Los transportes públicos de Barcelona y alrededores están amenazados en la actualidad por cuatro anuncios de huelga que coinciden en las fechas en que se celebra el Mobile World Congress, un evento que se calcula que puede tener un impacto económico de casi 400 millones en Barcelona.
Si no hay acuerdos que lo eviten entre los días 22 y 24 de febrero habrá huelgas en Metro, convocadas por todos los sindicatos, y en Autobuses de Barcelona, convocadas por las organizaciones en minoría en el comité de empresa, pero con una indiscutible incidencia entre los conductores. Un tercer frente se ha abierto en Ferrocarriles de la Generalitat, que también ha presentado preaviso de huelga para los días 22 a 25 de febrero. Y por si la situación no fuera suficientemente envuelta, los trabajadores de Adif en la provincia de Barcelona, que son los encargados de gestionar las estaciones de Renfe y de Cercanías, también han anunciado huelgas parciales en un largo calendario que comenzaría también el 22 de febrero y terminaría el 18 de marzo.
A once días del inicio del encuentro que debe reunir en Barcelona los máximos representantes de la industria de la telefonía móvil, el conjunto de huelgas podría coincidir en una especie de tormenta perfecta que afectara no sólo a aquellos que quieren disfrutar del encuentro comercial sino al conjunto de la ciudadanía.
Complejidad
La solución de los conflictos es compleja. Una razón evidente es la diversidad de los interlocutores, especialmente en la parte empresarial. Indirectamente en el banco de la patronal se sienta el Ayuntamiento de Barcelona. El equipo que encabeza la alcaldesa Ada Colau debe situarse esta vez como patronal. Los primeros encuentros acaecidos hasta ahora especialmente por el convenio del Metro muestran un talante poco dialogante en la parte empresarial. La misma alcaldesa declaró que no negociaría con la espada de Damocles de un anuncio de huelga, tal vez olvidando cuando ella misma al frente de la PAH negociaba con bancos y cajas gracias a la presión que significa tener ocupadas sucursales bancarias.
La anunciada huelga de Autobuses ha seguido un camino diferente. Después de meses de negociaciones en las que no se habían conseguido mejoras, finalmente la dirección de TMB ha alcanzado un principio de acuerdo con los sindicatos que representan la mayoría del comité de empresa a Autobuses: UGT, CCOO y SIT. Pero este acuerdo se ratificó en asamblea, y en un anterior pacto alcanzado, la plantilla desautorizó los negociadores y echó atrás el acuerdo. Hay que tener en cuenta que casi la otra mitad de la representación sindical mantiene la convocatoria de huelgas parciales los días 15 y 19 de febrero, y los dirigentes no se esconden de insinuar que si no se logra un acuerdo significativo, se pueden convocar huelgas entre el 22 y 24 de febrero. A la postre, los anuncios de huelga tienen que ver con una cierta reacción sindical que, amparándose en la muy anunciada recuperación, quiere compensar en parte los recortes sufridos durante la crisis.
Hasta ahora la Generalitat había quedado al margen de los conflictos. Pero, Ferrocarriles de la Generalitat, que asume buena parte del transporte público en amplias zonas de Barcelona y poblaciones de los alrededores, también tiene una cita para los días en que el MWC será en Barcelona el escaparate más importante de la tecnología móvil. La huelga, si no se evita, se realizará entre el 22 y el 25 de febrero. La Generalitat tampoco ha brillado históricamente por su flexibilidad a la hora de negociar convenios. De hecho, los trabajadores de FGC se quejan de que desde 2010 han perdido un 30% de su poder adquisitivo. Políticamente una huelga en Ferrocarriles rompería la imagen que el gobierno catalán proyecta de esta empresa como alternativa al que denuncian mal funcionamiento de cercanías en manos de Renfe. Este último ámbito depende todavía de las inversiones estatales.
Reacciones políticas
Y como guinda del pastel, trabajadores de Adif, que cuidan de las estaciones de Renfe en la provincia de Barcelona también han anunciado huelga, esta vez motivada por la escasez de personal y la falta de inversión de la empresa pública.
En todos los casos se trata de colectivos laborales que tienen un índice importante de sindicación. En casos como Metro o autobuses hay precedentes de largos conflictos. Los trabajadores tienen clara su potencia al saber que pueden parar buena parte de la circulación de la capital catalana.
Si se mira políticamente, los conflictos de Metro y Autobuses pueden desangrar el consenso ciudadano conseguido hasta ahora por el equipo de Colau. Incluso puede ocurrir que votantes de los partidos que han apoyado a la alcaldesa estén en ambos bandos del conflicto. Esto sólo favorecería la derecha que quizá a estas alturas se frota las manos. Ahora bien, el conflicto de FGC puede enfrentar también el mundo sindical y la Generalitat, a pesar del esfuerzo realizado por el ejecutivo de Puigdemont, con una dirigente de UGT como nueva consellera de Trabajo para tener una buena relación con las organizaciones de trabajadores.
Si finalmente se produce el choque entre sindicalistas, administraciones y empresas, la Generalitat tendrá la última palabra en forma de servicios mínimos, que dada la situación de práctica huelga general en los transportes pueden suponer unos niveles tan elevados que saquen a los paros toda eficacia. Y sobre esto los sindicatos también meditan qué hacer.