ERC, JxCat, Catalunya en Comú, la CUP y el Ayuntamiento de Barcelona han formado un frente común para pedir a una jueza que paralice un desahucio en la capital catalana que afecta a seis familias en situación de vulnerabilidad.
Los grupos parlamentarios mencionados han comparecido junto a la concejal de vivienda del consistorio barcelonés, Lucía Martín y el portavoz del sindicato de barrio del Poble Sec, Silvio Covolo, para solicitar a la titular del juzgado de primera instancia 48 de Barcelona que paralice un desahucio con fecha abierta para el denominado bloc Llavors, situado en el número 38 de la calle Lleida. Los mismos grupos han firmado también una carta dirigida a la jueza.
Los participantes en este frente común han solicitado a la juez que aplique el decreto ley 17/2019, aprobado el pasado diciembre por la Generalitat y que obliga a los grandes propietarios -más de 15 viviendas- a ofrecer un alquiler social a personas o familias que lleven más de seis meses ocupando una vivienda sin contrato y que tengan acreditada su situación de vulnerabilidad.
En el caso del bloque mencionado, el fondo inversor y propietario del edificio Vauras Investment pretende vaciar los pisos -de unos 80 metros cuadrados- para revenderlos una vez reformados por más de medio millón de euros, según ha afirmado el portavoz del sindicato de Barri de Poble Sec.
“Somos cuatro grupos que no siempre nos ponemos de acuerdo en todo pero somos conscientes de la emergencia habitacional que estamos pasando”, ha señalado Elsa Artadi, diputada de JxCat. “De nuevo nos encontramos que hay una ley que la justicia decide no implementar”, ha remachado.
Susana Segovia, en representación de Catalunya en Comú, ha pedido a la juez que conceda más tiempo para que se pueda aplicar el decreto. “Hasta que no se aplique, no podemos tener a familias en situación de extrema vulnerabilidad con una fecha de desahucio abierta”, ha afirmado.
El partido socialista no ha querido participar en la rueda de prensa porque “no comparten la metodología” de “enviar una carta a una juez”, según afirman desde el grupo parlamentario. “La función de la política es legislar para evitar que ocurran situaciones como esta”, añaden.
Un caso emblemático en la ciudad
El llamado bloc Llavors se ha convertido en otro de los símbolos de la lucha contra las subidas del alquiler en Barcelona. Las seis familias que residen en el edificio han resistido a cinco intentos de desahucio gracias a la movilización de los grupos de activistas de la ciudad, que lograron parar los lanzamientos a pesar de los amplios dispositivos policiales que se desplegaron.
El pasado enero, la juez decidió ampararse en el mencionado decreto ley 17/2019 para paralizar la expulsión de los vecinos del edificio. A principios de febrero, sin embargo, la misma magistrada dictó una nueva orden de desahucio con fecha abierta contra el que las familias han interpuesto un recurso.
Según los activistas, la jueza podría resolver el recurso durante esta misma semana. Desde el Sindicat de Barri del Poble Sec han anunciado que también pedirán “medidas cautelares” al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU por la “violación del derecho fundamental a una vivienda digna”.