La obligación de que las nuevas construcciones en Barcelona reserven un 30% de su vivienda a uso protegido cumplirá su primer año en vigor sin resultados favorables. Desde que se aprobó la norma en diciembre de 2018 y hasta hoy, solo se han tramitado siete licencias de obras mayores a las que se puede aplicar esta medida, según los datos a los que ha tenido acceso eldiario.es. La cifra queda muy lejos de las previsiones iniciales del Ayuntamiento, que con ello contaba sumar más de 300 pisos al año al parque de vivienda asequible de la ciudad.
En total son 83 las solicitudes registradas en las oficinas del consistorio que se ajustan al perfil –básicamente, tener más de 600 metros cuadrados–, pero la gran mayoría de ellas, 71 (el 85%), han quedado exentas. Contaban con un certificado de aprovechamiento previo a la entrada en vigor de la norma, un recurso recomendado por las asociaciones de promotores para sortear la medida. De las 12 restantes, siete están en trámite –pendientes de resolución– y cinco han sido rechazadas precisamente por no incluir en su planteamiento la reserva de un 30% de Vivienda de Protección Oficial (VPO).
Este primer año casi en blanco de la medida más ambiciosa del gobierno de Ada Colau en materia de vivienda en la ciudad supone un contraste con la actividad anterior a su aprobación. De hecho, las solicitudes de licencias de obras mayores y los certificados de aprovechamiento se dispararon en 2018 debido a la puesta en marcha de esta 'cuota social' a la que el sector se opuso desde el primer momento. Según cifras del consistorio, solo entre julio y diciembre de 2018 se registraron 1.000 licencias de obras mayores –aunque en este caso se cuentan tanto las que tienen más de 600m2 como las que no–. En 2017, fueron unas 500. De forma parecida, en ese semestre anterior a la aprobación se contabilizaron 1.000 certificados de aprovechamiento, por tan solo 700 en todo el ejercicio anterior.
De las siete licencias de obras mayores en trámite, el consistorio no ha precisado todavía cuántas viviendas incorporan. Tampoco si son de nueva construcción, grandes rehabilitaciones o cambios de uso de bloques enteros, los tres supuestos a los que se puede aplicar la reserva. Sobre su distribución por distritos, hay dos en el de Sant Andreu y uno en Gràcia, Nou Barris, Sants-Monjuïc y Eixample.
Un “alud” anterior para sortear la medida
Janet Sanz, concejal de Ecología, Urbanismo y Movilidad, reconoce el frenazo de solicitudes, pero lo considera una consecuencia del “alud” anterior a la aprobación de la norma, que además está recurrida en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por parte de las principales empresas constructoras. “Nos gustaría que el sector fuera corresponsable de este cambio de modelo y que la iniciativa avanzase más rápido; estamos en una transición hacia una medida que se debe cumplir”, sostiene, y augura que en 2020 se empezarán a cubrir expectativas.
La edil recuerda que durante la aprobación inicial del proyecto, en junio, quisieron aplicar una moratoria a todas las licencias para evitar que el sector aprovechase la ventana hasta la aprobación definitiva, en diciembre. ERC y PSC se opusieron a ello y Barcelona en Comú, que por entonces gobernaba sin los socialistas, acabó retirándolo a cambio del voto favorable de ambos a todo el plan.
Para Sanz, lo que está haciendo el sector de la construcción con este año de 'stand by' es aplazar la aceptación de lo que para ella es una realidad: que la reserva del 30% “ha venido para quedarse”. “En otros países el sector se hace corresponsable de hacer Vivienda de Protección Oficial, es un modelo que ya está impulsado pero que aquí genera muchas reticencias y resistencias”, ha lamentado la edil, que recuerda que en Barcelona casi la mitad de quienes viven de alquiler tiene que destinar más de un 40% de sus ingresos a pagar el piso.
Desde la Asociación de Promotores y Constructores de Catalunya (ACPE), que integra a los principales grupos inmobiliarios, argumentan que el desplome de solicitudes de licencias se debe a la “inseguridad jurídica” que la entidad atribuye a la norma. Marc Torrent, director general de la asociación –una de las que ha llevado la norma a los tribunales–, defiende que es esta la razón principal por la cual “no se están sacando operaciones al mercado”. La ACPE envió una circular en 2018 a sus miembros recomendando que pidieran el certificado de aprovechamiento.
¿A quién afecta la reserva del 30%?
La reserva del 30% entró en vigor el 5 de diciembre de 2018 después de un largo proceso que empezó a propuesta de las entidades en defensa del derecho a la vivienda, como la PAH y Sindicato de Inquilinos. Fueron los activistas los que señalaron que la ley catalana de urbanismo contemplaba esta opción. Como la medida debía sacarse adelante mediante una Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM), no solo tuvieron los comuns que convencer al pleno municipal, sino también al conseller de Territorio y Sostenibilidad.
La reserva debe aplicarse a todas aquellas nuevas promociones de más de 600 m2, a excepción de las que están en solares adquiridos por la propiedad entre el 1 de julio de 2016 y el momento de entrada en vigor de la norma. Se considera que la reserva del 30% en estas últimas podría hacerlas inviables económicamente.
De los pisos afectados por la reserva en cada promoción, la propiedad puede conservarlos para alquiler social o venderlos a precio de VPO, a lo que el consistorio tiene derecho de compra preferente.
El Ayuntamiento todavía cuenta con cumplir sus previsiones y ganar entre 300 y 400 pisos anuales con esta medida, tal como se propuso al anunciarla, pero no será en 2019. A su favor juega que las empresas no pueden renovar ni extender los certificados de aprovechamiento –cuya validez, de solo seis meses, ha caducado en la mayoría de casos–, pero persiste la incógnita de si la medida supondrá una paralización a la larga del sector, tal como proclaman las empresas.
Sindicato de Inquilinos: “El 30% viene para quedarse”
El Sindicato de Inquilinos, una de las entidades que puso por primera vez esta medida sobre la mesa del consistorio a principios de 2018, coincide con el diagnóstico de la Administración: la caída no les sorprende “para nada” por la “avalancha previa” y advierten que el 30% “ha venido para quedarse”. Así lo expresa a eldiario.es Jaime Palomera, portavoz de la entidad.
“Exigimos a la parte del sector económico más beligerante contra el 30% que deje de atacar una medida necesaria que contribuye a aumentar la vivienda asequible y a contener precios”, recalca. Para este activista, no tiene sentido que las empresas “boicoteen” una norma que “solo provoca que ganen menos”.