Ningún militante de ERC hubiese podido imaginar hace un par de años, cuando el partido vivía las mieles electorales, la elección que debe afrontar este viernes. Por un lado, un acuerdo con importantes conquistas políticas pero que incluye la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. En el otro, un 'no' que abocaría a Catalunya a una repetición electoral en la que ERC casi con seguridad saldría perjudicada y que tampoco parece poder resultar en una aritmética parlamentaria muy diferente.
[ACTUALIZACIÓN: Las bases de ERC avalan el pacto con el PSC para hacer president a Salvador Illa]
En torno a 8.000 afiliados a Esquerra están llamados este viernes a votar el documento cerrado entre su equipo negociador y los socialistas catalanes. Más de 5.500 han votado a las 17:00 de la tarde. Es decir, que tras siete horas de convocatoria ha participado un 67% de la militancia republicana. No es la primera vez que las bases se posicionan sobre una investidura socialista, como la de Pedro Sánchez, pero sí sobre sí aúpan a un candidato del PSC a la Generalitat.
Esa es la razón de que esta consulta, de la que se conocerán los resultados poco después de las 19h de este mismo viernes, tenga un aura especial. A diferencia de otras veces, no se trata de dar un mero espaldarazo a la estrategia negociadora que sigue ERC desde 2018 en Madrid, sino de decidir el futuro de la Generalitat y, de rebote, del partido. El 'no' es poco probable, pero nadie se atreve a descartarlo con rotundidad.
Las bases republicanas deben emitir su opinión en un clima de confrontación y crisis del partido que no experimentaban desde hace más de una década. ERC está herida porque se ha dado batacazos en las cuatro últimas elecciones: generales, municipales, catalanas y europeas. Pero, además, el reciente escándalo sobre la autoría de los carteles contra los hermanos Maragall, pergeñados desde la propia organización y que no se han acabado de aclarar, han sumido a la formación en la inquietud.
Por si todo eso fuera poco, en los últimos meses se ha abierto una brecha imposible de disimular entre los dos líderes que han llevado conjuntamente el timón del partido desde 2011: Oriol Junqueras y Marta Rovira.
La secretaria general y su núcleo de afines apostaban por una retirada en bloque de toda la cúpula de ERC, además de la salida de la política de las principales figuras del Govern. Pero Junqueras se revolvió ante esos planes y dimitió como líder republicano, pero con la intención de volver a presentarse en el congreso convocado para el próximo noviembre. La batalla final se librará entonces.
Mientras tanto, la ejecutiva de ERC, ya con Junqueras fuera, ha negociado un acuerdo de investidura con el PSC. El documento resultante es un compromiso ambicioso en materias como la financiación de la Generalitat, el mantenimiento de algunas políticas icónicas de ERC o la creación de una conselleria para el catalán.
El plato fuerte es el concierto económico y fiscal al que han arrastrado al PSC. Según lo pactado, la Generalitat pretende asumir la recaudación del conjunto de impuestos en la comunidad, de forma paulatina a partir de 2025, y transitar hacia un modelo de concierto fiscal para Catalunya en la línea del que rige en Euskadi y Navarra.
El pacto cuenta con el apoyo sin fisuras del PSOE y el PSC, y ha sido elogiado por el presidente Pedro Sánchez. También la dirección de ERC defiende el documento con uñas y dientes para encaminar a los suyos a una votación favorable.
Pero la pretensión económica pactada por PSC y ERC tiene varios obstáculos obvios. El más claro es la necesidad de reformar, al menos, la ley de financiación de las comunidades (LOFCA), que como ley orgánica necesita del apoyo de una mayoría absoluta en el Congreso. Partidos como Compromís o la Chunta Aragonesista, ambos integrados en Sumar, ya han mostrado su rechazo. Una negativa suficiente para desbaratar la suma necesaria para el proyecto.
Además, las dudas sobre la voluntad del PSOE de cumplir con lo pactado han planeado desde el primer momento en los ánimos de la militancia independentista. Aunque los acuerdos alcanzados con los socialistas han sido muchos en la pasada legislatura (indultos, reforma del Código Penal, amnistía), una parte de las bases de ERC sigue viendo con recelo el grado de cumplimiento del Gobierno ante los acuerdos alcanzados con los republicanos.
Este miércoles, Oriol Junqueras se ha pronunciado por primera vez sobre el pacto con el PSC. Lo ha hecho de forma ambigua, mostrando por un lado “respeto”, pero manifestando también comprensión ante las “dudas” que puede generar. “El eventual apoyo al gobierno del Estado y al Govern de la Generalitat por parte de ERC se tendrá que ir validando con el desarrollo del acuerdo y retirarse explícitamente en caso de incumplimiento”, ha resuelto.
El mensaje del exlíder no era exactamente el esperado en la cúpula republicana, que contaba con tener, si bien no un espaldarazo, al menos una posición inequívocamente neutral. Sin embargo Junqueras ha optado por mostrar distancia con el documento que se somete a la votación de una militancia que, en buena parte, aún le considera su principal referente político.
Con todo, tanto en la cúpula republicana como entre los socialistas, nadie cree que Junqueras tenga interés en posicionarse claramente contra la investidura de Illa. Ni siquiera pensando en sus opciones ante el congreso de noviembre. El exlíder republicano es partidario de un apoyo a los socialistas, con salvaguardas, y así lo ha hecho saber en algunas de las reuniones con militantes de base que está manteniendo estos días.
Pendientes de Puigdemont
Otro de los factores de peso en la decisión republicana tiene que ver con Carles Puigdemont. El pasado fin de semana el líder de Junts confirmó su intención de regresar a Catalunya si se producía una sesión de investidura, incluida la de su rival Salvador Illa, tal como había anunciado durante la campaña electoral.
El expresident, a diferencia de otros políticos que han regresado en las últimas semanas, como Marta Rovira, no está amnistiado, lo que supone que sigue activa la orden de detención contra él decretada por el Supremo. Por esta razón, la pretensión de Puigdemont de estar presente en el Parlament durante la investidura podría suponer su detención y puesta a disposición judicial, una situación que el expresident ha evitado durante los últimos 7 años.
En el gesto del expresident puede leerse la voluntad de presionar al máximo a las bases de ERC, a quienes estaría poniendo en la tesitura de votar a favor de una investidura que, en paralelo, supondría su detención. Dos eventos que, combinados, pueden ser plato de muy poco gusto para los republicanos.
La inmolación de Puigdemont sería además quizás la última oportunidad del líder de Junts para introducir un elemento de disrupción política en una Catalunya en la que ha dejado de haber presos, en la que se está amnistiando a decenas de personas y en la que el independentismo ha perdido la mayoría parlamentaria y el Govern.
Una consulta de resultado incierto
La previsión de la cúpula republicana, al menos antes del posicionamiento de Junqueras, era que el 'sí' a Illa se impondría en la consulta, aunque esta vez la postura de la dirección contase con menos apoyos que en anteriores votaciones. “El acuerdo es sólido y se está explicando al detalle a la militancia. Además, nadie está promoviendo el no internamente”, aseguraban fuentes cercanas a la dirección de Esquerra.
Sin embargo, desde el PSC lo miran de forma más cauta y temen la inestabilidad de una formación en convulsión. “Hemos negociado un acuerdo generoso, pero las bases [de ERC] pueden utilizar la consulta para mostrar su rechazo a la actual dirección por razones muy diferentes a lo pactado”, refiere una fuente de la dirección socialista.
Si la militancia de ERC vota sí al acuerdo, Salvador Illa habrá atado el apoyo de 68 diputados, contando con los 6 de los comuns que este miércoles han cerrado su propio pacto. Una mayoría absoluta que permitiría a Illa ser investido president en la primera vuelta, cosa que en Catalunya no ocurre desde la votación que hizo president a Puigdemont en 2015.