El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este jueves que incrementará las inspecciones en las escuelas catalanas para controlar que se cumplen los proyectos educativos de inmersión lingüística en los centros y se imparten todas las clases previstas en catalán. Tras celebrar una “cumbre” de la lengua en el Palau de la Generalitat con entidades sociales, culturales y asociaciones afines al modelo de escuela en catalán, para dar “respuesta” a la sentencia sobre el uso del castellano en la escuela, Aragonès ha dado a conocer una batería de medidas adoptadas para defender un modelo que considera “de éxito” y “convivencia”.
“Hemos dado orden a la inspección de Educación para que, desde mañana, el cuerpo de inspectores de la Generalitat intensifiquen la supervisión de proyectos lingüísticos vigentes en cada centro para asegurar su cumplimiento”, ha explicado el president. Según Aragonès, debe procederse en la escuela de acuerdo a “lo que está establecido en cada centro”. “Si una clase de matemáticas está prevista en catalán, tiene que impartirse en catalán”. El president ha señalado que hay que responder así “a las alarmas” según las cuales el uso del catalán en la escuela ha disminuido, tal como reflejan las encuestas realizadas entre el alumnado de los institutos.
En las “próximas semanas”, ha informado, se hará un diagnóstico encargado a la Universitar de Barcelona para profundizar en el “conocimiento de la situación” y “actuar”. Además, también ha anunciado que Educación “incrementará el número de docentes en las aulas afectadas” por decisiones de los tribunales para asegurar el 25 % de castellano, como la de Canet de Mar (Barcelona), en el centro de la polémica la última semana. En este sentido, el conseller Josep Gonzàlez-Cambray explicó que la idea es incorporar un docente adicional en aquella aula en concreto, aunque a pesar de las preguntas de los periodistas no aclaró si su función será hablar en catalán al alumnado mientras el otro lo hace en castellano, de acuerdo con las sentencias.
Asimismo, desde el Govern han recordado que en enero se pondrá en marcha un plan de promoción de uso de la lengua catalana y que dotará de recursos específicos a 4.500 escuelas e institutos de la comunidad autónoma.
Por último, “para revertir” los “ataques sufridos” al modelo educativo, según Aragonès, el Govern desplegará “una ofensiva legislativa para potenciar el sistema educativo catalán en el marco de la sociedad y la escuela”. Para ello, ha dicho, que buscará “trabajar con los consensos que ha habido en las últimas décadas”, consensos desde el punto de vista “pedagógico y académico”.
Sobre el sistema educativo catalán planea en estos momentos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), avalada por el Tribunal Supremo, que ordena a la Generalitat aplicar el 25% de castellano de forma general en todos los centros de enseñanza obligatoria. Su ejecución, sin embargo, abre algunos interrogantes, puesto que el encargado de exigirla es el Gobierno central –puesto que el proceso judicial lo inició el Ministerio de Educación en 2015, cuando estaba en manos del PP– y de momento no ha dado muestras de querer hacerlo.
Aragonès llama a la manifestación
El líder de la Generalitat ha reivindicado que las medidas anunciadas las reclama el Govern pero también las entidades y “la sociedad civil”. “No nos jugamos solo la lengua, nos jugamos nuestro proyecto y nuestro futuro de país”, ha defendido Aragonès, que ha hablado de momento de “excepcionalidad” ante “la ofensiva política, mediática y judicial”.
El president decidió en el último minuto comparecer ante los medios para dar a conocer las acciones en una declaración institucional, tras reunirse durante casi dos horas con las entidades -entre las que estaban Òmnium y la ANC- y los consellers de Educación y Universidades, Josep González-Cambray y Gemma Geis, respectivamente, quienes en un principio iban a ser los únicos en dar cuentas del resultado.
Aragonès, que reivindicó el modelo de inmersión como “garante de la igualdad de oportunidades, la cohesión y equidad”, llamó a todos los catalanes a defender la inmersión este sábado en la manifestación organizada por la plataforma “Som Escola”.
Las familias que piden el 25% anuncian una ofensiva
El mismo día en el que se celebró la “cumbre” por la lengua en el Palau de la Generalitat, doce entidades pidieron que se cumpla la sentencia que obliga a impartir un 25 % mínimo de clases en castellano y anunciaron por su parte facilitarán a las familias formularios para constatar si los centros educativos catalanes cumplen con esta cuota lingüística.
Así lo explicó el presidente de la asociación constitucionalista Impulso Ciudadano (IC), José Domingo, durante la presentación en Barcelona de una campaña para velar por que se cumpla la sentencia del TSJC, en la que también se involucraron entidades como S'ha Acabat o la Asamblea Escuela Bilingüe. Este jueves, también la asociación de familias de la escuela de Canet ha publicado una carta rechazando que haya un movimiento de acoso a “ninguna familia” y lamentando haberse sentido “utilizados” por los partidos políticos, especialmente por los que han realizado declaraciones “incendiarias”.