La cifra de expedientes sancionadores contra pisos turísticos ilegales en la ciudad no para de crecer: Barcelona abrió expediente a 482 pisos turísticos ilegales en 2015. Sólo en lo que va de año ya se han realizado 866. Además, el plan de choque del Ayuntamiento de Barcelona contra los pisos turísticos ilegales, que lleva un mes en vigor, ha verificado 256 pisos ilegales a través de los inspectores y los visualizadores –nuevo personal que se dedica a detectar pisos turísticos ilegales– del consistorio. Estos 256 pisos localizados recibirán una orden de cese y una sanción de 30.000 euros próximamente.
El plan de choque del Ayuntamiento de Barcelona creó el mes pasado un equipo de 20 visualizadores y un refuerzo de la tarea de detección con ocho inspectores más (20 en total). El Ayuntamiento ha alabado sobre todo la figura de los visualizadores, considerando que “agiliza” la lucha contra los pisos turísticos ilegales: en el mes de julio los visualizadores han emitido hasta 10 veces más órdenes de cese (234) que las que habían tramitado los inspectores el resto del año.
La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, ha recordado en comparecencia que entre que se produce la denuncia y el cierre del piso pueden pasar “entre seis meses y 12 meses”, y ha remarcado que el cese de actividad ilegal es “obligatorio” desde que se recibe la orden. “Si no se cesa la actividad, se producen las sanciones. Si éstas se perpetúan, el propietario se arriesga a no poder hacer ningún otro tipo de actividad en el ámbito turístico”, ha explicado Sanz.
Además, la concejala de Ciutat Vella, uno de los distritos con más pisos turísticos ilegales –la Barceloneta es un ejemplo– ha calificado de “necesarios” más recursos en la lucha contra esta actividad. Gala Pin también ha recordado que este no es sólo un plan de choque de verano, sino que se extenderá al resto del año. El Ayuntamiento invertirá 1,35 millones de euros este 2016 por el plan de choque contra los pisos turísticos ilegales.
Desde el consistorio se ha insistido en la importancia de que el vecindario también contribuya en la tarea de detección de estos pisos, y se han felicitado por las 375 denuncias que se han efectuado por parte de los ciudadanos desde el nuevo web específico que Ayuntamiento puso en marcha para detectar y denunciar un piso turístico ilegal.
El gobierno de Colau también hará un envío escalonado de 800.000 cartas para concienciar al vecindario sobre la actividad de los pisos turísticos ilegales. Y es que la gestión del turismo sigue siendo uno de los dolores de cabeza del Ayuntamiento. Las cifras alertan de que, lejos del temor inicial del sector hotelero tras la moratoria hotelera de Colau, la afluencia turística en Barcelona no ha caído. Al contrario. Según el Gremio de Hoteles de Barcelona, la previsión de ocupación para esta temporada estival (junio, julio y agosto) es de momento de un 88%, misma cifra que el año pasado. Además, las plataformas que ofrecen pisos turísticos –no siempre con licencia– también presentan altas cifras de empleo: Airbnb cuenta con un 89% más de huéspedes que el año pasado a estas alturas.
Nadie se acoge a la condonación de multas
El anuncio hace un año de la puesta en marcha de un plan piloto para reconvertir en viviendas sociales los pisos turísticos ilegales del distrito de Ciutat Vella no ha tenido la acogida esperada. Así lo ha hecho constar la concejala del distrito, Gala Pin: “Se ha interesado poca gente, de hecho no se ha acogido nadie”.
El Ayuntamiento planteaba reducir las sanciones –en promedio son de 15.000 euros– en un 80% por los propietarios que cedieran durante tres años la vivienda en la Mesa de Emergencia Social del Consorcio de la Vivienda de Barcelona.
Ante el fracaso de la medida, Pin ha dicho que habrá un “cambio de procedimiento” para dejar de multar con 15.000 euros y pasar a hacerlo con 30.000, para que pueda ser más factible que los propietarios sancionados se interesen en acogerse a este tipo de propuesta. “A la gente no le sale a cuenta acogerse a una sanción tan baja”, ha agregado Pin. La concejala también ha rechazado el argumento de Airbnb cuando dice que “la gente alquila los pisos para llegar fin de mes”. Lo ha calificado de falso: “A la gente no le sale a cuenta condonar porque hay un negocio detrás”.
Sanciones de 30.000 euros para Airbnb y HomeAway
Según ha informado el Ayuntamiento, se han resuelto las multas a plataformas web como Airbnb y HomeAway, que de momento han sido 60.000 entre las dos, 30.000 euros por plataforma. El importe puede crecer, eso sí, si sigue la reincidencia. Hasta 600.000 euros les pueden caer a las dos webs acusadas de anunciar pisos turísticos sin licencia.
“Lo importante para nosotros es que colaboren, que nos ayuden a trabajar contra esta actividad ilegal”, ha destacado Janet Sanz, que ha recordado que las multas interpuestas hasta ahora ya no se pueden recurrir y que espera que el trámite se pueda agilizar más en futuras sanciones.