El Ayuntamiento, la Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han presentado conjuntamente un recurso contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justícia (TSJC), que el pasado marzo tumbó la Zona de Bajas Emisiones de la capital catalana.
Según ha anunciado el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del consistorio, Eloi Badía, el recurso ya ha sido aceptado por el TSJC y esperan tener respuesta del Tribunal Supremo en un periodo de seis meses.
La estrategia usada por las tres administraciones para devolver la vigencia a la ZBE se basa en incidir en el peso que tiene la contaminación sobre la salud pública. “Tenemos el imperativo legal de proteger el bienestar de la población”, ha asegurado Badía, quien ha citado diversos estudios que alertan de que la polución causa 1.300 muertes prematuras en Barcelona o que una de cada cuatro escuelas está expuesta a niveles de dióxido de nitrógeno por encima de los límites legales.
Así, la documentación presentada ante el tribunal pretende demostrar que la ZBE fue efectiva, “rebajando un 11% los niveles de contaminación y evitando 125 muertes anuales”, ha asegurado Badía. Así mismo, las tres administraciones argumentan que la ZBE persigue “seguir las directrices de la Unión Europea” recogidas en el expediente sancionador que abrió a Madrid y Barcelona por superar los límites de contaminación, tal como ha apuntado Antoni Poveda, vicepresidente de Movilidad de la AMB.
Igualmente, otro de los puntos en los que se ampara el recurso es en la aprobación del pasado mes de mayo de la Ley de Cambio Climático, que establece los municipios de más de 50.000 habitantes, así como aquellos de 20.000 que superen los límites de contaminación, deberán aplicar una Zona de Bajas Emisiones antes de 2023.
Blindar la Zona de Bajas Emisiones
Los motivos del TSJC para tumbar la ZBE eran, principalmente, dos: el primero es que provocaba “un efecto negativo en las personas de menor capacidad adquisitiva, que no pueden cambiarse el coche por uno menos contaminante. El segundo es que ”se excede“ en el ámbito geográfico de aplicación (contemplando 95 kilómetros cuadrados y otras cuatro ciudades de la AMB, además de Barcelona).
Ante estas consideraciones, el director General de Calidad Ambiental de la Generalitat, Marc Sanglas, considera que el TSJC ha hecho “una mala interpretación de la directiva”. Según su parecer, la normativa “no es desproporcionada” y se ha respaldado en directivas de la UE, que manifiestan que la restricción de movilidad está justificada en lo relativo a la mejora de la calidad del aire.
Aun así, conscientes de que esta argumentación puede no ser admitida por parte del Tribunal Supremo, el Ayuntamiento, la Generalitat y la AMB ya trabajan conjuntamente en la elaboración de una nueva normativa. “Estamos actualizando la ordenanza actual para reforzarla jurídicamente. Será perfectamente acorde a la ley vigente y no estará en peligro”, ha dicho Badía.
Así, aun en caso de que el TS no acepte el recurso, la Zona de Bajas Emisiones estaría lista para volver a entrar en funcionamiento “antes del mandato que viene”, ha apuntado Badía, en referencia a las elecciones municipales de mayo de 2023. “No habrá ninguna sentencia que nos haga dar marcha atrás”, ha advertido Sanglas.