La Generalitat de Catalunya irá al choque con el Ministerio de Vivienda a propósito del índice de referencia de los precios del alquiler. Con la regulación ya vigente desde el sábado en Catalunya, que afecta a 140 municipios en los que las subidas de rentas están limitadas, el Ejecutivo catalán no se da por satisfecho y exigirá, a través de un requerimiento, que se tenga en cuenta su índice de precios y no solo el estatal, tal y como sucede actualmente.
La consellera de Territorio, Ester Capella, ha anunciado que enviarán un requerimiento al ministerio al entender que se está incumpliendo la Ley de Vivienda, que establece que la Administración central debe promover “mecanismos de colaboración” con aquellas comunidades que hayan desarrollado sus propios índices. Según Capella, esta cooperación no ha existido. Y advierten de que llevarán el caso a los tribunales si Vivienda no modifica el decreto vigente.
La disputa alrededor de los índices estatal y catalán se arrastra casi desde que se aprobó la Ley de Vivienda y ha escalado ahora en plena precampaña electoral en Catalunya. El índice es un valor que fija el precio al que debería alquilarse un piso, y se calcula de forma distinta en función de la Administración. La estatal lo hace principalmente a partir de los datos de la renta, mientras que la Generalitat usa el registro de fianzas. Además, el estatal establece un abanico de precios, mientras que el catalán solo fija uno.
Con la regulación actual, en vigor ya en Catalunya, se aplica el índice a todos aquellos contratos de alquiler nuevos en viviendas que sean de un gran propietario –el que tiene cinco o más pisos– o en las de un pequeño propietario que lleve cinco años sin tener el inmueble en el mercado.
El caso es que la Generalitat defiende la aplicación de su índice, o cuando menos la vigencia de ambos –en la que prevalezca siempre el precio más bajo–, porque calcula que el catalán favorecería más bajadas de precio. Según estimaciones elaboradas a partir de una muestra de 23.000 pisos, han calculado que en el 80% de los casos el índice catalán queda por debajo del estatal (si se toma como referencia el precio más elevado de su horquilla).
Asimismo, añaden en su estudio, del total de pisos analizados, solo un 36% están por encima del índice estatal. En cambio, si se les aplica el catalán, los que superan el umbral son el 54%. Y si se usaran ambos valores a la vez ascendería al 57%. Por lo tanto, según el estudio interno de la Generalitat, difundido este miércoles, el índice catalán facilitaría más rebajas de precios.
De la misma manera, si a toda la muestra seleccionada para el estudio se le aplicase el índice, el precio bajaría de media un 6,2% con el estatal, un 11,2% con el catalán y un 11,9% con la suma de ambos.
Por otro lado, desde Territorio rechazan las críticas recibidas por parte de las empresa del sector, que les acusan de no haberles informado de los detalles de la ley. Y han salido también al paso algunas de las dudas que rodeaban la regulación, como la obligatoriedad de incluir el precio del contrato anterior y el del propio índice en todos los anuncios de pisos, para que el inquilino pueda comprobar que no se sube el precio. Esto no está especificado en la Ley de Vivienda –solo fija que el propietario debe informar de ello al arrendatario en algún momento antes de firmar–, pero la Ley catalana de 2007 sí lo prevé.
En este sentido, fuentes de Territorio insisten en que a pesar de que no vaya acompañada de un régimen sancionador, que aseguran que facilitaría la supervisión de la aplicación, cualquier incumplimiento en el límite de precios se puede denunciar a la Agencia Catalana de Consumo para que lo sancione.