Una evolución crítica de la pandemia que lleve a un nuevo confinamiento domiciliario –descartado a día de hoy por todas las administraciones– es el único motivo que dejará sin votar a los catalanes el próximo 14 de febrero. Así se desprende del auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que mantiene convocadas las elecciones al Parlament para el 14F y rechaza el aplazamiento al 30 de mayo planteado por el Govern. Antes del 8 de febrero los magistrados tendrán que confirmar su decisión.
Los magistrados dejan claro que el aumento de los ingresos sanitarios y de los contagios aducido por el Govern no es suficiente para aplazar el 14F. En el conflicto entre derecho a la salud y derecho al voto, argumentan los jueces, debe prevalecer el segundo salvo que un empeoramiento de la pandemia lleve a decretar más restricciones de las que están ya en vigor, lo que abriría otro escenario distinto al valorado este viernes por los magistrados de la sección 5a de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC.
El estado de alarma y las restricciones actuales en Catalunya “no son óbice” para continuar con las votaciones, zanja el TSJC. Respecto al marco jurídico, los jueces recuerdan que el decreto de estado de alarma en vigor no ha sufrido cambios en las dos fechas clave del proceso: el 21 de diciembre –cuando se convocaron automáticamente elecciones al 14F al no hallarse sustituto del president inhabilitado Quim Torra– y el pasado 15 de enero, fecha en que la Generalitat decidió aplazar las elecciones. Es más, el propio decreto, aprobado con los votos a favor de ERC, establece que el estado de alarma “no impedirá” la celebración de elecciones autonómicas.
Pero tampoco las actuales restricciones impiden ir a las urnas, a criterio del TSJC. Recuerdan los magistrados que el toque de queda, el confinamiento municipal, la limitación de horarios del comercio y la hostelería y demás restricciones eran las mismas cuando se convocaron las elecciones en Catalunya que cuando se suspendieron. Y en cualquier caso, ninguna de las restricciones en vigor “es impeditiva del derecho de sufragio”.
Distinto fue el caso de Euskadi y Galicia, que convocaron sus elecciones sin estado de alarma y tuvieron que aplazarlas al mes de julio debido al confinamiento domiciliario. Estar encerrados en casa para contener el virus es el único motivo plausible que observan los magistrados para aplazar unas elecciones ya convocadas, pues el confinamiento “limita sustancialmente” el derecho al sufragio al impedir la libertad de movimiento, derecho “instrumental” para llegar hasta los colegios electorales y votar. Nada de esto ocurre en Catalunya.
Los mimbres legales y sanitarios con los que los jueces han decidido mantener el 14 de febrero difícilmente cambiarán dentro de tres semanas: la Generalitat ha alargado las mismas restricciones hasta el próximo 7 de febrero, un día antes del plazo que se ha dado el TSJC para resolver definitivamente cuándo serán las elecciones. Tampoco el Gobierno catalán ni el central, cuyo todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, es el candidato del PSC, han advertido de que se avecine un nuevo confinamiento domiciliario, único obstáculo que impediría celebrar las elecciones a criterio del TSJC.
El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este mismo viernes que el Govern no tiene sobre la mesa un confinamiento domiciliario y que en cualquier caso la competencia para decretarlo no es de la Generalitat sino del Gobierno central. Por su lado, el pasado sábado Illa descartó un confinamiento domiciliario, en respuesta a las peticiones que le habían llegado desde algunas autonomías. El ministro sí se abrió a tomar medidas más duras, como adelantar horarios del toque de queda, pero finalmente no se ha aceptado la propuesta formulada por varias comunidades. El próximo jueves, fecha de arranque de la campaña electoral, es el día límite para que Illa deje el Ministerio, según avanzó el PSC.
Mientras los preparativos electorales siguen en marcha a contrarreloj para votar el 14F. En un comunicado a última hora de este viernes, el propio Govern ha asumido en buena medida que las elecciones se harán el 14F al comprometerse a que los comicios se puedan celebrar “con las máximas garantías sanitarias y democráticas”. El Ejecutivo catalán ha avanzado que “intensificará” la comunicación pública de los protocolos para ejercer el voto con seguridad, si bien ha lamentado los “agravios” de la decisión judicial en la ciudadanía y en las arcas públicas.
En paralelo a la logística electoral seguirán los plazos judiciales: antes del próximo miércoles los seis particulares y partidos políticos extraparlamentarios que recurrieron el decreto del Govern deben formalizar ante el TSJC su demanda contra el aplazamiento electoral. Después el TSJC pedirá a la Fiscalía y a la Generalitat que informen a favor o en contra de mantener definitivamente el 14F. Y antes del 8 de febrero los jueces emitirán la sentencia. Vista la contundencia de los argumentos expresados este viernes por los magistrados en el auto por el que mantienen de forma provisional las elecciones en febrero –que en ocasiones parece más una sentencia al entrar en el fondo de la discusión–, es difícil de prever un cambio de opinión judicial.
Por su lado, los partidos políticos han proseguido con los mensajes de precampaña conscientes de que, salvo giro judicial de última hora, las elecciones serán en tres semanas. Aragonès ha dicho “sospechar”, sin aportar pruebas, que detrás de la decisión judicial hay una “operación de Estado” para favorecer a Illa. El todavía ministro de Sanidad también ha recibido los ataques del candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, quien ha augurado que el objetivo del PSC es repetir un Govern tripartito con ERC, y de Jéssica Albiach de los 'comuns', quien ha puesto de manifiesto el conflicto de intereses que tiene Illa: “Es escandaloso que el ministro de Sanidad quiera dimitir priorizando los intereses de partido por delante de lo que necesita el país”.
Además del marco legal y las restricciones en vigor, los jueces también descartan los otros dos argumentos del Govern para aplazar las elecciones: las previsiones que sitúan el pico de ingresados en las UCI catalanas y un repunte de los contagios justo para el fin de semana del 14 de febrero y la afectación al “principio democrático” y la abstención generalizada que puede provocar el miedo a los contagios en los colegios. El aumento de hospitalizados no era “imprevisible” cuando se convocaron las elecciones, sino que, al contrario, el incremento de contagios por Navidad era “notoriamente previsible”, según el TSJC. Y lejos de afectar a la legitimidad del proceso electoral, los jueces consideran que existe un “interés público muy intenso” en la celebración de las elecciones el 14F porque, si se aplazan, se abre “un periodo prolongado de provisionalidad que afecta al normal funcionamiento de las instituciones democráticas”
“La pandemia ha incidido en las condiciones la calidad de vida diaria, más ello no impide que se cumplan unos mínimos que permitan llevar a cabo diferentes actividades pese a las limitaciones derivadas de la situación”, aseveran los magistrados. En otras palabras: si se puede ir a trabajar en pandemia, se puede ir a votar. En este sentido, los jueces destacan que los propios protocolos para votar de la Generalitat establecen medidas de prevención, como el fomento del voto por correo para reducir la presencialidad o la protección de los miembros de las mesas electorales.
De los siete magistrados que conforman el tribunal solo uno está a favor de aplazar las elecciones. El juez José Manuel de Soler Bigas cree que suspender el 14F es la “solución menos negativa” ante la percepción ciudadana de los riesgos de ir a votar en plena pandemia. En su voto particular, el magistrado argumenta que la situación sanitaria es una causa de “fuerza mayor” en la que debe primar el derecho a la vida, a la integridad física y a la igualdad frente al de voto en plena pandemia. Y alerta de que el proceso electoral puede provocar más contagios. Los otros seis magistrados creen lo contrario, y excepto un cambio inesperado en su opinión Catalunya votará el 14F.