Uber ha empezado a operar este martes en Barcelona, en esta ocasión –su tercera intentona en la ciudad– como app para taxis, pero de nuevo lo ha hecho con el rechazo de los taxistas y de la Administración. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), el ente supramunicipal presidido por Ada Colau y del que depende este sector, ha pedido una reunión de urgencia a la compañía y ha advertido que sancionará a los conductores que usen su plataforma, al entender que están incumpliendo la normativa vigente.
Los taxistas, que ya advirtieron que desenterrarían el hacha de guerra si Uber volvía a la ciudad, han celebrado este martes una asamblea en la Estación de Sants la que han anunciado una marcha lenta de cara al jueves. El sindicato Élite Taxi ha tachado de “traidores” a los taxistas que están empleando la app de Uber y ha animado a denunciarlos “para que todo el mundo los conozca”. Según la compañía, cuenta con unos 350, de los que 100 estarían ya disponibles este mismo martes. Aun así, resultaba muy difícil pedir durante el día un taxi a través de la app, de lo que muchos deducían que la cifra es falsa.
Una de las razones de la movilización de los taxistas, más allá de su oposición histórica a la multinacional de San Francisco, es que su nueva app para taxis no cumple con la normativa vigente en materia tarifaria. Así lo argumenta el propio Institut Metropolità del Taxi (IMET), la Administración responsable del sector, que este martes emitió un comunicado en el que especificaba que todas las apps de intermediación de taxis deben ofrecer a los clientes dos tipos de tarifa, una de precio cerrado (la T3) y la derivada del taxímetro, mientras que en estos momentos Uber solo estaría garantizando la segunda.
Cuando anunció su vuelta a la ciudad, en noviembre, Uber solicitó poder aplicar esta tarifa, pero la forma como se incorpora a la app está todavía pendiente de validación por parte del IMET, que se ha reunido en más de una ocasión con la compañía para revisarlo. Según la Administración, están “pendientes de resolver dos temas clave” de la plataforma, que tienen que ver con la transparencia de la tarifa y en cómo se identifica el taxi que realiza el servicio. Una vez modificados estos parámetros, darán por validada la tarifa. “Si Uber opera sin la Tarifa 3, podría quedar cuestionada la activida de la app en el ámbito del Área Metropolitana de Barcelona”, añaden.
Y no solo eso, sino que amenazan con sancionar a aquellos taxistas que usen la app, al entender que incumplen el régimen tarifario. “Los taxistas que estén trabajando con la App Uber y que, por lo tanto, no den la opción de precio cerrado, se les abrirá un expediente informativo para analizar si el comprotamiento conlleva infracción”, advierten. De ser así, sería una infracción grave con sanciones que pueden ir de 251 a 1.250 euros.
A todo ello, desde Uber han defendido desde el primer momento que la normativa no impide operar solamente con la tarifa derivada del taxímetro. Se remiten al decreto vigente 314/2016, que regula los servicios de intermediación de taxis, y en el que no se especifica que deban ofrecerse esas dos tarifas para operar. “Nuestro servicio en Barcelona es completamente legal, como dice el decreto 314/2016 de la Generalitat de Catalunya, que establece claramente que para operar un servicio con taxímetro en Barcelona es necesaria una notificación previa, y no una autorización del AMB”, apuntan. La notificación la hicieron llegar en noviembre.
En este sentido, insisten en que la normativa prevé que las apps que ofrezcan el precio cerrado (la T3) deben poner a disposición de cliente también el modo taxímetro, “pero no al revés”, que es lo que hacen ellos. Si fuese así, añaden, “ tendría que estar aprobado en una norma de carácter general (el Decreto 314/2016), y no lo está”.
El regreso de Uber, su tercer intento de implantarse en la ciudad, se ha hecho efectivo a las 08.00 horas de este martes, no solo con servicios de taxi –aunque principalmente–, sino también de 'car sharing' o uso temporal de vehículos. Uber dejó por última vez Barcelona el 1 de febrero de 2019, el mismo día que entró en vigor el decreto de la Generalitat que obliga a precontratar los vehículos de alquiler con conductor (VTC) con una antelación mínima de 15 minutos.