El gobierno de Barcelona es consciente de las dificultades para llegar a consensos en temas económicos con los grupos de izquierdas de la oposición. El año pasado, aprobar sus primeras ordenanzas fiscales fue tarea más que compleja, que se endureció aún más con la negociación de los presupuestos. Este año, el Gobierno municipal ha conseguido una base más ancha con la entrada del PSC, pero todavía necesita hacer malabares para obtener la mayoría en el pleno. Es por ello que, para el próximo ejercicio, los de Colau no han querido cerrarse puertas y han abierto el juego de la negociación económica con una propuesta fiscal continuista.
Este jueves el equipo de Gobierno ha presentado unas ordenanzas fiscales para 2017 que siguen la estela de las de este año: el 98% de los ciudadanos verán sus tasas congeladas –como durante este 2016– respecto al Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), pero unos 13.000 tenedores, con una estancia con un valor catastral superior a los 300.000 euros, verán aumentada su tasa. El tope se les elevaría del 6 al 8%.
El proyecto de ordenanzas fiscales también prevé “mantener” las bonificaciones y exenciones del IBI para los “colectivos de mayor vulnerabilidad”. El gobierno ampliará el paquete de subvenciones en función de la renta. El consistorio también pretende fijar la acción política en la lucha por la descongestión de Barcelona e implementará, con este objetivo, nuevas tasas por el aparcamiento y los vehículos contaminantes. En los próximos dos meses los grupos del pleno debatirá la propuesta de ordenanzas fiscales, que se votarán en diciembre. A partir de aquí, el escenario se centrará en los presupuestos.
“El Ayuntamiento quiere garantizar una mayor equidad, y asegurar que quien más tiene, más paga”, han destacado este jueves fuentes municipales. El concejal de Presidencia y Energía, Eloi Badia, encargado de presentar los números, ha tachado la propuesta fiscal del gobierno de “progresista”.
No son de la misma opinión los principales grupos de la oposición de izquierdas, y potenciales aliados en la aprobación de los números. ERC, en palabras de su líder, Alfred Bosch, ha dicho –como ya hizo con la propuesta de 2016– que la propuesta fiscal de Colau presentada este jueves es “poco ambiciosa”.
ERC y la CUP, recelosas
El pasado sábado los republicanos celebraron una conferencia política donde ya alertaron de su desconfianza respecto a los acuerdos con el gobierno de Colau del año pasado; ERC se siente “engañada” por el gobierno de Colau. Aunque Esquerra facilitó con su abstención la aprobación de las ordenanzas fiscales de 2016, no lo pondrán fácil este año. Por su parte, la CUP, que el año pasado votó a favor, hace unos días presentaba 17 propuestas fiscales claves que decantarían su voto hacia el 'sí'. Las propuestas de los anticapitalistas están lejos de la idea de ordenanzas fiscales defendidas este jueves por el gobierno de Barcelona.
Hay que recordar que Colau necesitará del 'sí' de ERC y la abstención de la CUP –o al revés– para tirar adelante sus ordenanzas para 2017. De hecho, Eloi Badia, nada más comenzar su comparecencia no ha dudado en enfatizar que la idea fiscal de Barcelona para el próximo curso entra ahora en una fase de debate con el resto de formaciones.
La propuesta fiscal de Colau obliga a pensar –de momento– en dar importancia al debate con más formaciones del pleno que las estrictamente de izquierdas. ERC y CUP sospechan que Colau –necesitada del favor de más partidos por la situación de minoría del gobierno pese a la entrada del PSC– no cierra la puerta a partidos del centro o de la derecha del consistorio para encontrar estabilidad en materia económica.
Los coches más contaminantes pagan más
Entre las novedades de la propuesta de ordenanzas fiscales para 2017, el Ayuntamiento destaca su lucha por una “fiscalidad ambiental” y una “movilidad sostenible”. Barcelona, según su Plan de Movilidad, debe reducirse un 21% de los coches antes de 2018 y este hecho se verá reflejado en la fiscalidad de la ciudad: un sistema de tarifas variable –en función de las emisiones de los vehículos, de sus dimensiones y la contaminación– grabará los no residentes.
Además, de ahora en adelante, Barcelona propone que los coches más contaminantes paguen más por aparcar en las zonas azules y el área verde de la ciudad. Para ello, los parquímetros identificarán los datos de los coches en función de la matrícula. La sustitución de los nuevos parquímetros costará 18 millones de euros. El gobierno municipal también quiere crear una nueva tasa ZonaBus Font Màgica para ordenar y planificar el estacionamiento de autocares turísticos alrededor de Montjuïc.