No es muy habitual que los acusados de desórdenes públicos en manifestaciones superen los treinta años de edad, y mucho menos que peinen canas. Pero Lluís M.E. y Eulàlia R.P., una pareja de 50 años de L'Hospitalet sin antecedentes penales, se enfrenta este lunes a un juicio en el que la Fiscalía pide seis años de cárcel para él y dos para ella por los disturbios que se produjeron durante la manifestación para protestar por la detención de Carles Puigdemont en Alemania del 25 de marzo del año pasado.
La exposición de los hechos supuestamente delictivos ocupa solo dos párrafos sucintos en el escrito de acusación. El Ministerio Público sostiene que Lluís M.E. “lanzó una botella de cristal” contra una furgoneta de los Mossos d'Esquadra, si bien matiza que no impactó en ningún agente.
Luego, según el relato del fiscal, el acusado “colocó” un contenedor en medio de las calle València “con el fin de entorpecer el paso a los vehículos policiales que trataban de avanzar para disolver a un grupo de manifestantes”. Y más tarde, los dos habrían movido dos contenedores hasta la calzada de la calle Pau Claris “para obstaculizar la marcha policial”.
Por todo ello el fiscal reclama seis años de prisión para Lluís M.E., dos por un delito de desórdenes públicos –mover los contenedores– y cuatro por atentado contra la autoridad. El fiscal pide imponer la pena por este último delito en su grado superior al considerar la botella como un “arma u objeto peligroso”, tal y como viene reseñado en el artículo 551.1. del Código Penal.
La Fiscalía no solicita indemnización alguna por los supuestos daños en el vehículo y el mobiliario público. Sí destaca que en la manifestación de protesta por la detención de Puigdemont hubo “violencia y tensión” hacia los agentes de los Mossos d'Esquadra cuando los concentrados intentaron superar el cordón policial que les impedía el paso hacia la Delegación del Gobierno.
Añade el fiscal que los manifestantes “lanzaron artefactos incendiarios, pinturas, basuras e hicieron barricadas”, si bien no responsabiliza de ello a ambos acusados. Cabe recordar que para disolver los disturbios, las furgonetas de los Mossos d'Esquadra realizaron aceleradas a gran velocidad, que incluso estuvieron a punto de provocar atropellos hacia los periodistas que cubrían los incidentes. Se trata de una polémica maniobra antidisturbios que provocó la apertura de una investigación por parte del Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán.
El Ministerio Público sostiene su relato y las pruebas para condenar a los acusados únicamente en la versión policial de lo sucedido. De ahí que sus únicos testigos sean tres agentes de la Guardia Urbana y dos de los Mossos d'Esquadra, y que la prueba documental solicitada sea únicamente el inexistente –hasta ahora– historial penal de los acusados y el informe sobre los hechos de la Guardia Urbana.
Por contra, ambos acusados, defendidos por la letrada Laia Serra, piden su absolución, ya que si bien sí acudieron a la concentración, desmienten que participaran en los disturbios. Además de negar los hechos relatados por el fiscal y remarcar la falta de pruebas, ambos acusados denuncian que fueron identificados por la Guardia Urbana –y no por los Mossos– sin motivo horas más tarde del supuesto movimiento de contenedores, cuando ya había finalizado la protesta. El juicio se celebrará y quedará visto para sentencia este mismo lunes en la sección 2 de la Audiencia de Barcelona.