La victoria de Ada Colau en Barcelona en las municipales del pasado mayo fue el epicentro de un terremoto municipalista que se extendió por la mayoría de grandes ciudades españolas. Los ayuntamientos de ciudades como Madrid, Valencia, Zaragoza, A Coruña o Pamplona mutaron, pero en ninguno de ellos la victoria de una fuerza del cambio fue tan contundente como la de la capital catalana, donde Colau no solo quedó primera, algo que también consiguió En Marea en A Coruña, sino que además obtuvo un concejal más que los segundos.
Desde la victoria del 24 de mayo, Barcelona en Comú ha ejercido un importante liderazgo sobre las políticas municipales que se han llevado a cabo en las llamadas “ciudades del cambio”, concepto muy ligado a las confluencias en las que participa Podemos pero no exclusivo de ellas. El frente abierto por la capital catalana para reclamar la acogida de refugiados en contra del criterio del Gobierno de Rajoy fue buena muestra de ello. A la Red de Ciudades Refugio impulsada por Colau pronto se acogieron ayuntamientos como el de Manuela Carmena, en Madrid, el de Dolors Sabater en Badalona, el de Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza, o el del coruñés Xulio Ferreiro. Pero también Joseba Asiron, nuevo alcalde abertzale de Pamplona, o el de Sabadell, Juli Fernàndez, de ERC, se sumaron a la iniciativa por la acogida de personas refugiadas a las que el gobierno español se negaba a acoger.
La presión conjunta al Gobierno para que permitiera la llegada de refugiados engrasó una alianza intermunicipal que después se ha repetido contra la Ley Mordaza o, a nivel catalán, para hacer frente a la suspensión de la ley 24/2015 de medidas urgentes contra la emergencia habitacional y la pobreza energética. Es precisamente este campo, el de la vivienda, el que ha sobresalido como bandera principal de las políticas publicas de Barcelona en Comú. Durante los últimos 12 meses el ayuntamiento ha logrado la incorporación de algo más de 450 pisos al parque público municipal, mediante la compra a precios inferiores a los de mercado o la cesión directa de los bancos. Zaragoza es una de las ciudades que avanza por la misma senda, habiéndose marcado el objetivo de doblar el parque de viviendas para desahuciados, que ahora está en 2.500.
La vivienda como prioridad
Además de la captación de viviendas para el parque público, en Barcelona se ha procedido a la regulación de los ocupantes de vivienda y se han impuesto sanciones de 5.000 euros a 12 bancos por mantener pisos vacíos. La regulación de ocupantes informales fue parcialmente emulada por Madrid, cuando la administración de Carmena cambió los estatutos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) para eliminar el veto de acceso a aquellas personas que hubieran ocupado. Las sanciones a bancos por tener pisos vacíos también se ha contagiado a otros municipios.
En Catalunya, ciudades como Badalona, Tarragona, Girona o Lleida han comenzado a sancionar este año, aunque habían aprobado las sanciones en 2014. Otras ciudades, como Santa Coloma o Terrassa –ambas gobernadas por el PSC–, llevan multando al menos desde hace dos años. La de Colau es la primera administración barcelonesa en poner en práctica la medida sancionadora, aunque el anterior equipo de gobierno sostiene que si ha sido posible es gracias a las inspecciones hechas durante el mandato de Trias.
Pero el plan de Barcelona en Comú en vivienda es más ambicioso que eso. El regidor Josep Maria Montaner proyecta abonar el actual parque municipal vivienda con la construcción de hasta 2.300 nuevos pisos, lo que supondría duplicar la cantidad heredada de anteriores mandatos. Este plan sin embargo ha sido acogido con frialdad por la PAH, que no considera la construcción la mejor vía para afrontar la emergencia habitacional. Sí valoran positivamente el trabajo de mediación de trabajadores municipales para parar desahucios. También han expresado críticas a la política de vivienda de Colau algunos ayuntamientos más pequeños, como el de Sadabell, que consideran que comprar viviendas a los bancos es una medida que solo puede llevar a cabo las administraciones con superávit como la de Barcelona.
Una herencia que ayuda a hacer política social
El hecho de que Colau recibiera una administración totalmente saneada económicamente ha sido un factor diferencial respecto al resto de ayuntamientos del cambio. Gracias a los más de 100 millones de superávit del presupuesto heredado de 2015, Bcomú pudo aumentar en 40 millones la partida a mejoras urbanísticas o en 30 las medidas sociales y de atención a la infancia. Nada que ver con la situación que Xulio Ferreiro encontró en A Coruña, donde el nuevo ayuntamiento tuvo que firmar un crédito a su llegada para no entrar en quiebra.
Esta herencia permitió a Barcelona, en un primer momento y sin necesidad de aprobar presupuestos, aumentar la cobertura de becas comedor o comenzar el proceso de remunicipalización de 3 guarderías, que volverán a la red pública con el comienzo del nuevo curso. En materia de infancia, la capital catalana también prevé abrir 10 nuevas guarderías durante el mandato, lo que permitirá ampliar en 900 las actuales plazas públicas. Un aumento similar se ha anunciado en Madrid para el próximo curso, donde además el ayuntamiento se ha propuesto crear su propia red de escuelas infantiles, descolgándose de las de la Comunidad.
A principios de este mes el equipo de gobierno aprobó finalmente sus primeras cuentas, una ampliación presupuestaria respecto a las anteriores de Trias que permitirá disponer de 275 millones de euros más. Los grupos de izquierda validaron unos presupuestos que contemplaban destinar cerca de 70 millones más que en 2015 a políticas de vivienda y servicios sociales, además de un aumento de la inversión en los distritos más castigados como Sant Andreu o Nou Barris, a cambio de contemplar diversas prioridades de los grupos. Por parte de ERC, la principal petición fue asegurar la inversión en metro para que la línea 10 llegase a la Zona Franca. La CUP, en cambio, reclamó que BComú cumpliese el compromiso de su programa según el cual debían disolver el cuerpo de antidisturbios de la Guardia Urbana.
Las políticas de seguridad se han convertido en uno de los principales huesos de BComú. Mientras que tanto Badalona como Sabadell, las otras dos grandes ciudades catalanas en las que se produjeron cambios de gobierno hace un año, han disuelto las unidades de antidisturbios a lo largo de estos meses, el equipo de Colau no ha avanzado en este línea hasta este lunes, cuando ha presentado el nuevo plan policial que se limita a trasladar las atribuciones de las llamadas USP (antidisturbios) a una nueva unidad, creada ad hoc.
Ejemplo a seguir, ¿también en política de alianzas?
La actuación de Barcelona en Comú en políticas públicas es seguida de cerca por el resto de ayuntamientos del cambio, que con frecuencia se han mirado en el espejo de la capital catalana como la punta de lanza del terremoto municipal que forman todos juntos. Y otro aspecto que les ha unido a la mayoría de ellas es la de la inestabilidad. Igual que Colau en Barcelona, la mayoría de nuevos alcaldes están en minoría y necesitan de pactos amplios para sacar adelante su acción de gobierno, tarea que algunas veces resulta ardua en unos plenos más fragmentados que nunca.
Para acabar con esta inestabilidad, Barcelona en Comú se decantó este mes por incorporar al PSC al gobierno municipal. Tras casi 365 días de andadura en solitario de los de Colau, Jaume Collboni y los otros tres regidores socialistas asumirán áreas ejecutivas desde la tercera teniencia de alcaldía. El paso dado por BComú podría ser el inicio de la entrada del PSOE en diferentes gobiernos municipales, sin ir más lejos, el de Madrid. Preguntada por esta cuestión en marzo pasado, la alcaldesa Carmena aseguró que “seguía con mucho interés” las negociaciones en Barcelona para la entrada de los socialistas. Una vez culminado el pacto barcelonés, la madrileña no pareció decidida a imitarlo. “Estamos bien así y así seguimos”, ha asegurado.
La situación es diferente en la capital aragonesa, donde PSOE y Zaragoza en Comú llevan meses tanteando un pacto que, al igual que en Barcelona, los morados necesitan como elemento de estabilidad. En A Coruña, el equipo de gobierno ha sacado adelante los nuevos presupuestos –ampliación, como en Barcelona– este mismo lunes con los votos del PSOE, no sin antes someterse a las enmiendas tanto de los socialistas como del PP. Igual que en materia de vivienda, de servicios sociales o de derechos humanos, en materia de alianzas también Colau en Barcelona parece marcar el camino de otras de ciudades del cambio.