Nuevo obstáculo en la lucha del Ayuntamiento de Barcelona para el cierre del CIE de la Zona Franca. La juez del juzgado contencioso administrativo número 2 de Barcelona ha decidido denegar la orden judicial para entrar en el CIE y llevar a cabo una inspección que reclamaba el Ayuntamiento. El consistorio ordenó el cese de actividad del centro, pero sólo puede proceder a clausurarlo en caso de que compruebe que se está llevando a cabo actividad de internamiento. Después de dos visitas impedidas por la Policía Nacional, el Ayuntamiento recurrió a los juzgados, pero sin éxito.
La magistrada alega varios defectos en la solicitud del Ayuntamiento, pero además asegura que “existen serias dudas sobre la competencia del Ayuntamiento para ordenar el cierre del CIE por no disponer de licencia de actividad como establecimiento asimilado a los de hostelería, licencia que, aparte de otras consideraciones, no se ha exigido por el Consistorio en los diez años de funcionamiento del centro”.
A juicio de la juez, la orden de entrada se puede solicitar para ejecutar un acto administrativo, no para comprobar si se ha ejecutado, que es lo que reclama el Ayuntamiento. La resolución judicial añade que “es un hecho público y notorio –la prensa se ha hecho eco de ello– que, tras haber realizado unas obras de reforma de parte de sus instalaciones, el CIE de la Zona Franca está nuevamente en funcionamiento y ya ha empezado a recibir a los primeros internos, de ahí que para comprobar esa circunstancia no se requiere la autorización solicitada”.
Vías alternativas para el precinto
No obstante, el consistorio no tiene suficiente con las informaciones de prensa para ordenar el precinto del CIE, y aseguran que tampoco han tenido contacto directo con el centro. El teniente de alcaldía de derechos de ciudadanía, Jaume Asens, explicaba hace unos días que, en caso de no tener orden de entrada para realizar inspección, pueden optar por buscar otras pruebas, como por ejemplo las órdenes de internamiento dictadas por los internos que hay actualmente en el centro. El consistorio ha comunicado a los juzgados decanos de Barcelona y Catalunya que el CIE no dispone de licencia y no se puede garantizar la seguridad de trabajadores e internos. Sin embargo, se ha dictado al menos un orden de internamiento desde su reapertura.