, unas entidades que den respuesta y que continúen al pie del cañón. También se necesita una ciudadanía activa, comprometida y responsable. Cada vez hay más gente que se está dando cuenta de lo que está pasando y se organiza: el 15-M, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca... son algunos ejemplos. Este movimiento ciudadano es nuevo. Y estos movimientos sociales cuando están en contacto y más relacionados con las entidades sociales consiguen cambios. En el mundo árabe se está viendo. Esta crisis comportará muchos cambios importantes y creo que el tercer sector será un referente y tendrá mucha importancia en un futuro. Se tiene que apostar por la cohesión social. La Administración, priorizando los presupuestos hacia la inversión social; los ciudadanos, cogiendo cada vez más compromiso, y las entidades sociales, haciendo su trabajo. Todo eso con el objetivo de evitar una fractura social. Ahora estamos en una situación de emergencia social. Cruz Roja dice que para no pasar de una situación de emergencia social a una situación de ayuda humanitaria se tienen que fortalecer las políticas sociales para luchar contra la pobreza y la exclusión. Eso lo tiene que hacer el tercer sector de la mano de la Administración. Pero se necesitan herramientas. ¿Cuáles? Pues, la Ley del mecenazgo, incrementar al voluntariado, incrementar las donaciones…
¿Considera usted que hace falta una regeneración democrática, una nueva forma de hacer política?
Estoy convencida. Necesitamos una renovación y trabajar para mejorar la calidad democrática. En España se instaló la democracia y aquí nos hemos quedado. Tenemos que fortalecer la calidad democrática. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Con más participación, más transparencia, más trabajo en red, más corresponsabilidad. La democracia no puede ser sólo eso de que cada cuatro o cada dos años, como hemos visto, vamos a votar. Eso no es democracia. La democracia siempre ha querido ser más que eso. La democracia también es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el 1'5 millones de firmas que se recogieron para la dación en pago. El 15-M también es democracia. Toda esta fuerza de la ciudadanía se tiene que poder materializar en cambios. En el sistema actual hay muchas carencias y las tenemos que corregir entre todos. El tercer sector tiene muchas cosas a decir. El tercer sector tiene tres funciones básicas: la defensa de los derechos sociales, la prestación de servicios y canalizar la participación ciudadana. Cuando se canaliza el voluntariado y la fuerza de la sociedad civil, a través de las entidades sociales, se llega mucho más lejos. Esta participación nos permite ver las necesidades que hay, con el objetivo de poner en valor y destinar los recursos necesarios para poder ligar el desarrollo humano al desarrollo económico. Hasta ahora, siempre ha estado demasiado desatado.
¿Se ha incrementado el número de personas a las que dan servicio los últimos tres o cuatro años?
Los últimos datos que tenemos son de 2009, cuando se atendió 1,7 millones personas, 700.000 más que en 2003. Ahora estamos trabajando en el anuario del 2013 junto con el Observatorio del Tercer Sector. No tenemos datos más actuales, pero, muy probablemente, el anuario recogerá que la cifra de personas atendidas se ha incrementado, al igual que las donaciones y los voluntarios. Ahora la fotografía del sector dice que representa el 3% del PIB catalán, cuenta con unos 5.000 profesionales y con unos 240.000 voluntarios.
¿El tercer sector ha tenido que hacer ajustes de personal, como otras empresas o la Administración, por la crisis?
El tercer sector no ha sido diferente de lo que se ha vivido en el resto de la sociedad. Se han hecho expedientes de regulación de ocupación, han desaparecido entidades. Entidades que nunca habían pedido un crédito, lo han tenido que pedir. Se han reducido plantillas. Hay asociaciones que están recortando la jornada laboral de los trabajadores. Se han suprimido programas porque se han retirado subvenciones. Aunque se ha tratado de preservar el bienestar social en Catalunya, como cada vez hay más necesidades y algunas partidas públicas se han suprimido, en el tercer sector no le ha quedado más remedio que hacer despidos.
Hablaba antes de insuficiencia alimenticia, pero el principal problema social es cuando una familia pierde la vivienda.
Los principales problemas son las necesidades básicas. Las priorizamos todas al máximo, y la vivienda es una de estas necesidades básicas. El derecho a la vivienda es un derecho constitucional, pero que nunca se ha resuelto. Ni en época de bonanza. Nunca ha interesado resolverlo. Los principales problemas que se tendrían que resolver son la vivienda, una renta vital y garantizar la suficiencia alimenticia. En el tema de la vivienda, sin embargo, llueve sobre mojado. Se tiene que facilitar el alquiler social y la dación en pago. Una persona puede perder la casa, que ya es una tragedia enorme, pero lo que no puede ser es que quede endeudado de por vida. El Estado ayuda a los bancos, los bancos echan a las personas de su casa y las personas quedan deudoras de por vida. Eso sólo pasa en España. Lo que se propone es que si no se puede evitar que esas personas pierdan el piso, al menos que queden libres de la deuda, y después intentemos establecer un alquiler social con todos los pisos que los bancos tienen. Hay que obligar a los bancos a que pongan los pisos que tienen en alquiler social, un alquiler social en función de los ingresos de cada persona, y además priorizando a las personas que no tienen nada. El Estado tiene que garantizar que todas las personas tengan un techo, y si tienen hijos a cargo todavía más. La pobreza infantil se tiene que proteger de todas, todas. Todo eso está pasando aquí, en Catalunya. La vivienda es muy importante. Si no la puedes tener de propiedad porque has perdido el trabajo, al menos es necesario poder acceder a un alquiler social. No sé cuántas viviendas vacías hay. La vivienda forma parte de las necesidades básicas. Es una línea roja que no se puede cruzar. Se tienen que establecer unos mínimos: una vivienda, un mínimo de ingresos con los que salir a la calle y la alimentación. Pero hace falta que también se establezcan unas fórmulas para preservar la dignidad de las personas, normalizar al máximo estas ayudas. Por ejemplo, si un niño necesita unas zapatillas, hace falta que las reciba con la máxima normalidad. Se puede dar a la familia un tique y que el niño vaya a la tienda y escoja unas.
¿Qué opinión tiene del derecho a decidir?
Nosotros trabajamos por los derechos sociales. Ésta es nuestra misión. No tenemos ninguna otra. Hemos firmado una declaración muy genérica que han hecho algunas entidades como Òmnium Cultural o la Assemblea Nacional Catalana. Pero nosotros, como Taula de Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya huimos de este tema para centrar nuestros esfuerzos en temas sociales, a cubrir las necesidades básicas de las personas y a mejorar las políticas sociales. De todas maneras pensamos que tiene que existir una mayor calidad democrática y que sobre todo el Parlament y todos los agentes sociales prioricemos los objetivos sociales.
¿Si Catalunya pudiera gestionar sus propios recursos, se podrían solucionar muchos de los problemas sociales que hay?
Lo tendría que ver. No tengo esa experiencia. Si Catalunya pudiera gestionar sus propios recursos habría un país con más derechos o más cohesionado en función de las prioridades que se hiciera de esa gestión. Tendría la garantía cuando las prioridades sociales, los objetivos sociales, estuvieran en primera línea. Nuestra misión, tengamos el Estado que tengamos, tengamos el autogobierno que tengamos, son que los objetivos sociales sean los primeros y que la inversión social esté garantizada. No queremos que eso sólo sea un discurso. Se pueden tener muchos ingresos y destinarlos a otras cosas. Cuando era época de bonanza, no teníamos la situación que tenemos ahora, pero también había muchas desigualdades. ¿Por qué? Porque no se priorizaban las personas. Para nosotros, poder gestionar nuestros recursos, no es garantía de nada. Para nosotros, una garantía es que los recursos se destinen a desarrollar la Ley de la dependencia, a que haya una buena educación, sanidad para todo el mundo y a intentar que no haya pobres. De momento, lo que sabemos es que tenemos que fortalecer la democracia porque con lo que estamos viendo no hay bastante.
Con los recortes que se aplicarán a la Ley de la dependencia, ¿ésta queda tocada de muerte?
La Ley de la dependencia nació con unas expectativas altas, pero también con muchas dificultades. En este momento, la comunidad autónoma se tendrá que hacer cargo de ir implementando la ley porque los ajustes hechos por el Gobierno español han frenado las ayudas a la dependencia moderada y las demandas que ha habido con respecto a la dependencia severa están, en su mayor parte, por cubrir. Desde el tercer sector, creemos que es una ley que se tiene que ir desarrollando y se tiene que exigir su desarrollo. Poco a poco, pero la tenemos que ir desarrollando. Son unos derechos que ya hemos conseguido. Son unos derechos que se pueden compaginar con conseguir ocupación y crecimiento. Cuando decimos que es importante la cohesión social ligada al desarrollo social y económico queremos decir que estas políticas, las de la lucha contra la pobreza y las de la Ley de la dependencia, son políticas que también fomentan la demanda y facilitan la contratación. Son políticas intensivas en mano de obra. La Ley de la dependencia se creó al 2006 y ya sabíamos que no se desarrollaría en cuatro días. Hemos tenido el descalabro de la rescisión económica, pero lo que tenemos que hacer es continuar desarrollándola y exigir que sea una prioridad. Tenemos que conseguir que se vea también como una inversión. Es una necesidad de primer orden. Cada vez habrá más personas mayores y la sociedad eso lo tiene que cubrir de la mejor manera posible. La Ley de la dependencia no sólo son residencias, sino también ayudas a domicilio. Tenemos que ir con cuidado en no caer en los intereses de unos cuantos con la excusa que hay crisis económica. Ahora, por la situación de crisis, todo esto es más necesario que nunca. Es ahora que hay unas consecuencias sociales de la crisis y que se tiene que priorizar el bienestar de las personas. No tenemos que dejar que nos impongan los intereses de los mercados financieros.
¿Cree que vivimos una dictadura financiera, de los mercados?
Sí, todos estamos en manos de los bancos. Cuando nosotros empezamos a reclamar el tema de las hipotecas pensaba que todo el mundo lo vería como nosotros. Me refiero a hace unos años. Nos sentábamos con los políticos y les decíamos, escuchen que está pasando eso, que hay mucha gente que tiene problemas con las hipotecas. Acababas llegando a la conclusión que esta gente [los políticos] estaba atada de manos y pies por alguna razón. Te dabas cuenta de que los mercados estaban presionando mucho. La democracia no pueden ser solamente los partidos políticos. El sistema se tiene que renovar de manera que haya más implicación ciudadana.