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La presidenta del Parlament, Laura Borràs, afeó en un correo electrónico el control que una interventora de la Generalitat realizó de los contratos menores en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Borràs expresó su “sorpresa” por el análisis contable de la funcionaria, en el que reprochaba un exceso de contratos a dedo en la ILC, ya que eran las adjudicaciones que la dirigente de Junts había explicado en primera persona a las interventoras.
Los expedientes de la Intervención de la Generalitat sobre el paso de Borràs por la ILC forman parte del caso abierto a la actual presidenta del Parlament por otorgar contratos a dedo a su amigo Isaías H., bien de forma directa a su nombre bien a través de cooperativas que luego le transferían el dinero. Los ha aportado un funcionario investigado en la causa.
Las revelaciones del funcionario Roger E.P. para intentar salir exculpado de la causa de los contratos a dedo de la ILC son misiles contra la línea de defensa de Borràs. Primero, el funcionario aportó tres audios, desvelados por elDiario.es, en los que ella le pidió que la avisara si los Mossos acudían a la sede de la ILC. También se interesó, cuando ya no dirigía la entidad pública, por una factura impagada a su amigo Isaías H.
Roger E.P. no se ha quedado en las grabaciones y, antes de pedir el archivo del caso, ha entregado al juez ocho documentos. Se trata de tres informes de la Intervención de la Generalitat sobre los contratos a dedo en la ILC en los años 2013, 2014 y 2015, las alegaciones de Borràs al primero de ellos y tres cadenas de correos electrónicos entre la entonces directora y varios funcionarios sobre los informes.
En el primero de los informes, adelantado por El País, la interventora recordó a Borràs que los contratos a dedo “no se pueden fraccionar” con el objetivo de disminuir su cuantía y no rebasar el límite de 18.000 euros que obliga a realizar un concurso público. Y recomendó una “mayor planificación” de la contratación de los distintos servicios de la ILC para llevar a cabo “contrataciones agregadas” ante el riesgo de incumplir la normativa de fraccionamiento de contratos.
Las conclusiones de la interventora se basaban en el hecho de que Isaías H. y una cooperativa, Xarxa Integral, habían recibido un total de 63.000 euros en forma de cinco expedientes de contratación a dedo en 2013. Ello suponía el 34% del importe de la contratación menor de la ILC aquel año y un 21% de los expedientes. Tal magnitud “supera la cuantía máxima de la contratación menor”, alertaba la interventora en junio de 2014.
Borràs recibió con desagrado las recomendaciones de la interventora. Solo una hora después de disponer del informe provisional de la Intervención, la dirigente de Junts replicó a las funcionarias por correo electrónico. “Recibo este informe con la sorpresa de ver que son objeto de control los contratos que os vinimos a explicar y que necesitábamos llevar a cabo para la implementación digital de esta nueva etapa de la ILC”, aseveró Borràs, para a renglón seguido anunciar que presentaría alegaciones al informe.
Las alegaciones
En las alegaciones, Borràs expuso que en los contratos a dedo no había “fraccionamiento de objeto” ya que estaban vinculados a labores “clarísimamente diferenciadas”: una web propia de la ILC, otro portal de conmemoración del año Vinyoli por el centenario del nacimiento del poeta, y una tercera web relativa al programa 'Què llegeixes'. Borràs añadió que los dos adjudicatarios (Isaías H. y la cooperativa Xarxa) habían llevado a cabo trabajos distintos –bases de datos, diseño web, etc– aunque todo “convergiera” en una misma web, por lo que no cabía hablar de contratos fraccionados para una misma labor.
La interventora solo aceptó parte de las alegaciones de Borràs, las relativas a tres contratos del año Vinyoli y a uno del programa 'Què Llegeixes'. Pero mantuvo sus objeciones sobre siete expedientes, cuatro de ellos otorgados a Isaías H. y Xarxa, y sus recomendaciones para que la ILC limitara la contratación menor.
Ocho años después del informe de la interventora, la investigación judicial y de los Mossos d'Esquadra mantiene que la cooperativa Xarxa Integral solo era una tapadera para que el dinero terminara igualmente en las cuentas de Isaías H. El amigo de Borràs presentaba a la ILC presupuestos atribuidos a otras personas o a cooperativas vinculadas a él, de forma que en todos los casos resultó adjudicatario del proyecto, según la mecánica del fraude descrita por el juez. En total, los 18 contratos bajo sospecha ascienden a 330.442,65 euros.
Es más, los informes de los años 2014 y 2015 constatan que Borràs hizo caso omiso a las recomendaciones de la Intervención. En el documento relativo a los contratos de 2014, un interventor reiteró que un servicio contratado por 31.825 euros se había ejecutado mediante contratos menores en vez de por concurso. Apreció además que había “continuidad de expedientes iniciados en el año anterior” a Isaías H., lo que se contradecía con la naturaleza del contrato menor. Borràs no presentó alegaciones.
En 2016, el informe sí reconoció que se había cumplido “en general” la normativa de contratación, si bien pidió “reducir el volumen de gasto” a dedo otorgado, que representó en 2015 el 100% del total de adjudicaciones de la ILC. También solicitó “evitar el fraccionamiento del objeto contractual y mejorar la planificación de las necesidades de contratación”, y recomendó realizar concursos en vez de contratos a dedo. Es decir, lo mismo que otra interventora ya había expuesto dos años antes y le había reprochado Borràs, quien abandonaría la ILC en 2017 para dar el salto al Parlament de Catalunya para ser diputada de la mano de Junts.