Hacía tiempo que ERC buscaba dar un golpe sobre la mesa del Gobierno, a quien Pere Aragonès advierte desde diciembre pasado que necesita avances en la mesa de diálogo. Pero los republicanos no se atrevieron a votar en contra de los Presupuestos Generales porque, pese a que lo obtenido sobre el papel era poca cosa, de aquellas cuentas dependía la buena marcha de las finanzas de la Generalitat. La oportunidad ha llegado con la reforma laboral, una ley que había enfadado al ala más izquierdista de Esquerra y que, además, era probable que saliese adelante sin sus votos, como finalmente ha ocurrido.
Pero la votación elegida por los republicanos para lanzar una advertencia al Gobierno es especialmente cara para ellos en el terreno interno de Catalunya. Porque la legislación laboral impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz reunía en Catalunya apoyos de algunos de los agentes más sensibles para el Govern, como son los sindicatos catalanes mayoritarios, CCOO y UGT, también la gran patronal de Foment y, sobre todo, En Comú Podem, grupo clave para la estabilidad parlamentaria de ERC que ya ha advertido que no volverán a apoyar al Govern. Ese será el precio del 'no' de los republicanos a la reforma, que puede complicar el mandato a Aragonès tras solo ocho meses en el Palau.
Que se esfume el apoyo de los comuns en el Parlament puede ser la piedra en el zapato más inmediata. Aunque los Presupuestos de la Generalitat ya están aprobados, en este momento el Govern tiene en el cajón unas cuantas iniciativas parlamentarias, como la ley del turismo, la ley trans o la nueva regulación sociosanitaria, que acabarán requiriendo de una mayoría parlamentaria que en este momento se ha diluido. Aragonès ya vio en otoño cómo la CUP, en quien inicialmente se apoyó para ser investido, se alejaba paulatinamente del Govern hasta rechazar los presupuestos. En ese momento, echó mano del grupo de Jéssica Albiach, que sí votó las cuentas a cambio de un apoyo recíproco de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona.
El rechazo de ERC a la reforma laboral ha alejado a los comuns, que ven en el voto negativo un deseo de boicotear el nuevo proyecto político de Díaz. “Es curiosa la coincidencia de algunas voces críticas con la aparición de encuestas extremadamente favorables para Yolanda Díaz entre los votantes de esas formaciones. Al menos sean honestos”, ha lanzado este jueves la diputada de En Comú Podem Aina Vidal en su turno de intervención. En esta formación están convencidos de que Esquerra ha cometido un error político. “Se equivocan poniéndose en contra de una reforma que tiene tanto consenso en Catalunya. Que se aclaren ya sobre si quieren ser la CUP o ser el Govern”, exclamaba un dirigente de los comuns estos días.
Pero, por contra, Aragonès tampoco ha conseguido ganarse las simpatías de la CUP, que este mismo miércoles rechazó reunirse con él en protesta por unas detenciones de los Mossos contra activistas por la vivienda. Los anticapitalistas no han dado aire al Govern en los últimos meses, desde que las negociaciones se rompieran con el conseller de Economía de Junts, Jaume Giró. De hecho la CUP ha cargado duramente contra el Ejecutivo de Aragonès con frecuencia. “Nosotros no nos hemos movido, si el Govern apuesta por lanzar un embate a Foment y al Estado, ya sabe dónde estamos. Y si no, no nos encontrarán”, afirman desde la formación independentista.
CCOO entusiasta, Pimec más bien en contra
La alusión a Foment no está hecha a la ligera. Desde la CUP han insistido en diferentes ocasiones en que, a su juicio, el Govern hacía más caso a la patronal que a ellos como socios. Pero, ante la reforma laboral, los agentes se han realineado e, inesperadamente, la mayoría sindical catalana y la patronal de Foment han acabado defendiendo un decreto ley del que “no se tocara una coma”. Con todo, también las organizaciones del diálogo social han tenido sus matices. Mientras que CCOO, el sindicato catalán más fuerte, ha apoyado con entusiasmo la reforma, en UGT han mostrado una defensa más comedida. Este último es un sindicato con vínculos tradicionales con ERC en Catalunya.
También en las patronales ha habido diferencias. Foment se posicionó primero en contra de la reforma laboral, en el marco de la CEOE, pero después acabó reclamando que no hubiera cambios en el texto pactado, al temer que el trámite parlamentario pudiera acabar decantando el texto hacia la izquierda. Mientras, Pimec, una patronal que agrupa al potente tejido catalán de pequeñas y medianas empresas, ha optado por una posición más bien contraria a la reforma, en la que pedían incorporar medidas de apoyo al negocio familiar. Pese al rechazo, Pimec ha evitado cargar con beligerancia contra el texto, pero su posición también ha tenido peso entre los republicanos.
Las razones del 'no' de ERC
Si la contrapartida es ponerse enfrente de los sindicatos y la patronal y, además, tener más problemas en el Parlament, la pregunta es: ¿qué gana ERC votando 'no'? La respuesta que dan diferentes fuentes de la formación es un cúmulo de factores que tienen que ver tanto con el fondo de lo que se votaba como con las formas de la negociación. Una cosa fundamental ha sido la alineación del ala más obrerista del partido, con el diputado Jordi Salvador (exdirigente de UGT) al frente y con el apoyo de nombres como Joan Tardà o el exconseller de Trabajo Chakir El-Homrani, que explicó su posición en un artículo en este diario.
Los negociadores de ERC en el Congreso se sintieron menospreciados por no tener capacidad de presentar enmiendas y porque, a su juicio, se les presentaba una norma que incumplía la palabra dada por el Gobierno. “Incumplen su propio programa”, ha cargado con dureza Gabriel Rufián durante el pleno, apelando a los antiguos votantes de IU con el “programa, programa, programa” de Julio Anguita. De nada sirvió que la vicepresidenta Díaz tratara de reconducir la situación a través de encuentros con Aragonès y con el actual titular de Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent. ERC estaba en el 'no' desde mediados de diciembre si no se le permitía cambiar parte del texto.
A esto se suma un segundo cálculo, más de corte electoral, pues en la sala de máquinas republicana consideran que los votantes de izquierdas en Catalunya están escorados algo más hacia la izquierda que en el conjunto del Estado. Por eso entienden que puede haber una bolsa nada despreciable de desencantados con las políticas del Gobierno. Ponen como ejemplo la Ley de Vivienda estatal, que también ha descafeinado mucho el consenso alcanzado en el Parlament. Los republicanos creen que el Gobierno se está desgastando por la izquierda, especialmente en Catalunya, por lo que creen que tienen la oportunidad de postularse como una alternativa.
Finalmente está la mesa de negociación. Aragonès ha insistido en la necesidad de que los gobiernos vuelvan a reunirse “a principios de año”, tal y como habían acordado. El president llegó a acudir a Madrid a pronunciar una conferencia en la que alertó sobre la urgencia de reunirla. Pero las elecciones de Castilla y León, convocadas para el próximo 13 de febrero, han trastocado todas las agendas y el Gobierno ya asume que no se sentará con la Generalitat, ni en la mesa de diálogo ni en la comisión bilateral, hasta la primavera. Eso explica que, pese a que en el equipo de Aragonès ha habido quien haya señalado la inconveniencia de dejarle a Ciudadanos el espacio de socios prioritarios del Gobierno en la reforma laboral, finalmente el president haya optado por descolgarse de la negociación. Hacerlo en compañía del PNV ha sido el único alivio en el Palau.