El Parlament de Catalunya comienza a tener experiencia en materia de retirada de escaños. No era una práctica que la Cámara conociera demasiado antes de octubre de 2017, pero en la pasada legislatura las suspensiones afectaron a varios diputados, incluyendo a los presos y el president Quim Torra. Con este historial, no ha habido sorpresa cuando este martes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dictado la inhabilitación contra el representante de la CUP Pau Juvillà por un delito de desobediencia consistente en haberse negado a retirar unos lazos amarillos de su despacho en el Ayuntamiento de Lleida. Un caso que ya ha comenzado a tensionar a la Mesa, de la que es miembro, y que pone directamente en la picota a la presidenta Laura Borràs.
Si alguna voluntad tiene la jefa de la Cámara es representar un papel diferente al de su predecesor en el cargo, Roger Torrent, a quien Junts atizó sin descanso aduciendo que no había defendido suficientemente a los diputados y en concreto a Torra. La inhabilitación de Pau Juvillà es una oportunidad de oro para que Borràs muestre con hechos si efectivamente una presidenta del Parlament puede evitar que un representante pierda su escaño, resistiendo a la presión de tribunales e instituciones electorales.
La jefa de la Cámara ya se prepara para un choque más que probable con la Junta Electoral, después de que haya prometido que no retirará el acta al de la CUP como se hizo con Torra, es decir, antes de que la sentencia sea firme. Este es también el acuerdo al que ha llegado la Mesa, de mayoría independentista, que se ha conjurado para mantener el escaño de su compañero. La CUP, por su parte, asegura que quiere convertir el caso de Juvillà en un “bumerán contra el Estado”, para lo que reclama el apoyo de todos los grupos soberanistas, a quienes pide mantenerse firmes y defender que es el Parlament quien tiene derecho a decidir en última instancia sobre la situación diputado.
De entrada, la idea de Borràs y los independentistas de la Mesa es aguantar mientras la condena de Juvillà no sea confirmada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, es más que probable que la Junta Electoral acabe declarando la inelegibilidad sobrevenida del diputado, de la misma forma que lo hizo hace un año con Torra o, de forma más reciente y en el Congreso, con el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. Los tres partidos de la derecha anti-independentista, Vox, Ciudadanos y PP, ya han anunciado que instarán a la Junta Electoral a hacerlo y los antecedentes son claros.
Todas las suspensiones ocurridas de forma reciente, de Torra a Rodríguez pasando por los presos, han pasado por el artículo 6.2 de la Ley Electoral (LOREG). Este punto considera a un ciudadano inelegible en dos supuestos: a todos los condenados por sentencia firme a prisión, por el mismo tiempo que dure la pena, o a “condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal”.
Este segundo caso es el que se aplicaría a Juvillà, que ha sido condenado a medio año de inhabilitación por un delito de desobediencia a la Junta Electoral de Lleida, que fue quién le requirió para que retirara los lazos amarillos. Y, de forma idéntica al caso de Torra, sería también la Junta Electoral quien debería declarar a Pau Juvillà inelegible y, de acuerdo a la doctrina asentada, ordenar que se retire su escaño, sin esperar a la sentencia firme que dicte el Supremo.
Pese a que el riesgo es claro, el acuerdo de mínimos de Borràs y los miembros independentistas de la Mesa es no hacer caso a la suspensión del artículo 6.2 de la LOREG. Otra cosa sería el cumplimiento de la pena de inhabilitación, una vez el Supremo la ponga en marcha, algo que podría no tardar más allá de unos meses. Sin embargo este lapso de tiempo sería suficiente para que Borràs y la Mesa puedan tener problemas judiciales ya que, en el momento que la autoridad electoral pida la retirada del escaño, si el órgano Parlament no cumple esta orden estaría asimismo cometiendo una nueva desobediencia.
Esta es la situación entre la espada y la pared que ya prevé tanto la presidenta del Parlament como los miembros de la Mesa para las próximas semanas, en cuanto la Junta Electoral active la orden de retirada de acta. Con todo, los miembros del órgano parlamentario saben que esta vez será difícil desembarazarse del caso con una solución intermedia, ya que Juvillà es el primero pero no el último que puede verse en una tesitura similar. Al menos cinco diputados están inmersos en causas a la espera de juicio: los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por su participación en el 1-O, la de la CUP Eulàlia Reguant por haberse negado a responder a Vox en el juicio del procés y la propia Laura Borràs por un presunto caso de corrupción.