Tras la presentación en noviembre del año pasado de la Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas y el despliegue del Buzón Ético, que todavía está superando las tramitación legal, el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado este martes en rueda de prensa el Código Ético y de Conducta; instrumento que permitirá al gobierno municipal incidir en la “trasparencia y la lucha por el bien común”, según el tercer teniente de alcaldía, Jaume Asens. Asens ha valorado esta norma como un “nuevo paso” para establecer una discusión con la ciudadanía y el resto de grupos municipales en cuestiones éticas.
El anteproyecto, que aún debe pasar por correcciones y apenas esta mañana de martes ha sido trasladado al resto de formaciones, está previsto que pase por la comisión de gobierno y por el plenario y que sea aprobado antes del verano. “Se trata de una norma general y de obligado cumplimiento que se integrará dentro del cuerpo legal que rige el Ayuntamiento de Barcelona: no tendrá carácter voluntario pero será sencilla y abarcable”, ha destacado Joan Linares, Gerente de Recursos del Ayuntamiento.
En palabras de Asens, este no será un simple cambio “cosmético” y abordará en profundidad la vigilancia de los conflictos de intereses, las incompatibilidades, los viajes injustificados y, entre otras cuestiones, la recepción de regalos: prohibidos todos aquellos que superen los 50 euros. La cifra es el estándar de una norma que ya se aplica en los EEUU, entre otros países. Aquellos regalos que no puedan ser devueltos, o los gastos de reenvío supongan más coste que la cifra de la aceptación del obsequio, se incorporarán como patrimonio del Ayuntamiento.
Este nuevo instrumento de control de la ciudadanía resultará un reto para la propia política del Ayuntamiento, ya que la oposición y la prensa también podrán acceder a informaciones y otras cuestiones de agenda pública.
Si bien ya existe una norma de ámbito estatal y autonómico que regula la transparencia de las administraciones, el gobierno de Colau es el primer ayuntamiento que impulsa una de este tipo y para ello se han inspirado en la de otros países europeos. La norma, que ha sido construida en colaboración con los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento, se concretará con la creación de un Comité de Ética (cinco miembros, aunque todavía por designar) y la figura de un Gestor Ético, que velará por la interpretación, el análisis, el desempeño y la actualización de la norma. Si cualquier persona tiene alguna sospecha de infracción o consulta lo podrá poner en conocimiento de este gestor; un funcionario municipal que se designará a concurso, según fuentes consultadas del Ayuntamiento.
Más incidencia y sanciones
El Código Ético del Ayuntamiento prevé ir más allá de la Ley de Transparencia de Cataluña y afectará altos cargos, empresas, fundaciones, comisionados, consejeros de distrito y miembros de institutos del ámbito público; hasta ahora la Ley de Transparencia implicaba sólo 70 personas y con el anteproyecto presentado serán 412, las personas afectadas.
“Con la sanción se refuerza el carácter obligatorio del código”, según Linares, que ha añadido que el incumplimiento puede ser tratado con respuesta punitiva. “Cualquier miembro afectado por el Código Ético no podrá estar vinculado a la contratación de ningún individuo que tenga vínculos de tipo familiares. Por encima de cualquier aspecto hay que conservar la objetividad e independencia”, ha añadido Linares. Así pues, se sancionará la participación en procesos de contratación de personas con vínculos de hasta el cuarto grado de afinidad por la vía co-sanguínea (vía familiar o de vínculos afectivos), pero no se prohibirán estas tipo de contrataciones. En ningún caso el Código Ético tendrá carácter retroactivo, ha confirmado el propio Linares; las normas punitivas no pueden aplicarse con carácter retroactivo, según el derecho.
Tampoco los cargos de confianza (hasta 92), que se regulan por otra normativa, estarán afectados por este Código Ético, ya que no alcanzan nunca la condición de “personal de la casa”. Linares ha cerrado la rueda de prensa recordando que “una infracción del código será considerada automáticamente como una falta grave y determinará, previo apertura de un expediente, una falta que puede suponer la inhabilitación e, incluso, la suspensión”.