Las tarifas del transporte público en Barcelona no subirán este 2017. Así lo han anunciado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras una reunión a tres bandas con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Puigdemont y Colau se han felicitado por el acuerdo y han anunciado que el coste de la congelación y las nuevas bonificaciones será de 20 millones de euros para las administraciones catalanas. Barcelona ya había descartado la subida de tarifas en abril de este año.
La congelación de las tarifas, una medida que se da por tercer año consecutivo, no ha sido el único anuncio tras la reunión: la T-12, transporte público gratuito para niños y jóvenes, se amplía hasta los 16 años (hasta ahora era hasta los 14, inclusive); la ampliación era una promesa a ERC de hace un año. “Más vale un año tarde, que nunca. Esperamos que ahora sí que se implante”, han considerado fuentes republicanas.
Por otra parte, también se creará una tarjeta verde para episodios de especial contaminación. El nuevo título de transporte, que aún no tiene nombre, pretende que los ciudadanos de la ciudad dejen el coche en casa los días de más polución. Según el Ayuntamiento de Barcelona, el coste de la tarjeta sería similar al de la T-10.
Tras los anuncios, Carles Puigdemont y Ada Colau han cargado contra el gobierno central por la falta de inversión en transporte en Barcelona. “El gobierno [central] debe asumir la parte que le tocaría”, ha dicho Puigdemont, que ha explicado que esto serían unos 10 millones de euros del total de 20 por la congelación y las nuevas bonificaciones.
Ambos líderes han lamentado las bajas aportaciones del Estado al transporte público, como ya había hecho el Ayuntamiento de Barcelona hace unos meses. La cifra proveniente del Estado se ha visto reducida a más de la mitad en los últimos cinco años: se ha pasado de 200 millones en 2010 a 98,6 millones de euros en la actualidad.
De hecho, Puigdemont y Colau han pasado a la acción y han reclamado que el próximo año el Estado aporte 108 millones de euros, con el objetivo de revertir la situación. Las administraciones catalanas quieren que la cifra aumente progresivamente y que en 2018 sean 147 millones. El presidente de la Generalitat ha considerado que existe una doble vara de medir por parte del gobierno de Mariano Rajoy, ya que en Madrid se aporta más.