La Generalitat amplía la declaración de emergencia por la sequía a 34 municipios catalanes y ha empezado a enviar requerimientos –el paso previo el proceso sancionador– a aquellos ayuntamientos y empresas que, pese a la situación crítica de escasez de agua, siguen consumiendo por encima de lo establecido. La decisión la ha anunciado el president de la Generalitat, Pere Aragonès, junto al director de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, tras la reunión este martes de la Comisión Interdepartamental de la Sequía.
La situación de los pantanos se ha agravado en los últimos meses en Catalunya a pesar de los episodios puntuales de lluvias, y están cerca de su nivel histórico más bajo, registrado en 2008. Uno de los embalses que en peor estado se encuentra es el de Boadella-Darnius, en la provincia de Girona, que está al 16,8%. Y son precisamente los 12 municipios que dependen de su abastecimiento los que han entrado en situación de emergencia este martes. Se trata de Figueres, la capital del Alt Empordà, y Cabanes, Cadaqués, Castelló d’Empúries, Fortià, Llers, Riumors, Roses, Santa Llogaia d’Àlguema, Vilamalla, Vila-sacra y el Far d’Empordà.
Sumados a los 22 municipios que ya estaban en alerta máxima, actualmente son 149.000 catalanes los que se encuentran en esa fase (123.000 del pantano de Darnius-Boadella, 24.399 del río Fluvià y 1.692 del pantano de Riudecanyes, en Tarragona). Entre las medidas de ahorro que deben cumplir estas localidades destacan el consumo máximo de 200 litros por habitante y día y la reducción del uso de agua potable en un 25% en la industria o los espacios recreativos. También se suspende el riego agrícola y se mantienen restricciones ya vigentes en situación de excepcionalidad, como el riego de jardines, privados y públicos, y el llenado de piscinas.
Por otro lado, la zona que depende del acuífero Carme-Capellades, alrededor de Igualada (Barcelona), también cambia de estado y pasa de alerta a excepcionalidad. Por otro lado, el del Baix Ter (Girona), que estaba en situación de normalidad, entra ahora en alerta.
La ACA ha ampliado también a 40 millones las ayudas para mejorar las conexiones de aquellos municipios que tienen problemas de suministro o que dependen de “captaciones vulnerables”. Esta subvención, que era hasta ahora de 15 millones, se ha incrementado debido al alud de solicitudes, 209 en total, de los ayuntamientos. Entre las actuaciones que se contemplan están pretratamientos de aguas –filtraciones y decantaciones–, mejoras de eficiencia en las infraestructuras de almacenaje, adecuación de embalses o mejora del rendimiento de pozos.
Amenaza de sanción a los incumplidores
Una de las novedades más esperadas era conocer los datos de consumos de agua de los municipios en agosto, en pleno apogeo turístico, para saber cuántos de ellos incumplieron los límites fijados la ACA. Después de una intensa polémica política, la Generalitat aceptó una moratoria para no sancionar a los incumplidores hasta pasado el verano. Pero esta finalizó el 7 de agosto.
Con los consumos de agosto ya transmitidos al ACA, los que superan el umbral todavía se cuentan por más de 150, con casos que hasta triplican los 200 litros por habitante y día. Además, una treintena ni siquiera aportan datos. Sobre ello, Reyes ha asegurado que se les enviará un requerimiento con aviso de sanción (hasta ahora se hacían advertencias). Con todo, ha dado a entender que no se abrirá expedientes a todos los municipios que incumplan a la vez, sino que se empezará por los que consumen mayor volumen de agua. “Debemos ir al que crea mayor impacto en el medio”, ha argumentado Reyes.
En este sentido, ha asegurado que ya se ha sancionado a algunos municipios por no presentar datos, aunque se trata de multas por debajo de los 1.000 euros. Justamente este martes ha firmado una veintena de requerimientos a ayuntamientos por falta de información o datos erróneos.