La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) ha iniciado actuaciones de investigación por si la privatización del servicio de seguimiento de contactos de coronavirus que la Generalitat adjudicó a Ferrovial supuso “un posible caso de destino ilegal de fondos públicos o cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que comporten conflictos de intereses”. La apertura de una investigación no implica un posicionamiento inicial de la OAC al respecto.
La Generalitat adjudicó por 17 millones de euros el pasado mes de junio un contrato a Ferroser, filial de Ferrovial, por el que el Govern privatizó el rastreo del virus en Catalunya. A finales de año el Govern y la compañía anunciaron que el contrato, en vigor hasta el pasado 31 de enero, no se renovaría por la llegada de la vacuna, en aplicación a lo que prevé una de sus cláusulas. Ahora es la Agencia de Salud Pública de Catalunya quien ha asumido el rastreo de casos después de las críticas de los sanitarios y los partidos de izquierda por las deficiencias en el seguimiento de los positivos que se produjeron durante los primeros brotes en verano.
En una comunicación al restaurador de Girona Albert Caupena, que denunció irregularidades en el contrato con Ferrovial, la Oficina Antifraude expone que ha terminado las actuaciones previas que han corroborado la verosimilitud de la denuncia, por lo que procede a abrir una investigación formal sobre la adjudicación a dedo del servicio de rastreo por parte de la conselleria de Salud de la Generalitat, que lidera la republicana Alba Vergés.
En su resolución, adelantada por el Diari de Girona y a la que ha tenido acceso elDiario.es, Antifraude indica que la contratación de Ferroser podría suponer un “posible incumplimiento” de la normativa de contratación pública, así como “un posible caso de destino ilegal de fondos públicos o cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que comporten conflictos de intereses o uso en beneficio privado”.
Fuentes de la conselleria de Salud han defendido que el contrato con Ferrovial se ajustó a la normativa y han ofrecido a Antifraude toda la documentación necesaria.
El director de la OAC, Miguel Ángel Gimeno, criticó el pasado mes de diciembre el exceso de la contratación de emergencia a grandes empresas por parte el Govern y ayuntamientos con excusa de la pandemia. Según Gimeno, la contratación de emergencia podía estar justificada en los primeros meses de emergencia sanitaria, pero pasados diez meses las administraciones deberían volver a los concursos públicos con criterios de libre concurrencia entre empresas. Solo durante los dos primeros meses de la pandemia, los contratos extraordinarios del Govern ascendieron a 65 millones de euros dedicados a camas de hospital, licencias informáticas o servicios veterinarios.