La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fue una de las más entusiastas a la hora de salir a celebrar el acuerdo entre PSOE y Unidas podemos para sacar adelante la Ley de Vivienda, pero la letra pequeña del texto, todavía por definir, podría dar al traste con una de sus políticas estrella en la capital catalana: la obligación de que todas las nuevas promociones reserven un 30% de sus viviendas a uso social.
La intención del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, según adelantó La Vanguardia este martes, es que los municipios puedan fijar como obligatoria la reserva de este porcentaje para viviendas protegidas, pero siempre que compensen económicamente a los promotores o con cesiones de suelo equivalentes en otras zonas. Esto supondría desmantelar la medida que aprobó el Ayuntamiento de Barcelona en 2018 –validada por la Generalitat–, que establece que deben ser las empresas las que asuman el coste.
Con todo, la edil de Vivienda del Ayuntamiento, Lucía Martín, ha evitado cargar contra el borrador de la ley –en el que sí se especifican “mecanismos jurídico-urbanísticos de compensación adecuados”– y ha asegurado que confían en que la norma acabará dando cobertura a su modelo. Martín ha recordado que la ley todavía debe pasar un trámite parlamentario “intenso y largo” y ha dado a entender que espera que durante ese período se contemple la posibilidad de finar una reserva del 30% sin las citadas compensaciones a los promotores. “Trabajamos intensamente para que el texto acabe recogiéndolo”, ha insistido.
La edil barcelonesa ha defendido que esta medida responde a la necesidad de una ciudad densa como Barcelona para seguir aumentando su parque de vivienda protegida y de alquiler social. “No es ningún invento nuestro, sino que está en marcha en otras ciudades europeas”, ha insistido.
La intención del Ministerio de Transportes, según las fuentes citadas, es que las indemnizaciones u otro tipo de compensaciones a los promotores sirvan para evitar ahuyentar a los inversores, una de las principales polémicas que ha seguido a la aplicación de la norma en Barcelona. Todos los agentes del sector han venido denunciando que desde 2018 se ha paralizado la solicitud de nuevas licencias para grandes obras –la reserva afecta a las de más de 600 m2–, aunque el Ayuntamiento defiende que la caída se debe principalmente a que hubo un período de moratoria antes de la aprobación de la medida en que la mayoría aprovechó para hacer los trámites y así esquivarla.