Hay una razón por la que las cosas importantes de unos presupuestos se negocian antes de que estos comiencen el circuito parlamentario: una vez se inicia el trámite, se fija el límite máximo de gasto y no hay forma de mover recursos entre departamentos. Eso es lo que ocurre ahora con las cuentas que el Govern llevó al Parlament la semana pasada y que, por el momento, no encuentran una mayoría que las apoye, pero sí diferentes partidos que se postulan para negociar. Tanto la CUP como el PSC y los comuns aseguran querer entenderse con el Ejecutivo de Pere Aragonès para que Catalunya tenga cuentas en 2022. Pero todos saben que el grueso de la negociación no va sobre los presupuestos, ya con un margen reducido para hacer cambios, sino de la dirección de toda la legislatura.
La CUP, que fue el principal puntal de Aragonès en su complicada investidura, llevaba meses dando muestras de frialdad con el Govern. Los anticapitalistas están molestos con un Ejecutivo que ven con ganas de pacificar la situación, tanto en lo que se refiere a las tensiones con el Estado como respecto al tejido empresarial y los poderes económicos que nunca comulgaron con la vía rupturista del independentismo. La distancia había ido creciendo y la formación la acabó ratificando este martes al anunciar una enmienda a la totalidad a los presupuestos del conseller Jaume Giró. Con todo, aseguraron que aún había tiempo para retirarla. El calendario acaba el lunes que viene, cuando se votarán las enmiendas.
La decisión de la CUP ha colocado bajo el foco a dos formaciones que también llevan tiempo asomándose como posibles apoyos del nuevo Govern: el PSC y los comuns. Ambos tienen interés propio en mostrarse como facilitadores de la gobernabilidad y en ganar centralidad. Pero, sobre todo para los socialistas de forma explícita, su objetivo es sacar de la foto a la CUP, el único partido que en estos momentos mantiene una abierto rechazo a los acuerdos entre la Generalitat y el Gobierno central. El PSC es consciente de que horadar ahora la mayoría de la investidura desactivaría por fin el bloque independentista y cambiaría el enfoque completo de la legislatura. Y esto es también algo que no se les escapa a los comuns, que además preferirían ser ellos quienes lo consiguieran, en lugar de los socialistas.
Con estas cartas sobre el tapete, la de este miércoles fue una tarde de reuniones para desatascar los Presupuestos de la Generalitat. Aragonès mantuvo dos encuentros con las formaciones de la oposición que se han mostrado abiertas a dar su apoyo a las cuentas. Primero se vio con Jéssica Albiach y otros diputados de los comuns, que son la opción B preferida por el president y ERC. Poco después recibió al jefe de la oposición y líder del PSC, Salvador Illa, a quien este mismo miércoles había advertido de que no comparten modelo de país. Pese a eso, Aragonès acabó accediendo a la reunión que Illa había reclamado, en la que no se ha avanzado más que en la mañana.
Los dos encuentros se producían tras una sesión de control en el Parlament en el que todos los grupos habían mostrado sus cartas de cara a la negociación. Los anticapitalistas, con todo, se esfuerzan por mantenerse en la ecuación, mientras el Govern también asegura que quiere seguir avanzando con la CUP. Pero Aragonès y los suyos también se han conjurado para no quedar atrapados entre la vía cupaire y la que les propone el PSC, y abrir una negociación intermedia con los comuns. Los de Albiach han esgrimido ante el president cuatro reclamaciones, entre ellas una ley de urbanismo verde, la mejora de los recursos en salud mental y el dentista público, o una apuesta decida por la reindustrialización y abandono paulatino de la economía del turismo.
Malestar en Junts
A ERC no le costaría entenderse con En Comú Podem, un grupo con el que tiene similitudes programáticas y pactos estrechos en diversas instituciones -aunque este mismo miércoles han tenido un encontronazo en el Ayuntamiento de Barcelona-. Más difícil es encajar el juego de alianzas entre los de Albiach y Junts. A la formación que lidera el vicepresident, Jordi Puigneró, le gusta más el PSC, con el que gobiernan en instituciones como la Diputación de Barcelona, que los comuns. La formación, además, apuesta por mantener la mayoría independentista de los 72 diputados, pese a que el conseller de Economía de su partido, Jaume Giró, ha chocado con frecuencia con la CUP durante la negociación de las cuentas.
Pero el baile de las alianzas ha amenazado con reabrir la brecha de las siempre conflictivas relaciones entre ERC y Junts. El portavoz de los segundos, Albert Batet, ha preguntado directamente a Aragonès en el pleno por el ofrecimiento a los comuns, que ha calificado de “no acordado”, se entiende que por el conjunto del Govern. El portavoz ha obtenido como respuesta el compromiso personal del president de que hará lo posible por retener a la CUP en la ecuación. Este mismo miércoles la delegación del Ejecutivo se ha vuelto a ver con los anticapitalistas.
La Generalitat ha aprobado unas solas cuentas en los últimos cuatro años. Fue en el año 2020, en plena pandemia, y gracias a la mano de los comuns. Ahora los candidatos se agolpan a la puerta del Palau, al menos para negociarlos. Ni siquiera la CUP quiere perder el tren de estas conversaciones, pese a que sus bases acaban de forzarles a plantear la enmienda de bloqueo. Pero en la dirección de los anticapitalistas saben que si el Ejecutivo encuentra ahora otro socio, ellos –y su acuerdo de investidura con ERC– pueden quedar descolgados de una legislatura que difícilmente sería ya aquella en la que el independentismo obtuvo un 52% de los votos.