Catalunya se prepara para traer agua en barcos si la sequía no remite

La sequía histórica que sufre Catalunya, la más grave desde que existen registros, podría obligar pronto a traer agua potable en barcos a través del Puerto de Barcelona. La situación hídrica en la comunidad es ya de “emergencia nacional”, según lo describió este martes el consejero de Acción Climática, David Mascort, con más de seis millones de habitantes, incluida el área metropolitana de Barcelona, bajo restricciones y en estado de “preemergencia”.

En una entrevista en Rac1, Mascort ha confirmado que están llevando a cabo los preparativos en el Puerto para adaptar las instalaciones y poder recibir barcos con agua si es necesario. Los trabajos tienen un coste de cuatro millones de euros y estarían listos en un par de meses. “Estamos trabajando en todas las fórmulas posibles para conseguir agua”, ha recalcado el conseller, que ha añadido que estudian traerla de zonas como Tarragona, Murcia o Marsella. 

No sería esta la primera vez que el Puerto de Barcelona recibe buques llenos de agua potable para consumo de los ciudadanos. Ocurrió en la que era hasta ahora la peor sequía de la historia reciente de Catalunya, la de 2008, que obligó a recibir barcos con agua desde Mallorca y Marsella. Pero fueron solo dos, puesto que justo aquella primavera llovió con fuerza y los embalses se llenaron con rapidez.

Hoy, sin embargo, no hay lluvias a la vista en Catalunya, según el Servei Meteorològic. A raíz de la sequía de 2008, la Generalitat aceleró inversiones para disponer de más agua potable, la más efectiva la desaladora de El Prat de Llobregat, que junto con la de Blanes funciona desde hace meses a su máxima capacidad. Ahora está pendiente la ampliación de esta última para que pueda cuadruplicar su capacidad, unas obras que dependen del visto bueno del ministerio de Transición Ecológica. 

Mientras tanto, los embalses de las cuencas internas están a un raquítico 18% y gran parte de la población catalana, en situación de preemergencia por sequía. Esto incluye que el agua que se puede consumir al día en los municipios bajo estas medidas es de 210 litros por persona. Una reducción que por ahora no afecta al ciudadano medio, cuyo consumo suele ser menor. Si la situación no mejora, la Generalitat prevé declarar la “emergencia” para toda la zona del sistema Ter-Llobregat (que abastece al área de Barcelona) en diciembre. 

Aunque la Agencia Catalana del Aigua (ACA) defiende que traer agua es el último recurso (igual que apuestan por rebajar la presión del grifo antes de hacer cortes de agua por tramos horarios), lo cierto es que ya están barajando esta opción. Y Mascort advirtió este miércoles en Rac1 que esta medida desesperada obligaría además a encarecer todavía más el recibo del agua. “No podemos oplvidar que el agua de los barcos es muy cara, y es un gasto que deberemos asumir entre todos”, ha afirmado. El metro cúbico saldría a entre 4 y 10 euros. 

El titular de Acción Climática ha recordado que de acuerdo con el Plan Especial de Sequía, la entrada en fase de emergencia la marca el estado de los embalses. “Debe activarse cuando los embalses lleguen al 16%”, ha detallado. Reconoció que las previsiones no son optimistas en cuanto a la lluvia, pero recordó que la mitad de lo que Catalunya consume ya no procede de los embalses. “Viene de desaladoras, de agua freática y regenerada”, ha señalado Mascort, que ha dicho que confía en que el esfuerzo colectivo permitirá “alargar las existencias” y por tanto, la entrada en emergencia.

Mascort ha defendido que con las nuevas inversiones (además de la desaladora de Blanes, la potabilización del río Besòs) supondrán que Catalunya tendrá 200 hectómetros cúbicos añadidos que harán aliviarán futuras sequías como la actual. “El país está listo para soportar una sequía como las que habíamos tenido hasta ahora, pero no una de 36 meses. Lo estaremos en los próximos años”, ha asegurado.

La factura en Barcelona se encarecerá 5 euros

Debido a los costes de la sequía, entre ellos el disparado consumo energético de las desaladoras, ya está aumentando el precio del agua. Hace unas semanas la empresa Aigües Ter-Llobregat, que suministra el agua en alta, actualizó su tarifa con un aumento del 33%, y este martes el Área Metropolitana dfe Barcelona (AMB) ha explicado que en consecuencia se verá empujada a repercutir una parte del aumento a los clientes de sus 23 municipios, abastecidos por Aigües de Barcelona (Agbar).

Además, el AMB ha avanzado que el lunes convocará a los 36 ayuntamientos del ente para evaluar si en algunos municipios hay que reducir la presión del suministro, especialmente en aquellas localidades que sobrepasan los 210 litros por habitante y día que ahora ha fijado la Agencia Catalana del Agua (ACA) por la fase de preemergencia de la sequía.

El incremento de la factura previsiblemente se aprobará a finales de noviembre, gracias a la mayoría con la que gobierna el ejecutivo metropolitano, y supondrá un aumento de unos cinco euros de media en el recibo bimensual.  Así, en el caso de Barcelona la factura actual (de 48,46 euros de media) subirá un 11,5%, mientras que existen otras ciudades como l'Hospitalet o Cerdanyola donde la media de incremento es del 15%.

Los 23 municipios donde los vecinos se verán afectados por el aumento de tarifas son: Barcelona, Badalona, Begues, Castelldefels, Cerdanyola del Vallés, Cornellà, Esplugues, Gavà, Hospitalet, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, El Papiol, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi, Sant Climent, Sant Feliu, Sant Just, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Torrelles y Viladecans. En total, existen 1.400.000 abonados, entre hogares y empresas.

El director de Ciclo del Agua del AMB, Martín Gullón, ha argumentado esta subida del recibo principalmente por el aumento que ha aplicado Aigües Ter Llobregat en el suministro como resultado de los efectos de la sequía. También ha influido el incremento del uso de la desaladora, el aumento del precio de la energía y el IPC.

Al tiempo que se aumentan las tarifas, Gullón ha avanzado que el AMB también prevé actualizar la tarificación social. Actualmente existen unos 60.000 clientes bonificados, y el ente prevé que los nuevos precios puedan ensanchar esta cartera hasta los 100.000. Pueden entrar en la tarificación social, entre otras, las familias con todos los miembros en paro, las personas que perciben la pensión mínima, y familias en situación de vulnerabilidad económica o en riesgo de exclusión residencial.