Una orden judicial para dar un 25% de clases en castellano en una escuela pública de Catalunya, el Turó del Drac de Canet de Mar, en Barcelona, ha desatado una tormenta política casi a la altura del reciente varapalo del Tribunal Supremo a todo el modelo de inmersión lingüística. La protesta de varios padres y madres del colegio contra esa medida ha recibido el apoyo de la Generalitat, al tiempo que la familia reclamante ha denunciado haber sufrido acoso, algo que PP, Ciudadanos y Vox han reprochado tanto al Ejecutivo catalán como al español. Por ahora, la Fiscalía investiga dos tuits que no tienen que ver con la comunidad educativa.
El caso del Turó del Drac se dio a conocer el pasado 3 de diciembre, cuando algunas familias de la escuela hicieron público que el colegio se veía obligado a introducir esta cuota de castellano en un aula de Infantil en aplicación de unas medidas cautelares impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La resolución partía de la denuncia hecha por la familia de un niño de P5 que exigía educación bilingüe. La Generalitat la acató, como ha hecho en las 80 resoluciones parecidas emitidas en la última década, y el colegio comenzó a dar este jueves algunas horas en castellano por la tarde (las clases de psicomotricidad, música y 'rincones de juego').
El revuelo político que ha acompañado el caso lo diferencia de la mayoría de sus precedentes. En primer lugar, porque es la primera resolución de este tipo posterior a la providencia del Supremo que tumba el modelo de inmersión entero. Pero también porque por primera vez un grupo de familias del centro en cuestión, partidarias de la escuela en catalán, se han organizado para protestar contra esta orden judicial. Y porque los progenitores que la reclamaron judicialmente han denunciado haber sido víctimas de acoso por ello.
Las familias contrarias al 25% de castellano crearon una plataforma, 'El Turó en català', primero a través de un grupo de Whatsapp y después con una web en la que colgaron su manifiesto, con fecha de 7 de diciembre. En él lamentaban el “ataque a la inmersión”, acusaban a la familia denunciante de tener “motivaciones políticas” y pedían al departamento de Educación un “blindaje” del modelo de escuela en catalán. También manifestaban ya entonces su rechazo “a cualquier tipo de violencia y señalamiento, preservando por encima de todo los intereses de los niños y niñas de la escuela”.
“Lo que simplemente estamos defendiendo es el proyecto pedagógico que aceptamos cuando entramos en el centro, una escuela catalana, participativa, laica y con la inmersión entre sus principios”, argumenta Maria Rosa Martínez, madre de dos alumnos de la escuela –ninguno de ellos de la clase afectada por la resolución– y miembro de la nueva plataforma. Esta mujer rechaza que haya habido ningún tipo de presión a la familia que puso la reclamación. “Justamente estamos intentando tener cuidado con esto y que no haya agresividad”, insiste.
En un comunicado oficial, y ante la polémica desatada, la plataforma ha añadido este viernes: “Desmentimos y rechazamos cualquier tipo de acoso y no tenemos interés en saber quién ha sido la familia denunciante”. Esto último, sin embargo, sí es algo conocido por buena parte de la comunidad educativa.
Desde la plataforma 'El Turó en català' también se muestran críticos con el papel del conseller Cambray, que visitó el centro el jueves, cuando se iniciaba la aplicación del 25%, para criticar la resolución judicial, porque finalmente el resultado es que la acaban acatando. Martínez expresa que hubiesen preferido más “discreción” por parte de la Generalitat. Es la primera vez que un conseller visita públicamente un centro educativo que debe aplicar esta cuota de castellano por orden judicial, puesto que en los casos anteriores se intentaba no atraer demasiados focos hacia los colegios para no tensionar su comunidad educativa.
Desde que se conoció el caso, ha habido en Canet dos protestas contra esta resolución judicial. La última, convocada por el sindicato estudiantil independentista SEPC, ha reunido este viernes a unas 300 personas. Hasta el mismo viernes Ciudadanos trató de impedirla, alegando ante la Delegación del Gobierno que suponía un “peligro de coacción intolerable” para el menor y su familia, al estar convocada a la hora de la salida de la escuela. La protesta ha discurrido sin incidentes.
El Gobierno, forzado a pronunciarse
La polémica que envuelve el caso ha obligado a pronunciarse al Gobierno, preguntado no solo por la aplicación de la sentencia sino sobre todo por ese acoso al que se han referido numerosos cargos del PP, Ciudadanos o Vox. Algunos, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han acusado directamente a la Generalitat de protagonizarlo: “Está acreditado que se está acosando desde la Generalitat a un niño de cinco años y a su familia”.
En este sentido, el PP ha vuelto a ofrecerse para aplicar el artículo 155 de modo que afecte solo al modelo educativo catalán. Mientras tanto, Vox ha amenazado con denunciar directamente al president Pere Aragonès y a Cambray por “promover el acoso”.
En los últimos días varios ministros del Gobierno se han referido al caso. En líneas generales, han condenado cualquier tipo de amenaza o acoso que se haya producido, aunque sin entrar en detalles. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró además que iban a investigarlo.
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que la ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha puesto en contacto con Cambray para ofrecer su colaboración para evitar que se produzca acoso a ningún alumno. “En relación a un hecho puntual de acoso a un menor en un centro educativo, lo que ha hecho la ministra es mostrar total colaboración en el ámbito de la absoluta normalidad de las relaciones institucionales entre Gobierno y Generalitat para que se proteja al menor y a su familia”, ha manifestado Rodríguez, que ha insistido que condenan cualquier tipo de acoso y acusó al PP de usar cualquier excusa para hacerles oposición.
Más allá de las declaraciones políticas, los indicios de acoso de que se dispone en estos momentos son mensajes publicados en Twitter por usuarios completamente ajenos al centro educativo. De los dos que investiga la Fiscalía, uno animaba a dejar “solo” al niño en las horas de clase en castellano y el otro directamente a “apedrear” su casa.
En cuanto a las familias de la escuela, los abogados de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que representan a la familia, presentaron una denuncia el viernes en la que señalaban la existencia de un grupo de WhatsApp, formado por padres y madres contrarios al 25%, que usa el logo del centro y donde se habrían vertido también amenazas. Entre ellas, hacerle “el vacío” al niño o conocer su domicilio para ir a “apedrearlo”.
elDiario.es contactó con la AEB para consultar estas muestras de acoso, pero desde la entidad han aclarado que estas no se dieron en el citado grupo de WhatsApp –como manifestaban en sus alegaciones– sino en Twitter. Concretamente, estas expresiones e insultos denunciados son de usuarios que respondían a los tuits de la cuenta @elturoencatala, pero no fueron emitidas por el citado grupo de padres.
En el documento de alegaciones, la familia afectada rechaza las cautelares del 25% al entender que la propuesta del centro para dar clases en castellano se circunscribe a unas horas que son “más bien lúdicas”. Y en cuanto a la preservación de la identidad e intimidad del menor, reiteran a la dirección del centro y al Departamento que deben cumplirlo, algo que ha respaldado el TSJC. Este mismo viernes, la entidad presentó un escrito a la Fiscalía para denunciar la actuación “obstaculizadora” de la justicia del conseller de cara a aplicar el 25%.