Durante siete años ha existido en Barcelona una trama organizada de gestión de decenas de pisos turísticos ilegales que compraba fincas enteras, realizaba obras sin permisos, acosaba a vecinos y contaba incluso con una oficina sin licencia en una de las fincas. Así se desprende del expediente sancionador que ha incoado el Ayuntamiento de Barcelona y que asciende a hasta 600.000 euros, la mayor sanción impuesta a este tipo de alojamientos.
La multa, adelantada por La Vanguardia y confirmada por este diario, es el resultado del trabajo de los servicios de inspección del Ayuntamiento, que detectaron que esta organización viene operando desde 2016. Mediante un entramado de empresas (se han contado hasta 11 firmas), el multiinfractor gestiona 37 viviendas turísticos ilegales que, mediante obras sin licencia, ha convertido en hasta 71 apartamentos. Desde el consistorio han dado traslado de sus pesquisas a la Agencia Estatal Tributaria, a la Guardia Urbana y a los Mossos d’Esquadra por si detectan posibles delitos tributarios o penales.
El entramado, que en los últimos años ha pasado de comprar pisos a fincas enteras, tiene en propiedad hasta cuatro edificios en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, en el centro de Barcelona. De su última adquisición, en el número 19 de la calle Giralt el Pellicer, fue de donde procedieron las denuncias de los vecinos que han dado la puntilla al caso. En ese inmueble, donde viven 14 inquilinos antiguos, los servicios de inspección del Ayuntamiento han detectado “hechos que podrían encajar con un delito de acoso inmobiliario”, una causa que, según puntualizan fuentes municipales, se está cursando ya en los juzgados penales correspondientes.
Para operar los apartamentos ilegales y esquivar las inspecciones, además del entramado de empresas el responsable de la trama usa falsos inquilinos. Los pisos se arriendan a una persona -en muchos casos la misma- que en realidad no vive en ellos. “Las inspecciones nunca se han encontrado al inquilino sino siempre a turistas, y las notificaciones a los inquilinos suelen ser siempre infructuosas porque es imposible localizarlos”, precisan desde el consistorio.
Por otro lado, y también para esquivar sanciones, el consistorio ha constatado que la trama anuncia sus pisos turísticos sin licencia en plataformas como Airbnb y Booking, pero lo hacen con distintas cuentas y a menudo retiran y publican de nuevo los anuncios para entorpecer las inspecciones. Cabe recordar que en la capital catalana el Ayuntamiento persigue desde hace varios años las viviendas de uso turístico sin licencia que aparecen en estas webs.
Entre las infracciones detectadas, el consistorio señala también las contínuas obras sin licencia, hasta el punto de que en algún caso instalaron ascensores sin los debidos permisos. Asimismo, han detectado la apertura de unas oficinas en los bajos del número 14 de la calle Calders que “tampoco dispone de la licencia de actividad correspondiente”.
En conjunto, el expediente sancionador del consistorio hace referencia a 73 órdenes de cese de actividad en curso contra los distintos pisos turísticos ilegales. El importe de hasta 600.000 euros es el máximo que permite la Ley catalana de Turismo por una infracción muy grave. Ahora el multiinfractor puede presentar alegaciones.