La Audiencia Nacional asume la causa contra los supuestos estrategas de Tsunami pese al rechazo del fiscal

Por segunda vez la Audiencia de Barcelona ha dado la razón al juez Joaquín Aguirre en sus discrepancias con la Fiscalía Anticorrupción. Los magistrados han avalado la decisión del titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona de enviar a la Audiencia Nacional a los estrategas independentistas investigados por su presunta participación en Tsunami Democràtic.

El juez Aguirre decidió antes del verano enviar a la Audiencia Nacional la parte de la macrocausa Voloh referente a Tsunami Democràtic, tal y como le había pedido el juez del tribunal especial José Manuel García Castellón, que lleva casi dos años investigando en secreto a la organización por terrorismo. En un movimiento inusual, el fiscal Fernando Maldonado se sumó a las defensas del caso y pidió anular el envío de la causa a Madrid.

En un duro escrito, el fiscal consideró que el auto de Aguirre carecía “de la más mínima motivación fáctica y jurídica” que justificara el envío de estrategas independentistas como David Madí, Oriol Soler y Xavier Vendrell –y otras cuatro personas– a la Audiencia Nacional. El fiscal llegó a acusa al juez de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de los investigados y provocarles “indefensión”.

Las defensas del caso alegan que como la causa de la Audiencia Nacional permanece secreta no conocen los motivos ni los hechos por los que se les investiga ni por los que el juez García Castellón pidió asumir la pieza sobre el Tsunami del caso Voloh, limitada a un delito de desórdenes públicos. Todo ello implicaba una vulneración de derechos, a criterio de las defensas.

La sección 21ª de la Audiencia de Barcelona niega la mayor y da la razón al juez Aguirre, desdeñando las tesis del fiscal y las defensas. “No se aprecia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y al juez ordinario predeterminado por ley”, resuelven los togados en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es.

Según la Audiencia de Barcelona, existen “indicios bastantes” de que Madí, Soler, Vendrell y los otros cuatro investigados, entre ellos el director de la oficina de expresidente de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, formarían parte de la “estructura organizativa” de Tsunami Democràtic “y participarían de manera principal en las actividades delictivas organizadas y encaminadas a la movilización de la masa social independentista”.

La Audiencia de Barcelona argumenta que Tsunami está siendo investigado por “promover y realizar presuntamente múltiples episodios violentos y coactivos”, como a su juicio son los cortes de carreteras y el bloqueo a los accesos al Aeropuerto. Las “dimensiones” de estas acciones, abundan los togados, requirieron de “organización, planificación, jerarquía, uso de redes sociales y aplicaciones para dispositivos”.

Es más, los magistrados señalan que el delito de terrorismo, competencia de la Audiencia Nacional, integra tanto a las personas integradas en bandas armadas como los que “cooperen en ellos o provoquen la participación” en actos delictivos.

A falta de conocer el sumario de la causa por terrorismo y rebelión de la Audiencia Nacional, que sigue secreta, en Barcelona los indicios obtenidos contra los investigados habían derivado en una imputación por desórdenes públicos, un delito de mucha menos gravedad. Según la Guardia Civil, Vendrell estuvo detrás de las protestas convocadas el día de reflexión de las elecciones generales de noviembre de 2019, ya que en una de las conversaciones intervenidas dice a su interlocutor “ya enviaré gente”. También señalaron los agentes que Vendrell “no solo participa en el movimiento de Tsunami sino que da instrucciones de los movimientos que se han de realizar insistiendo en que no se debe focalizar solo en Barcelona”.

Con la decisión de la Audiencia de Barcelona, el caso Voloh que instruye Aguirre pierde una de sus patas. Sin embargo, Madí, exasesor de Artur Mas y de CDC, y Vendrell, exconseller de ERC, que formaron parte del sanedrín del procés que ideó el referéndum del 1-O de 2017, seguirán investigados por tráfico de influencias en relación con sus negocios privados.