El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado la tramitación de una nueva tasa a grandes comercios online que realizan entrega en el domicilio. Más conocido como 'tasa Amazon', este gravamen no solo se aplicará a esta empresa, sino que afectará a cualquier operador postal que facture más de un millón de euros en entregas a domicilio en Barcelona.
Esta tasa grava el uso del espacio público que ocupan los vehículos al realizar la entrega y regula una utilización de la ciudad que, hace años, no estaba planteada. Se equilibra así la ventaja comparativa del e-comerce respecto al comercio tradicional, que paga otros impuestos como el IBI por tener un local físico. “Queremos que el comercio local tenga igualdad de condiciones fiscales respecto a las grandes plataformas de comercio electrónico, que tienen una cuota de mercado muy elevada”, ha dicho Jaume Collboni, teniente de alcaldía de Economía y candidato del PSC en las elecciones municipales.
Se trata de una iniciativa impulsada gracias a un acuerdo con el grupo de ERC y se espera que se apruebe en el Pleno del día 28 de febrero de 2023. De cumplirse este calendario, Barcelona sería la primera ciudad en España en aplicar esta tasa, que fue recomendada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Además, tal como recuerdan desde el consistorio, la Ley de Comercio de Catalunya también insta a los municipios a gravar la entrega postal a domicilio.
“Creemos en el comercio de proximidad como eje vertebrador de la ciudad y las grandes empresas online requieren de una regulación”, ha dicho Jordi Castellana, concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona. La tasa, según los republicanos, debe perseguir también un cambio de hábitos de consumo y “vaciar esta ciudad de furgonetas”. “Barcelona es de todos”, ha añadido Collboni.
De esta manera, las empresas de comercio online que entregan a domicilio se equiparan a las de bicicletas o motos compartidas, que también pagan una tasa de ocupación del espacio público. Con esta iniciativa, se quiere incitar a un consumo más sostenible, ya que no se aplicará cuando los paquetes se dejen en un punto de recogida. “Que un paquete de 300 gramos lo transporte hasta tu casa un vehículo que pesa más de una tonelada es algo que este planeta no se puede permitir. Es una actividad no sostenible, y por eso la gravamos”, ha apuntado Jordi Martí, concejal de Presupuestos de los comuns.
Hasta 2,6 millones de euros anuales para el erario
Para calcular la tasa, se ha encargado un informe a la Universitat de Barcelona, que ha cuantificado el precio que tiene el espacio público de Barcelona. Este se ha valorado en 2,6 millones de euros. Además, se ha repartido el peso de la tasa entre las empresas en función de su grueso de negocio en la ciudad y cada una de ellas deberá pagar el 1,25% de sus ingresos brutos. Eso sí, el importe total no podrá superar esos 2,6 millones.
El Ayuntamiento asegura que uno de los asuntos que tenía claro a la hora de diseñar la tasa es que ésta no debía recaer sobre los repartidores autónomos, pequeñas empresas de reparto, ni sobre la ciudadanía, sino sobre los operadores postales que trabajen “con una cierta intensidad”. En Barcelona hay 26 operadores postales con una facturación superior al millón anual. Entre todas ellas obtienen 200 millones de euros anuales, el 62% de los cuales corresponden a los cinco primeros, liderados por Amazon.
Sobre el riesgo de que la tasa acabe aumentando el precio del servicio que paguen los ciudadanos, el Ayuntamiento ha apuntado que, de darse, será un incremento que no será demasiado destacable. En todo caso, sí se ha apuntado que “recibir la compra en casa sea más caro que salir a comprar al barrio no debería ser extraño ni negativo”, tal como ha apuntado Martí. En todo caso, un aumento del precio supondría también “un aumento de la facturación y, por tanto, un aumento del gravamen”, ha asegurado Montserrat Ballarín, concejala de Hacienda del Ayuntamiento.
Según datos del Ayuntamiento hay una ocupación diaria de las DUM (Distribución Urbana de Mercancías, es decir, las zonas de carga y descarga) de un 47,6% durante 4.830 horas al año. Este uso del espacio público, que se ha intensificado a raíz de la pandemia, supone un coste para el Ayuntamiento en concepto, por ejemplo, de mantenimiento. Los cálculos que hay detrás del diseño de esta tasa se han querido hacer “con prudencia” y garantías jurídicas para poder superar cualquier impugnación que puedan realizar las empresas.
Estas garantías son los motivos que ha dado el consistorio para explicar la tardanza en la aprobación de esta tasa, que lleva sobre la mesa desde 2019 y que, finalmente, entrará en vigor tres meses antes de las elecciones municipales. Este pacto a tres, entre PSC, Comuns y ERC, a pesar de estar apartado de la negociación de los presupuestos, supone “un clima de entendimiento que facilita los acuerdos”, ha declarado Collboni.