El Govern de Catalunya ha impuesto 246 sanciones a 79 grandes tenedores, por un importe total de 6,06 millones de euros, por no ofrecer alquiler social a personas en riesgo de exclusión residencial. Este es el primer balance del programa de refuerzo que la Generalitat impulsó para garantizar el cumplimiento de las leyes catalanas contra la emergencia habitacional.
Desde 2020 hasta día de hoy el Govern ha abierto 1.242 expedientes sancionadores a empresas grandes tenedoras de viviendas por incumplir la obligación legal de ofrecer un alquiler social a inquilinos que estén en situación de exclusión residencial antes de interponer cualquier demanda de desahucio o de adquirir una vivienda fruto de una compensación o dación en pago.
De los 1.242 expedientes abiertos, 246 se han resuelto con sanciones por prácticas que excluyen o limitan los derechos de las personas consumidoras. Esto se considera una infracción grave, con multas de hasta 30.000 euros por expediente. En total, son 79 los grandes tenedores que han sido multados, de los cuales 27 acumulan más de un expediente sancionador.
A día de hoy ya se han publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) un total de 11 multas en firme a las siguientes empresas: BTL Spain Residential Acquisitions SL, Wind Luxemburg SARL, Cabot Assets Spain SLU, Claysburg SL, Cimentados3 SAU, Altamira Santander Real Estate SA, Matella SA, Iluro Pis Promotora Inmobiliaria SL, Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria Credifimo Establecimiento Financiero de Crédito SA, Aiqon Capital España SL y Coral Homes SL.
El director de la ACC, Albert Melià, ha explicado que, teniendo en cuenta que algunas empresas acumulan “un número considerable de expedientes”, la Agència ha incorporado a todas las multas una sanción accesoria de publicidad, de tal manera que se pueda hacer público el nombre de los grandes tenedores que han incumplido la ley una vez la sanción es firme.
Igualmente, Melià ha apuntado que “para reforzar esta medida disuasoria”, la Generalitat también ha decidido hacer público el nombre de las empresas que acumulan más expedientes abiertos por incumplir presuntamente la obligación de ofrecer un alquiler social. Dos de ellas, de hecho, acumulan el 52% de expedientes abiertos: Divarian Propiedad, amb 423 expedientes, i Promontoria Coliseum Real Estate, con 221. El resto son el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), con 87, Coral Homes, con 74, y Gramina Homes, SL, con 44.
El conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, espera que “con estas medidas adicionales a las sanciones económicas, consigamos el efecto disuasorio que debe tener la actividad sancionadora”.
Igualmente, ha asegurado que las multas interpuestas son resultado de la incorporación de 19 profesionales a la Agencia Catalana de Consumo (ACC), que es la encargada de velar por el cumplimiento de esta legislación. Como resultado de la ampliación de plantilla, en el último año se han multiplicado por ocho las actuaciones de control, según el conseller.
En concreto, desde la puesta en marcha del programa de refuerzo, la ACC ha realizado 1.609 actuaciones inspectoras, cifra que supone un aumento del 779% respecto al total de actuaciones realizadas desde 2020 a 2022. Así mismo, se han abierto 1.807 expedientes sancionadores, un 600% más que entre 2020 y 2022, de los cuales se han resuelto 168. “Somos un Govern comprometido con el ejercicio de los derechos sociales”, ha destacado Torrent.