El Ayuntamiento de Barcelona incrementará las sanciones a las personas que compren productos a vendedores ambulantes irregulares. “Hay que ir contra la demanda y contra el incremento de producto disponible”, ha asegurado el comisionado de seguridad Amadeu Recasens. El responsable de la Guardia Urbana ha evitado hablar de un “incremento de la presión policial” sobre los manteros, como denuncian los colectivos que los apoyan, y ha declarado que hay una “aplicación rigurosa del protocolo, y por tanto si se intensifica la venta ambulante, se intensificará la persecución”.
Este miércoles el concejal de ERC Jordi Coronas ha presentado las conclusiones de la Mesa de Ciudad para el abordaje de la venta ambulante irregular, que preside el republicano, y las medidas acordadas con el gobierno de Barcelona en Comú para hacer frente a la problemática. Coronas ha remarcado que organizaciones comerciales y el PP se han negado a participar en las dos reuniones, en las que se contaba con la presencia de representantes de los vendedores, pero que se ha reunido para recoger sus posturas.
El colectivo de apoyo a los manteros Tras la Manta ha expresado su sorpresa por esta comparecencia tras dos reuniones y sin que se haya comunicado ni a ellos ni al sindicato popular de vendedores ambulantes. “Los colectivos y el sindicato popular hicimos una serie de propuestas totalmente asumibles, pero esto no consta en ningún sitio”, critica Aurea Martín. Desde el centro de derechos humanos Irídia lamentaron que el consistorio apueste por medidas penales para dar respuesta a la problemática.
Dos ejes de trabajo
Las conclusiones de Coronas apuntan a dos ejes principales de trabajo. Por un lado, hacer frente a “una red de entrada de productos ilegales y también una red de de distribución de los mismos”. Por otra, remarca la necesidad de ofrecer soluciones sociales a los manteros, “priorizando la vía de la regularización o arraigo a partir de planes de empleo”.
El concejal de ERC ha planteado que se podrían abrir entre 80 y 90 planes de empleo pensados para el 70% de vendedores que se encuentran en situación irregular. “Se trataría de planes de empleo de 12 meses, que permitirían la regularización de su situación”, ha apuntado Coronas. También están trabajando en un proyecto de cooperativa que deben debatir con los vendedores.
“El Ayuntamiento tiene que hacer frente a múltiples obstáculos que nos pone la ley de extranjería”, ha apuntado la segunda teniente de alcaldía Laia Ortiz. La concejala asegura que “hay que perseguir claramente los productos ilegales, y trasladarle a los colectivos que no existe un derecho a vender productos ilegales, y lo único que hace es poner más difícil el itinerario de inclusión y regularización de estas personas”.
Coronas ha destacado una medida propuesta por la CUP y que el gobierno de la ciudad está dispuesto a asumir: “la creación de una tarjeta de ciudad para las personas que se encuentren en situación irregular, para que no sea necesario que vayan con el certificado de empadronamiento en el bolsillo y puedan acceder a todos los servicios a los que tienen derecho las personas empadronadas, e incluso irlos ampliando”, ha explicado el republicano.
Penalización de la venta irregular
Andrés García Berrio, del centro de derechos humanos Iridia, cuestiona que “nadie está planteando que el motivo de que ahora haya más conflicto es que la reforma del código penal del PP penalizó la venta ambulante en 2015 y hace mucho más difícil el margen de maniobra de todos los actores”. Recuerda que la despenalización del 'top manta' se consiguió en 2010 a partir de la lucha de una plataforma social amplia, que remarcaba que los antecedentes impedían a los vendedores regularizar su situación. “Estamos muy preocupados porque se siguen imputando a manteros por vender en la calle y acaban yendo a prisión como antes de que se ganara esta lucha”, apunta el abogado.
El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes y Tras la Manta vienen denunciando desde hace semanas una intensificación de la presión policial. Las personas que apoyan a los manteros se han organizado para darles apoyo algunos fines de semana en un “mercadillo rebelde” en la Rambla que preocupa al Ayuntamiento. En la última ocasión hubo un amplio despliegue de Guardia Urbana, aunque vendedores y activistas consiguieron ganar el espacio. Este miércoles, tras la presentación de las conclusiones, Tras la Manta ha publicado un vídeo con declaraciones de la alcaldesa defendiendo la desobediencia e intervenciones de vendedores que aseguran que “nunca alimentar nuestra familia puede ser delito”.
Por otra parte, los vendedores denuncian la incautación de los artículos que venden insistiendo con una idea: “No somos mafia”. La semana antes del Mobile World Congress, Tras la Manta denunciaba que la policía había trasladado el conflicto al barrio del Besòs, donde viven muchos vendedores. En un operativo registraron un piso que según Tras la Manta era la vivienda de varios vendedores, pero la policía consideraba “punto de distribución de productos falsificados”.
Los colectivos de apoyo piden que la lucha contra la distribución de productos falsificados se centre en instancias superiores, como el puerto, y no en el último eslabón de la cadena, que son los vendedores. En cambio Recasens no lo ve así: “cuando entramos en pisos son pisos que son almacenes y esto lo seguiremos haciendo”, asegura.
“Tenemos un problema muy grave cuando este Ayuntamiento adopta un fenómeno como el populismo punitivo, que tiene que ver con cómo los medios y ciertos lobbies de la ciudad presionan para aumentar la persecución hacia un colectivo concreto, es un paso atrás muy importante”, concluye García Berrio.