La Generalitat rescatará en los nuevos presupuestos una medida fiscal que fue tumbada por el Constitucional en noviembre pasado. En concreto se trata de una disposición pensada para beneficiar a los contribuyentes que cobran menos de 12.000 euros, una bolsa de trabajadores especialmente precarios que comprende unos 200.000 catalanes, aunque en la práctica acabará beneficiando de forma progresiva también a otros grupos que pueden llegar hasta los 35.000 euros. El departamento de Economía ha explicado que el objetivo principal era salvar la rebaja de los trabajadores más precarios pero que, una vez puestos a tocar tramos, han optado por ampliar los descuentos.
La fórmula elegida es introducir dos nuevos tramos en el IRPF autonómico uno para bajar 1,5 puntos a los trabajadores más bajos y otro para compensar esa rebaja, que aumenta ligeramente el tipo impositivo en rentas a partir de los 21.000 euros anuales. Los efectos prácticos son una rebaja de unos 100 euros en total a los contribuyentes que cobren hasta 12.000 euros, una menor pero aún sustancial para los trabajadores con rentas de hasta 21.000 euros y, finalmente, un descuento mucho más ligero en el computo global para las rentas hasta 35.000 euros. A partir de ahí habrá subidas, ligeras y sin tocar el tipo impositivo.
Esta es la propuesta del Govern para rescatar una medida que fue introducida en el año 2020 mediante otra fórmula y que el TC anuló considerando que había una invasión de competencias por cómo estaba hecha. En aquel momento se optó por un aumento del mínimo exento para las rentas más bajas, algo que el Tribunal consideró incorrecto. Ahora el Govern ha optado por la desdoblar tramos y cambiar los importes, algo para lo que las autonomías tienen competencias, por lo que el Ejecutivo catalán considera “blindado” ante los tribunales.
La propuesta elaborada por el Departamento de Economía será llevada al Parlament como una enmienda de ERC y Junts a la ley de acompañamiento de los Presupuestos y debe acabar teniendo el aval de los comuns. El Departamento ha mantenido este jueves una reunión tanto con el grupo, que ya dio luz verde a la tramitación de las cuentas, como con la parte del Govern que pilota ERC. Desde En Comú Podem han recibido con buena disposición la propuesta del IRPF, a la que además se suman retoques en otros puntos fiscales que ellos ya pedían, como las deducciones a partidas monoparentales. Sobre el impuesto de la renta, los comuns consideran que “la música suena bien” porque el espíritu es rebajar por abajo y subir por arriba. Con todo, esperarán a hacer sus propias simulaciones para dar una respuesta final a la medida.
El conseller Jaume Giró defiende que este cambio beneficia al 80% de los contribuyentes. “Mejora mucho la situación de las rentas más bajas y es prácticamente neutra a las demás”, ha asegurado el responsable de las finanzas catalanas. Con todo, la medida no se notará en los bolsillos de los catalanes hasta el año 2023, cuando se pagará el IRPF del año anterior. Esto es así porque la medida solo afectará a partir del ejercicio que comienza el próximo 1 de enero.
La decisión del Constitucional hará por tanto que en el presente año fiscal esta bolsa de contribuyentes más pobres sí vea aumentado el importe de sus impuestos en unos 50 o 60 euros. Este aumento mejorará la recaudación de la Generalitat en 16 millones de euros, algo que se compensará con creces en 2023, cuando el impacto de esta medida significará unos 19 millones menos de recaudación.
Este es uno de los pocos retoques en fiscalidad que tiene previsto llevar a cabo el Govern en los próximos presupuestos. Otra de las cuestiones afecta al impuesto sobre las emisiones de CO2 en vehículos, que se dejará congelada para los coches que estén dados de baja temporal. Otro de los retoques tiene que ver con la deducción por alquiler habitual, que se amplía para familias monoparentales. En cambio, no hay cambio en el impuesto a los ultraprocesados, que el Govern continúa manteniendo que por el momento solo es un proyecto de estudio.