La Generalitat reformará la ley de derecho a la vivienda para poder multar a grandes propietarios que no atiendan a requerimientos por inmuebles ocupados con actividad delincuencial, con sanciones que pueden oscilar entre los 9.000 y los 90.000 euros.
Así lo ha anunciado este miércoles la consellera de Justicia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, junto con la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, en una rueda de prensa en la que han explicado que la medida se dirige a grandes propietarios y la SAREB, a los que han considerado como “parte del problema”.
La medida irá acompañada de una modificación del Código Civil para que las comunidades de vecinos y los Ayuntamientos puedan instar al desalojo de una vivienda ocupada donde se lleven a cabo actividades delincuenciales, al generar graves problemas de convivencia, si el propietario no actúa.
El proceso consistirá en que cuando un Ayuntamiento detecte que en una finca, ocupada ilegalmente, se producen actividades delincuenciales, éste deberá pedir al propietario que inicie la acción judicial de desocupación.
Si en el plazo de un mes el propietario no ha presentado ante ningún tribunal esta acción, el Ayuntamiento o la comunidad de vecinos quedarán inmediatamente habilitados para activar esta medida e iniciar el proceso de desocupación.
Ciuró ha explicado que, una vez presentada la denuncia, quien determinará si la petición de desocupación es o no oportuna será un juez, y que para ello la parte que haya instado al desalojo deberá aportar pruebas que le permitan obtener un pronunciamiento favorable.
Según ha explicado Ciuró, el 45% de las ocupaciones que se producen en España se registran en Catalunya y, de estas, el 75 % se han producido en la demarcación de Barcelona. Además, ha explicado que los juzgados catalanes cuentan con 7.345 demandas interpuestas por ocupaciones en general en el año 2021.
Ciuró ha destacado que existe “un grave problema” con las ocupaciones de este tipo, puesto que hacen “la vida imposible” a la gente, y que las modificaciones planteadas son una herramienta solicitada por muchos alcaldes ante la “impotencia” que estos “sienten” para luchar contra este tipo de situaciones.
Damos una herramienta, una respuesta“, ha explicado Ciuró, para ”garantizar“ la ”convivencia de los ciudadanos poniendo instrumentos a su alcance“ que son ”judicialmente robustos“ para actuar contra aquello que ”degrada barrios en nuestro país“.
La consellera de Justicia ha asegurado que está previsto que la comisión de codificación tenga prevista la propuesta de modificación del Código Civil la primera semana de octubre, y que paralelamente trabajan con Derechos Sociales para que los cambios en la ley de vivienda vayan a la par.
Una vez tengan el proyecto listo, éste deberá ser aprobado por el Govern, con la intención de que se apruebe como decreto-ley, y, una vez aprobado por el Consell Executiu, debe pasar por un trámite en el Parlament que puede alargarse durante varios meses.