El Ayuntamiento de Barcelona decide este lunes si obliga a las promotoras inmobiliarias a destinar un 30% de la vivienda de nueva construcción a uso social. La medida, que se vota esta tarde en la comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad, no tiene por ahora todos los apoyos garantizados: solo Barcelona en Comú y la CUP la respaldan. Ciudadanos y PP ya han anunciado que votarán en contra, mientras que PDeCAT, PSC y ERC ponen condiciones para no tumbarla.
El consistorio plantea introducir esta reserva de vivienda social en el Plan General Metropolitano (PGM). El texto establece que deberán cumplir esta condición todas las nuevas edificaciones de más de 600 metros cuadrados, todas las rehabilitaciones que conlleven intervenciones integrales y todos los cambios de usos en grandes inmuebles. Todos ellos deberán destinar a partir de ahora casi una de cada tres viviendas a uso social. Si no, se les denegará la licencia.
Lo que más preocupa a la oposición es que la aplicación del plan provoque una paralización de la construcción en la ciudad. Eso mismo reprochan a la alcaldesa Ada Colau desde el sector inmobiliario, capitaneado por la Asociación de Promotores de Catalunya (ACPE), que alerta que supondrá a la práctica una suspensión de trámite de licencias por parte de las constructoras.
Tanto algunos partidos de la oposición como la APCE advierten de otros dos inconvenientes: que se restringirá la cantidad de vivienda disponible en el mercado, con lo que se podría encarecer aun más el precio, y que su aprobación inmediata generará “inseguridad jurídica”. Con ello se refieren a que la modificación del PGM todavía debe pasar por el Plenario municipal y por la subcomisión de Urbanismo que integran el Ayuntamiento y la Generalitat. Estos trámites no se podrán llevar a cabo antes del tercer trimestre de 2018.
Desde el consistorio argumentan que este suele ser el trámite habitual para cambios de la normativa, y niegan que vaya a experimentarse un incremento del precio. También recuerdan que habrá excepciones para todas aquellas transacciones que se hayan realizado entre el 1 de junio de 2016 y este martes. Quienes hayan adquirido suelo antes y después de este período sí estarán sometidas a la medida, puesto que el Ayuntamiento entiende que esas promociones no dejarán de ser rentables por la subida del precio del suelo en los últimos años.
Esta iniciativa se registró en febrero en forma de moción, con un texto elaborado por entidades como la PAH y el Sindicato de Inquilinos, para conseguir un mayor parque de vivienda asequible en Barcelona. Esa moción recibió el apoyo de todos los grupos excepto del PP, un nivel de apoyo que ahora las entidades recuerdan a los partidos que dudan. Para ponerles presión, han convocado esta tarde concentraciones en plaza Sant Jaume, frente al Ayuntamiento de Barcelona.
Con únicos votos asegurados de BComú y la CUP, la medida sólo saldría adelante si PDeCAT, ERC y PSC se abstienen. Todos ellos piden sin embargo un período de adaptación a la nueva normativa. A la práctica, exigen a Colau que retire del orden del día el punto concreto que establece la suspensión de licencias, para dar más margen al sector a la hora de tramitarlas.
Forzando a los operadores privados a reservar parte de sus viviendas para alquiler social, Colau calcula que Barcelona ganaría entre 300 y 400 pisos sociales al año. Se trata de una fórmula añadida a la compra y construcción de pisos por parte del consistorio, dos vías que le permitirán acabar el mandato con 1.500 nuevas unidades en el parque público de vivienda. El objetivo del consistorio es llegar además a 13.000 pisos sociales en 2022, el doble de los que había en 2015.
Otro de los beneficios que defiende el Ayuntamiento es que los pisos de protección oficial estarán más repartidos por la ciudad y no concentrados en los mismos barrios. Esto plantearía la duda de si viviendas de lujo también deberían entrar en este porcentaje. Según fuentes del consistorio, en casos en los que los pisos queden fuera de la tipología de un piso de protección oficial, el promotor deberá negociar con el consistorio destinar el equivalente en inmuebles del mismo barrio.
De los promotores dependerá si gestionan ellos estos pisos de uso social o si los venden al consistorio, que tendrá derecho de tanteo y retracto.