La Audiencia Nacional celebrará el juicio contra la familia Pujol entre noviembre de 2025 y abril de 2026

La Audiencia Nacional ha fijado entre los meses de noviembre de 2025 y abril de 2026 el juicio que se celebrará contra el que fuera presidente catalán Jordi Pujol y sus hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

En una diligencia de ordenación, recogida por Europa Press, la Sala de lo Penal fija un total de 55 sesiones diferentes repartidas a lo largo de seis meses, estableciendo que todas ellas comenzarán a las 10 de la mañana.

El juez Santiago Pedraz acordó en junio de 2021 llevar al banquillo de los acusados a toda la familia, a excepción de la mujer del expresident, Marta Ferrusola —a la que exoneró por su estado de salud después de que la defensa presentara un informe médico en el que alegaba que sufría demencia severa—, así como a otras 11 personas, entre ellas Mercé Gironés, la exmujer del primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, y varios empresarios.

Les imputó presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública. Para garantizar las posibles responsabilidades civiles por estos últimos, pidió a Jordi Pujol Ferrusola que depositase 7,5 millones de euros y a su ex mujer, otros 400.000 euros.

De esta forma, el instructor siguió los pasos de la Fiscalía Anticorrupción, que se dirigió contra todo el 'clan', pidiendo 9 años de cárcel para el patriarca y hasta 29 para su hijo mayor, mientras que la Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su ex mujer y otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, interesando para ellos 25, 17 y cuatro años de prisión, respectivamente.

En el auto con el que puso fin a la instrucción, en el año 2020, el juez propuso juzgar a la familia al completo por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su “posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas”, acumular un “patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”.