La Audiencia de Barcelona rechaza por ahora que el PDeCAT devuelva las comisiones que cobró Convergència en el caso Palau

El PDeCAT se libra de devolver las comisiones ilegales que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cobró en el caso Palau. Por ahora. La Audiencia de Barcelona ha rechazado la petición de la Fiscalía para que el partido heredero de Convergència asuma el decomiso de los 6,6 millones de euros que recibió su antecesor como comisiones de Ferrovial a cambio de obra pública. 

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la sección 10a de la Audiencia de Barcelona concluye que la petición de la Fiscalía es, a día de hoy, precipitada. Antes de proceder a embargar bienes al PDeCAT, los magistrados consideran que debe acreditarse que Convergència no puede devolver el dinero, una situación probable habida cuenta de que el partido fundado por Jordi Pujol está en liquidación judicial tras presentar concurso de acreedores.

Los magistrados no cierran la puerta a que el PDeCAT tenga que devolver las comisiones del Palau. Pero esto solo será posible, remarca el tribunal, una vez la oficina judicial de recuperación y gestión de activos constate que Convergència no tiene patrimonio ni fondos suficientes para proceder al decomiso de las comisiones que cobró de Ferrovial a cambio de obra pública.  

“No puede acudirse a los bienes de la sucesora [el PDeCAT] sin saber el resultado de lo que debe ejecutarse de la entidad principal [Convergència]”, resuelven los togados. 

En línea con lo planteado por la defensa de Convergència, los magistrados recuerdan que el PDeCAT no fue parte en la causa del Palau, por lo que acometer ahora un embargo al partido de David Bonvehí le generaría indefensión.

Solo cuando se constate por parte de la oficina judicial que Convergència no puede reintegrar los fondos cobrados en comisiones se podrá pedir embargar al PDeCAT para cubrir la devolución completa de los 6,6 millones de euros. Para ello deberá comunicarse la situación al PDeCAT para que sea parte en la causa y pueda defenderse.

La petición de la Fiscalía Anticorrupción se basaba en un listado de propiedades efectuado hace dos años por parte de la Guardia Civil en la causa del 3% de la Audiencia Nacional y que sirvió para que el juez imputara como partido al PDeCAT además de a Convergència. El magistrado José de la Mata apuntó que que el PDeCAT podría suponer “un simple cambio de apariencia” de CDC para que “eludir las responsabilidades que hubiera podido incurrir” en la investigación del 3%.

En su informe, la Guardia Civil concluyó que de los 42 locales propiedad de Convergència 37 “estaban siendo utilizados por el PDeCAT” o por las juventudes del partido y que en 21 de ellos CDC seguía figurando como titular de la línea de telefonía fija.

Convergència tiene 15 sedes embargadas desde el año 2015 como garantía de su responsabilidad civil en el caso por el que ha terminado condenada. El valor estimado de las 15 sedes fue de 3,6 millones, equivalente a la cifra a la que en aquel momento el juez pensaba que ascendían las comisiones. Faltarían pues tres millones para cubrir el importe total de las comisiones de Ferrovial, que son los 6,6 millones que la justicia ha ordenado decomisar.

La solicitud de Anticorrupción se produjo en el marco de la ejecución de la sentencia del caso Palau. Los tres principales condenados, los exdirigentes y saqueadores del auditorio, Fèlix Millet y Jordi Montull, y el extesorero de CDC Daniel Osàcar, permanecen en prisión desde finales de junio. Además de las penas de prisión, los condenados, entre ellos Convergència como responsable civil, tienen que pagar multas millonarias y devolver el dinero expoliado.