El Ayuntamiento de Barcelona ha gastado 14.520 euros en pagar abogados de un gran despacho privado para representar a siete víctimas de robos en la ciudad cometidos presuntamente por parte de ladrones multirreincidentes. Se trata de un plan piloto iniciado por el consistorio el pasado mes de agosto y que está previsto que dure hasta final de año.
La medida se centra únicamente en los delitos patrimoniales (hurtos o robos), que son los más habituales en Barcelona. Sin embargo, deja fuera los tipos penales más graves, como por ejemplo las agresiones sexuales. El Ayuntamiento de la capital catalana, como administración pública, no tiene legitimidad legal para personarse en una causa por robo, por lo que el consistorio suscribió un contrato menor de 14.520 euros con el despacho Molins para que letrados de este bufete representaran a las víctimas como acusación particular.
El plan no tiene apenas precedentes y ha generado debate en varios sectores de la abogacía barcelonesa por la distinción entre delitos y por el hecho de que una administración pública haya encargado la asistencia jurídica para defender a víctimas particulares a un despacho privado. El despacho Molins viene ganando desde hace años y bajo administraciones de distintos colores políticos los contratos para defender a agentes de la Guàrdia Urbana y Bomberos de Barcelona.
Una portavoz municipal defiende el plan porque quiere centrarse “en el fenómeno de la multirreincidencia en delitos patrimoniales” por ser el tipo de delito más habitual en Barcelona. Los hurtos sin violencia representan alrededor de la mitad de los delitos que se cometen en la capital catalana.
En todas las ocasiones en que el abogado particular pagado por el Ayuntamiento ha intervenido tras la detención del ladrón ha pedido medidas cautelares. Los jueces han acordado la prisión provisional del arrestado en cuatro de los siete casos. El consistorio ha declinado precisar cuántas veces la Fiscalía ya había pedido la prisión provisional además del letrado privado.
La medida se incardina en la preocupación que el Ayuntamiento de Barcelona ha mostrado por los ladrones multirreincidentes, y que llevado al consistorio a apoyar el endurecimiento del castigo a los hurtos de los móviles, pese a ser una medida rechazada por los sectores progresistas de la judicatura y la abogacía.
Sí se ha logrado un alineamiento entre administraciones para recoger el guante a la principal reivindicación de la judicatura: Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento presentaron a principios de diciembre el refuerzo de juzgados penales para juzgar hurtos y robos, un tipo de vistas que deberían celebrarse con celeridad, pero que en Barcelona acumulaban retrasos de alrededor de un año.
Preguntado por los criterios para decidir en qué casos se ofrece pagar el abogado a las víctimas, el Ayuntamiento detalla cuatro requisitos en función del delito, la víctima y el detenido.
Por un lado, que el presunto autor sea “multirreincidente”, es decir que acumule tres o más sentencias firmes en el mismo tipo penal. Los criterios también se limitan a los delitos de hurto menos grave, robo con violencia o robo con fuerza en vehículos. Esto implica que se dejan fuera de la asistencia jurídica pagada por el Ayuntamiento el resto de tipos penales que ocurren en la ciudad.
Por último, también es necesario que la víctima sea una persona mayor de edad y residente en España para que pueda estar a disposición del juzgado cuando sea requerida a lo largo del procedimiento. Así se evita, por ejemplo, que el turista que sufre un robo desista de continuar con la causa una vez ya ha regresado a su país.
Hasta mediados de diciembre, el plan piloto había atendido a siete víctimas de robos y hurtos de siete objetos: dos teléfonos móviles de 900 y 1.100 euros respectivamente; material informático en una mochila por valor de total de 1.880 euros; un reloj y un móvil de 6.700 euros; dos cadenas de oro de 1.500 euros; una bolsa de mano de 1.100 euros y otra cadena de oro de 1.000 euros. Todos los importes son los declarados por las víctimas y están a la espera de ratificación pericial conforme avance la instrucción de los casos.