Barcelona mantendrá los clubes cannábicos. 120 locales se salvan de cerrar sus puertas después de que el gobierno municipal (Barcelona en Comú y el PSC), ERC y la CUP hayan dado el 'sí' al nuevo Plan Especial Urbanístico para la Ordenación Territorial de Clubes y Asociaciones de Consumidores de cannabis. “La aprobación de esta propuesta permite no criminalizar a los clubes y asegurar la convivencia con el resto de personas”, ha destacado la concejala y teniente de alcalde de Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, en el Pleno del Consejo Municipal de este viernes.
La aprobación hace que los clubes cannábicos de la ciudad respiren tranquilos, ya que, en un primer momento, el Especial urbanístico que debía condicionar su actividad —aprobado en Comisión de Gobierno en 2015, en el anterior mandato— contemplaba el cierre de 120 clubes, dejando sólo 11 en funcionamiento. Con la entrada de BComú en el Ayuntamiento se inició un proceso participativo con federaciones y asociaciones cannábicas que, según asegura Janet Sanz, se ha hecho extensible a otros agentes, como expertos o servicios sociales. El resultado ha sido una flexibilización de la normativa para incluir las necesidades de los clubes.
El documento que regulará los espacios del cannabis en Barcelona contemplará una serie de requisitos en relación a la distancia, la superficie, y la ubicación de las asociaciones. Habrá una distancia mínima de 100 metros entre clubes y otros equipamientos municipales, además de centros docentes obligatorios. En Ciutat Vella, Gràcia y núcleos antiguos se amplía a 150 metros.
Se limitará, además, a 200 metros cuadrados la superficie de los clubes: todos los locales deberán tener acceso por la vía pública y una chimenea para dar salida al humo. Todos los locales que quieran abrir en la ciudad deberán homologarse a la normativa y los que ya están en funcionamiento tienen 18 meses para hacer cambios en los locales.
Janet Sanz ha explicado que el Plan quiere ser “una herramienta más” al servicio de la salud pública. De hecho, el consistorio ya ha empezado a trabajar en una ordenanza que “priorice los criterios de salud pública”, más allá del Plan Especial Urbanístico aprobado este viernes.
Este ha sido el punto más criticado por los grupos del 'no' (PP y CiU) y por Ciudadanos (abstención), que han considerado insuficiente un Plan Urbanístico Territorial. “Hay que buscar un equilibrio entre el anterior y este Plan”, ha destacado Koldo Blanco, de Ciudadanos. El área de Ecologia, Urbanisme i Mobilitat está trabajando de manera coordinada con el Comissionat de Salut de l’Ajuntament de Barcelona y la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), en base a los principios que fija el Pla d'Acció sobre Drogues 2013-2016.
El concejal del PP, Xavier Mulleras, ha añadido que con este Plan se hace una “llamada” a la proliferación de este tipo de espacios y que a Barcelona ya se la conoce, como a Amsterdam, como una ciudad “cannabis friendly” europea. Por su parte, Janet Sanz ha matizado que el Plan “no promueve el consumo del cannabis” y ha remarcado que la regulación permitirá prevenir problemas asociados con los clubes. El Ayuntamiento ha destacado que el Plan garantiza “el derecho a la asociación, el derecho a la salud pública, la convivencia y la protección del medio ambiente”.
Un “primer paso” para La Rambla
En el Pleno de este viernes también se ha aprobado el Plan Especial de Reordenación de La Rambla. Todos los grupos se han sumado a la medida, a excepción del PP y la CUP. “Los barceloneses han abandonado La Rambla, hay que recuperar la esencia del paseo, además de promover más diálogo entre sus fachadas”, ha insistido la concejala del distrito, Gala Pin, que también ha destacado que este será un “primer paso” para La Rambla, pero que serán necesarias más medidas.
El Plan de Reordenación contempla la intervención en distancias, quioscos y terrazas. En cuanto a los quioscos, Gala Pin ha hecho un llamamiento a la tranquilidad, recordando que la normativa habla de reducir los quioscos cuando venzan las concesiones en 2030.
Gala Pin ha defendido el trabajo iniciado por el mandato anterior ante el ataque de CiU, que ha acusado a BComú de “tener un año en el cajón” el Plan que el mandato convergente inició en 2015. Especialmente beligerante ha sido la CUP con el Plan. La concejala María José Lecha dijo que “el Plan ordena, pacífica y reduce el tráfico” pero no garantiza la movilidad, sólo “descongestiona las ramblas pero no añade soluciones a los barrios de alrededor”. Lecha ha concluido que “no hay ninguna medida que sea compatible con las quejas de los vecinos” y que ahora La Rambla será “mucho más bonita pero sólo para el disfrute de los turistas”.