Han tardado tres años pero se van sucediendo los juicios contra actuaciones de los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra tras el desalojo del centro social de Can Vies, en el barrio de Sants de Barcelona. Si hace una semana se sentó en el banquillo el agente que golpeó la cabeza de un joven, en los próximos meses lo harán otros cinco antidisturbios acusados de aporrear a un grupo de manifestantes dentro de un portal.
La Fiscalía pide siete años de cárcel para dos de los cinco agentes por dos delitos contra la integridad moral y dos de lesiones, tres años y medio para otros dos antidisturbios por un delito contra la integridad moral y uno de lesiones, y un año para el mando del operativo por uno contra la integridad moral. También reclama la inhabilitación de los agentes durante dos años y tres meses. Las acusaciones particulares elevan las penas máximas hasta los nueve años, y una de ellas pide que los agentes no puedan volver a ser policías en ningún cuerpo de España.
Una cámara de TV3 grabó los hechos, que sucedieron el 27 de mayo de 2014. El relato tanto de la Fiscalía como de las acusaciones particulares es similar. Tras una noche de manifestaciones y disturbios por el desalojo de Can Vies, un grupo de personas se encontraba en el número 10-11 de la plaza de Sants. Había jóvenes manifestantes, vecinos del inmueble y periodistas. Cuando faltaban diez minutos para la medianoche, los cinco antidisturbios acusados empezaron a correr en dirección a la plaza, lo que provocó que el grupo entraran precipitadamente en el portal.
Los cinco agentes “accedieron al portal bruscamente”, señala el escrito de acusación de la fiscal, que remarca que los acusados “expulsaron” del portal a una periodista que iba acreditada. Luego, continúa el ministerio público, dos agentes golpearon con sus porras “repetidamente” en brazos, piernas y manos a un joven escondido en el interior del portal.
Añade la Fiscalía que otros dos agentes fueron a por dos jóvenes que se habían salvaguardado en la parte derecha de la portería. En este caso, según la fiscal, a un joven le golpearon con sus porras en la pierna, lo que provocó que cayera al suelo. Al otro joven le habrían dado también con la porra en pie, hombro, tórax y cabeza.
“El mando del dispositivo –concluye la fiscal– presenció la agresión sin hacer nada para impedirlo ni recriminar las conductas a los demás acusados”. Además, acusa al jefe del operativo de no identificar a las víctimas ni de redactar ningún atestado sobre lo sucedido.
“Todos los agentes actuaban de común acuerdo, de forma coordinada, abusando de su cargo y con ánimo compartido de atentar contra la integridad moral de los detenidos así como de lesionar su integridad física”, señala el escrito de uno de las víctimas, representado por la abogada Anaïs Franquesa.
Por su lado, el escrito de acusación del letrado de otros dos jóvenes, Eduardo Cáliz, de Alerta Solidària, recuerda que los hechos no se pusieron en conocimiento de la División de Asuntos Internos del cuerpo “para depurar las responsabilidades derivadas del trato proferido a las personas que se habían refugiado en el portal”.
La defensa de los agentes, han informado fuentes jurídicas, todavía no ha presentado escrito de defensa. Además, la Fiscalía reclama indemnizaciones que ascienden a los 91.200 euros dada la gravedad y el tiempo de baja de las víctimas –uno de los jóvenes estuvo mermado hasta 40 días.