El archivo de Tsunami para Puigdemont elimina solo uno de los obstáculos judiciales a la amnistía

El campo de minas en que se había convertido la aplicación de la amnistía por parte de algunos jueces sigue sin despejarse por completo, pero desde este martes está un poco más limpio. El archivo de la causa de Tsunami Democràtic para Carles Puigdemont y el resto de investigados elimina uno de los quebraderos de cabeza de los independentistas, aunque el vendaval judicial está lejos de terminar y va camino de dar el salto a Europa, lo que aplazaría al menos un año y medio su resolución definitiva.

Las últimas 48 horas han sido frenéticas en los tribunales: hasta cinco instancias distintas han emitido resoluciones sobre casos muy sensibles para los independentistas y que corrían peligro de quedar fuera de la ley de amnistía. El resultado global ha sido agridulce: mientras los dirigentes independentistas imputados por Tsunami Democràtic podrán volver a España de inmediato, los 12 activistas de los CDR acusados de terrorismo han visto como su causa se dirige hacia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y se llena de incertidumbre.

Por partes. Capítulo Puigdemont: el retorno del expresident tras siete años en Bélgica es el objetivo principal de la ley de amnistía y la normalización política total que pretende para Catalunya tras las convulsiones del procés. La vuelta a España del expresident sin riesgo de detención sigue siendo igual de imposible que ayer. El archivo de Tsunami, aunque alivia de forma indudable su horizonte penal, no altera los próximos pasos del expresident.

Puigdemont no tenía medida cautelar alguna por Tsunami. El juez Manuel García Castellón lo incluyó en la causa en el último minuto, coincidiendo con la negociación de la investidura de Pedro Sánchez el pasado mes de noviembre, sin haberlo investigado los últimos cuatro años. El Supremo llegó a aceptar investigar al expresident y perfiló los contornos de un nuevo y sorpresivo terrorismo independentista de baja intensidad equiparable a la kale borroka. Tras varios reveses de Suiza, un error del juez en los plazos de instrucción ha terminado condenando al archivo la causa.

El mayor obstáculo para el retorno sin riesgo del líder de Junts sigue siendo la causa original del procés abierta en 2017. Siete años después, el juez Pablo Llarena rechazó amnistiar la malversación de Puigdemont y mantuvo su orden de detención si pisa España. El enroque del Supremo con la malversación obliga al expresident y a los exconsellers condenados a abrir una batalla legal larga, que terminará en el Constitucional y que desborda los plazos políticos que manejaba el partido para un retorno de cara a un debate de investidura que el Parlament debe celebrar a más tardar el 26 de agosto.

A diferencia del resto de investigados por Tsunami, que ya tienen vía libre para volver a España (el retorno de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, se espera el sábado), Puigdemont sí sería detenido en caso de regresar a Catalunya. El Supremo se negó a revocar la medida cautelar de prisión contra Puigdemont, pese a que así lo ordenaba la ley, al rechazar amnistiar la malversación del 1-O.

El mismo día que Rovira ha expuesto sus planes de regreso, Junts ha contraatacado con una llamada a “la reacción del país” para organizar movilizaciones populares ante un eventual arresto de Puigdemont. Una detención en los próximos días de Puigdemont impactaría en las negociaciones entre el PSC y ERC, cuyo fracaso es el principal objetivo de Junts. La formación neoconvergente pretende una repetición electoral con una lista única independentista que someta a ERC al liderazgo del expresident.

La trama rusa, en el Supremo

Archivado el caso Tsunami pero igual de abierto el del procés, la otra causa que supone un peligro para Puigdemont es la de la trama rusa. El juez Joaquín Aguirre ha confirmado este martes su papel de ariete contra la amnistía y ha rechazado aplicar la amnistía al expresident y a los otros 12 investigados. En un movimiento inesperado (el propio juez dijo hace dos semanas que todavía tenía que investigar más), el instructor ha enviado a todos los imputados, no solo a Puigdemont, ante el Tribunal Supremo.

El Alto Tribunal tendrá ahora que decidir si abre la segunda causa especial en lo que va de año contra el expresident. El juez Aguirre ha tomado la directa sin esperar al aluvión de recursos en contra de su decisión de seguir investigando la trama rusa desoyendo la orden de la Audiencia de Barcelona que lo impedía. Algunas defensas del caso interpretan este movimiento del juez como un último intento para que el Supremo se quede la trama rusa ante una próxima resolución de sus superiores en Barcelona para cerrar definitivamente el caso.

Los dos documentos de este martes del juez Aguirre están llenos de repeticiones literales de su auto del pasado 21 de junio. Incluso hay fragmentos que se repiten tres veces, como el párrafo en el que el magistrado recuerda su estupefacción al ver por televisión los disturbios del procés en 2019. Las defensas confían en que la trama rusa termine igual que Tsunami –archivada por un error procesal del juez–, pero faltan unas semanas para saberlo.

La amnistía a los CDR, camino del TJUE

El recuento de casos amnistiados más de un mes después de la entrada en vigor de la norma sigue estancado. De los 486 'amnistiables', según los cálculos de la Fiscalía, solo han sido amnistiados 74 personas –46 de ellas policías nacionales de las cargas del 1-O, más cuatro mossos acusados de agredir a manifestantes–.

Al quedar archivado el Tsunami, los jueces no tendrán que pronunciarse sobre si el caso debe ser amnistiado. Pero el olvido penal del delito de terrorismo, uno de los mayores problemas durante la negociación parlamentaria de la norma, ha vuelto de demostrarse como una de las potenciales dificultades de su aplicación. La Audiencia Nacional ha puesto serias dudas a la posibilidad de amnistiar a los 12 activistas de los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) acusados de terrorismo, ya que para los magistrados contraviene la Directiva europea de lucha contra este delito.

La resolución de este martes de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –la misma que 24 horas antes había asestado un revés a García Castellón en el caso Tsunami– ha generado preocupación entre las defensas del caso porque muestra una oposición contundente a aplicar la ley. Pero lo hace en términos estrictamente jurídicos, sin las críticas políticas sobre la tramitación de la norma que, por ejemplo, incluyó el Tribunal Supremo en su auto que denegó la amnistía los exconsellers.

Más allá de la formalidad de dar tres días a las partes para recabar su opinión sobre enviar el caso al TJUE, los magistrados aportan argumentos jurídicos que señalan varias contradicciones entre la ley de amnistía y la Directiva europea de lucha contra el terrorismo. En especial, el hecho de que la norma solo excluya las acciones terroristas más graves (un extremo pensado precisamente para incluir en la amnistía el caso de los CDR, que no llegaron a llevar a la práctica ninguna acción). Una distinción, alertan los magistrados, que no hace la norma comunitaria, que obliga a perseguir todo tipo de acciones terroristas con independencia de su gravedad.

“Limitar la exclusión de la amnistía a las violaciones más graves de derechos humanos en materia de terrorismo es contrario a lo que un Estado de Derecho debe perseguir siempre”, señala la Sala, que alerta de que la norma supone “una derogación tácita de una parte esencial” de la Directiva antiterrorista europea.

Elevar una consulta al TJUE implicaría que la Audiencia Nacional no podría decidir sobre la amnistía del caso CDR hasta que los magistrados de Luxemburgo (que tardan de media 16 meses en resolver) se pronunciaran. Antes podría pronunciarse el Constitucional sobre las dudas sobre la amnistía del delito de desobediencia que le ha trasladado el Supremo o para revocar, a instancias de Puigdemont, la negativa del Alto Tribunal a amnistiar la malversación.

No son las únicas consultas que podrían llegar al Constitucional y al TJUE. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha abierto la puerta a llevar ante ambas instancias sus dudas sobre la norma. Los jueces catalanes sí ven aplicable a su caso concreto –los colaboradores de Junqueras– la amnistía, incluso para el delito de malversación, pero tienen “reservas” sobre si la norma vulnera varios principios constitucionales, como la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley o la exclusividad en el ejercicio de la función judicial. En suma, una impugnación general de la norma más allá del caso concreto, a diferencia de la Audiencia Nacional, que circunscribe sus dudas únicamente al delito de terrorismo de los CDR. La larga batalla contra la amnistía continúa y ya va camino de Europa.