El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instado a los servicios jurídicos del Govern a personarse como acusación particular en la causa que investiga la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de la productora audiovisual Triacom.
La Audiencia Nacional ya expulsó hace un año a la Generalitat de la causa principal del 3%, que versa sobre comisiones de constructores a cambio de obra pública, al no ver compatible que el Govern ejerciera la acusación contra distintos cargos que formaron parte de la institución, como el exconseller y exgerente de Convergència Germà Gordó.
Ahora el Govern vuelve a intentar acusar en una causa ligada al 3% de Convergència por orden del president, el republicano Pere Aragonès. Junts, herederos políticos de CDC que comparten Govern por ERC, todavía no se ha pronunciado sobre la decisión del president, que podría abrir una nueva crisis en la coalición.
En una carta, adelantada por El Periódico, el president expone que ha tenido “conocimiento a través de distintos artículos” publicados en los medios de comunicación del caso Triacom y que, a su juicio, “la investigación comprendería hechos que afectarían a los intereses y la esfera jurídica” de la administración catalana.
Tal y como desveló una investigación de elDiario.es, la productora Triacom hinchaba más del 50% el precio de los programas que facturaba a TV3. Los investigadores del caso 3% mantienen que las cantidades que la televisión catalana pagaba de más servían luego para emitir facturas falsas emitidas por empresas relacionadas con Convergència y sus dirigentes.
En concreto, los investigadores tienen el foco en la presunta financiación ilegal de CDC a través de la campaña electoral de Artur Mas en 2010. Las pesquisas empiezan por los primeros contratos del año 2009 y se extienden a lo largo de la presidencia de Mas, quien situó al frente de la empresa de medios públicos a Brauli Duart. En ese periodo el sobreprecio con Triacom llegó al 60%.
El esquema corrupto del 3% audiovisual sería el mismo que ya quedó probado por la Justicia en el caso Palau, en el que un empresario confesó que giró al Palau de la Música facturas falsas por valor 824.299 euros por servicios que en realidad se prestaron al partido en la campaña electoral de las generales de 2004.