Con la llegada del verano, el Ayuntamiento de Barcelona ha querido mandar un aviso de tolerancia cero a las plataformas digitales que mantienen anuncios en sus webs de pisos turísticos ilegales. El consistorio multará con hasta 600.000 euros, como prevé la Ley de Turismo de Catalunya, a las plataformas intermediadoras que ofrezcan pisos turísticos sin licencia de forma reincidente. El endurecimiento de las sanciones llega después que el consistorio haya constatado la poca eficiencia de las sanciones incoadas hasta ahora. Y es que el Ayuntamiento todavía no ha cobrado las multas de 60.000 euros que puso a Airbnb y HomeAway en diciembre de 2015.
El endurecimiento de las multas también afectará a los particulares, a quien se podrá sancionar con hasta 30.000 euros si mantienen uno o varios pisos sin licencia o también para los apartamentos que sí la tengan pero que ocasionen graves molestias a los vecinos.
El plan responde a un doble objetivo: de un lado, reafirmar la postura municipal para cerrar los pisos turísticos ilegales que el consistorio ya expresó en el plan de alojamientos (cuya aprobación definitiva se ha retrasado por el alud de alegaciones). Por otro lado, se ha constatado que con las sanciones actuales, que se incoan a partir de la Ley de Vivienda, a algunos propietarios les sale más a cuenta pagar la multa y seguir lucrándose con el alquiler turístico que cerrar un piso ilegal.
Y es que el negocio de los pisos para turistas se ha vuelto una actividad muy lucrativa para el propietario de pisos. No en vano los ingresos mensuales de un alquiler turístico pueden triplicar fácilmente los de un arrendamiento tradicional. Por otro lado, varias familias han encontrado en el alquiler de habitaciones a turistas como su único modo de poder capear la crisis.
Estas medidas forman parte de un plan de choque que ha elaborado el gobierno municipal para hacer frente a las viviendas turísticas ilegales y para combatir “con contundencia” esta situación, que ha sido presentado este martes en rueda de prensa por los concejales Janet Sanz, Gala Pin y Agustí Colom.
Según los datos municipales, nueve portales de internet no han dejado de anunciar viviendas turísticas sin licencia, a pesar de haberlo requerido así el ayuntamiento –Tripadvisor, Fotocasa, Rent4days, 9flats, Housetrip, Only-apartaments, Windu, Oh Barcelona y Niumb–, por lo que se les ha incoado un expediente sancionador de hasta 30.000 euros.
En el supuesto de que Airbnb y Homeaway y las demás plataformas reincidieran en continuar ofreciendo pisos ilegales, el consistorio podría aplicar la sanción máxima de 600.000 euros prevista por la Ley de Turismo de Catalunya. “No hay afán recaudador, sino que el objetivo es que las plataformas dejen de publicitar pisos turísticos ilegales”, ha asegurado la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin.
6.605 inspecciones; 38 pisos cerrados
En los últimos meses, el consistorio ha revisado administrativamente las licencias de viviendas turísticas existentes en Barcelona, aunque se ha demostrado que la maquinaria administrativa necesita más tiempo del que precisan los vecinos afectados por el turismo para cerrar los apartamentos que les provocan molestias.
Así, desde 2015 hasta ahora el Ayuntamiento ha practicado 6.005 inspecciones, ha dictado 604 órdenes de cese y hay 29 precintos en trámite. No obstante, sólo 38 viviendas turísticas han dejado de operar después de la actuación municipal.
Por otro lado, el consistorio ha creado un equipo de veinte personas que, desde este lunes lunes, se encargan de comprobar in situ si se está llevando a cabo una actividad ilegal en pisos turísticos concretos y de realizar encuestas a turistas y vecinos para obtener direcciones de viviendas sin licencia. No se descarta que se realicen inspecciones nocturnas en pisos turísticos sin licencia, y en caso de reincidencia, en Ciutat Vella, por ser la franja horaria en la que es más fácil encontrar a los turistas.
También se ha organizado un equipo especializado en búsquedas en internet para identificar pisos sin licencia que se anuncian a través de plataformas, formado por dos administrativos y un abogado, que, en dos semanas, han detectado una veintena de viviendas que se estarían operando ilegalmente.