El Ayuntamiento de Barcelona aprobará inicialmente en diez días uno de los proyectos que deben marcar el primer mandato de Ada Colau: el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT). Por ahora el consistorio ya ha mostrado sus líneas maestras, que se concretarán el próximo 10 de marzo: enviar los nuevos hoteles a la periferia de la ciudad y no permitir más pisos turísticos. Sin embargo, el PEUAT no servirá para rescatar las licencias de los hoteles que, por distintas razones, consiguieron sortear la moratoria y se construirán en los próximos años.
La moratoria decretada en julio tenía que afectar, en un principio, a todos los proyectos de alojamiento turístico que no tuvieran licencia, la hubieran o no solicitado. Pronto se empezó a ver que varios proyectos no estarían afectados por la suspensión de licencias, ya fuera porque el consistorio de Barcelona en Comú heredó proyectos que habían salido adelante por silencio administrativo durante el mandato de Xavier Trias o bien porque contaban con un documento bastante desconocido hasta el pasado verano: un certificado de aprovechamiento urbanístico.
El certificado permite solicitar una licencia en seis meses, licencia que a su vez resulta muy difícil de rechazar por cualquier ayuntamiento: fruto del volumen de inversión que supone abrir un hotel, los promotores se aseguran que la licencia se ajuste el 100% la ley. Este ha sido el caso del hotel que se construirá en la Torre Agbar. En total, quedaron fuera de la moratoria una cincuentena de proyectos, aunque sí se logró parar una treintena de hoteles.
Rescatar una licencia para trasladar de zona un hotel es caro. Si no se llega a un buen acuerdo para el promotor del hotel, las arcas públicas se exponen a una indemnización millonaria por lucro cesante. En Barcelona se podría dar el caso de un promotor que abra un hotel en la periferia gracias al rescate, a cuenta del contribuyente, de una licencia para un establecimiento en uno de los barrios del centro de la ciudad. Además, la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, ha mostrado en varias ocasiones las puertas abiertas de la ciudad hacia los inversores que deseen instalar allí establecimientos hoteleros.
La experiencia no juega a favor de la estrategia de rescatar licencias: el Plan de usos de Ciutat Vella que aprobó el gobierno en 2010 quiso dejar sin efecto las licencias de obras y actividades concedidas en el hotel de la calle de las Magdalenes, pero los tribunales acabaron condenando al Ayuntamiento a pagar una indemnización de 900.000 euros al promotor, además de permitirle la construcción del hotel.
Hoteles cuestionados por el vecindario
Dos de los proyectos hoteleros más cuestionados por el vecindario de la ciudad son el del Rec Comtal en el barrio de Sant Pere y el del hotel que se abrirá en la antigua sede de la Henkel del Camp d'en Grassot, un barrio entre la Sagrada Familia y Gràcia.
El Rec Comtal obtuvo la licencia antes de la suspensión, aunque su caso puede acabar en los juzgados. Las vecinos han llevado el hotel a la Fiscalía, que debe decidir si remite el caso a un juez. Los afectados consideran que el Ayuntamiento de Barcelona hizo en 2007 una reordenación urbanística a medida de los intereses de la constructora Núñez y Navarro.
La Henkel saldrá adelante por silencio administrativo durante la administración Trias. Los vecinos temen que las obras afecten a los edificios de al lado del futuro hotel, y que el establecimiento impulsado por el fondo de inversión del exdirectivo del F.C.Barcelona Xavier Faus termine por dar la puntilla a la convivencia en la Sagrada Familia, uno de los barrios más afectados por el turismo.
Otros proyectos que podrán seguir adelante son el cinco estrellas que Melià abrirá en la calle Casp con Passeig de Gràcia, junto a la que será la mayor tienda de Zara. Habrá otros dos en la Rambla Catalunya, otro en el Passeig de Gràcia y tres en el Passeig Colom. En la lista de hoteles que abrirán por no estar afectados por la suspensión también está el establecimiento de Amancio Ortega en la antigua sede de Banesto en la plaza Catalunya.
“El PEUAT no nació como una forma de rescatar licencias, sino para hacer una foto fija del turismo en la ciudad, ordenarlo y establecer una regulación para el futuro”, señala la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz. Tras haber recabado las valoraciones de los distintos agentes implicados, este martes el consistorio organiza una jornada de ciudad sobre el PEUAT. Con todo, no habrá grandes modificaciones respecto lo presentado la semana pasada.
Más que para descubrir novedades, el encuentro servirá para poner de manifiesto las diferentes posturas entre vecindario y empresarios turísticos y, sobretodo, para que todos ellos carguen las tintas para las alegaciones al PEUAT, que se aprobará de forma inicial el próximo día diez debido a que la moratoria decretada por CiU en el barrio de Gracia finaliza el 17 de marzo.