Anonymous dió a conocer la noche de este domingo hasta 38 documentos que muestran el monitorizaje de la actividad en Twitter de varios activistas vinculados a movimientos sociales catalanes. Según denuncian en un comunicado, la documentación proviene del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), un organismo con régimen de fundación que depende de la Generalitat de Catalunya -en concreto, del departamento de Empresa i Empleo- y que se dedica a la seguridad en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación.
Los documentos recogen tweets relevantes relacionadas con movilizaciones concretas, como la acampada ante la sede de La Caixa, ocupaciones de universidades, el primer aniversario del 15-M, el Primero de Mayo o la campaña No vull pagar, de desobediencia a la hora de pagar peaje en las autopistas. Se identifica a los usuarios que utilizaron por primera vez un determinado hashtag y también se hace una clasificación de los usuarios más influyentes en cada tema. Entre las cuentas seguidas hay colectivos, activistas, abogados o periodistas.
Durante la mañana, a la espera de una respuesta oficial, un portavoz del Cesicat ha asegurado a Catalunya Plural que los documentos no provienen del organismo, pero a la vez ha hablado de un hackeo. La misma fuente apuntaba que su respuesta no era oficial, ya que emitirían un comunicado durante la tarde, porque la cuestión era compleja y estaba relacionada con los Mossos d'Esquadra. Finalmente, el Cesicat no ha enviado el comunicado y se ha negado a seguir informando. Han afirmado que no tienen nada que decir respecto a las denuncias de Anonymous, sobre todo teniendo en cuenta que se difunden desde el anonimato.
Carlos Sánchez Almeida, abogado especializado en el ámbito de internet, admite que, dado que los perfiles son públicos, esta actividad no afecta al derecho a la intimidad, ni tampoco se puede hablar de espionaje. “Pero es completamente diferente destinar fondos públicos a la elaboración de perfiles ideológicos de usuarios de Twitter con objetivos inconfensables, como es estudiar la estructura del 15-M en Barcelona”, apunta el abogado, que también se ha visto afectado por el monitorización. La cuenta de su despacho (@bufetalmeida) está entre las que se han considerado más relevantes.
El abogado explica que estudian emprender acciones legales, pero asegura que “ahora, más que responsabilidades penales, se necesitan responsabilidades políticas”. “La ley de protección de datos no permite hacer archivos que revelen la ideología de las personas, y el Gobierno negó recientemente en sede parlamentaria que existieran archivos de este tipo”, dice Sánchez Almeida. “Para dotarse de estructuras de Estado lo primero siempre son las cloacas, y es obvio que detrás de esto está el estilo del señor Miquel Sellarès”, sentencia Almeida, en alusión al primer director de los Mossos y uno de los fundadores de la Assemblea Nacional Catalana (ANC).
“Las fechas de estos documentos son las mismas del 25-S o de la famosa web de denuncia con fotos de activistas que impulsó Felip Puig y que la Agencia de Protección de Datos consideró ilegal, o de cuando Jorge Fernández Díaz decía que había que cambiar el Código Penal para perseguir las convocatorias de manifestaciones en la red”, remarca Sánchez Almeida. Considera que lo que buscan estos documentos es “atribuir responsabilidades individualizadas a las personas e imputarles conductas penales”.
La simplicidad de los informes
Desde el colectivo DatAnalysis15M, que se dedica al análisis de las redes del 15-M y a la investigación en tecnopolítica, también han querido intervenir en el debate. Aseguran que “lo primero que llama la atención, más allá de cualquier escándalo político, es el muy bajo nivel técnico de estos informes, porque cualquier usuario de la red puede hacer estos análisis sin conocimiento técnico”. Invitan a visitar su web para compararlo con “el nivel de sofisticación” al que han llegado en el análisis de eventos similares. “Si alguien está cobrando por ello, esto es una estafa”, concluyen.
La red ha reaccionado a la aparición de los documentos comentándolos, no sin cierto humor, con las etiquetas #TIAcatalana o #laTIAcatalana, en referencia a la agencia de seguridad en la que trabajaban los personajes de cómic Mortadelo y Filemón. Muchos de los usuarios monitorizados comentan que su número de seguidores ha crecido notablemente desde la publicación de los documentos.
Tampoco es la primera vez que la actuación del CESICAT enfrenta al 15-M barcelonés. Durante la campaña electoral, el organismo tomó medidas para intentar cerrar la página Conveniencia y Unió, una parodia crítica de la web de campaña del partido de gobierno. El servidor italiano que alojaba la web, sin embargo, consideró que no había motivos para hacerlo y denunció la intervención del Cesicat.