Lo que parecía más difícil, lograr un consenso para renovar a los siete cargos del gobierno de la Corporación Catalana de Medio Audiovisuales (CCMA), se acabó consiguiendo en diciembre pasado, con un pacto entre PSC, ERC y Junts. Pero los primeros pasos de la nueva cúpula que controla TV3 y Catalunya Ràdio están siendo mucho más broncos de lo que se esperaba. Socialistas y exconvergentes querían iniciar el mandato sustituyendo a los cuatro máximos cargos de ambos entes, es decir, los dos directores y jefes de informativos, colocando como interinos a sus números dos, pero los republicanos consideran que este es un paso que no debe darse hasta que no se celebre el concurso para elegir a los definitivos. La guerra está abierta y ha supuesto un primer cisma en el Consell que amenaza con hundir el consenso al que las tres formaciones parecían haber llegado.
El acuerdo inicial entre PSC, ERC y Junts era abrir una nueva etapa en la corporación, incluyendo medidas que caminasen hacia una refundación del ente. Esta era una de las prioridades del partido de Salvador Illa, pero también los independentistas querían hacer borrón y cuenta nueva. El máximo órgano de gobierno está nombrado directamente por el Parlament por lo que, tras el pacto político, fueron nombrados tres consejeros a propuesta de los socialistas, dos a propuesta de Junts y otros dos por ERC, incluyendo la nueva presidenta Rosa Romà.
Diferentes son los cargos directivos de TV3 y Catalunya Ràdio, que desde el año 2019 deben ser elegidos por concurso. En la anterior etapa, Junts y ERC se los habían intercambiado, colocando los primeros al director de la televisión y al jefe de informativos de la radio, Vicent Sanchis y Francesc Cano, mientras los segundos elegían a su contraparte, es decir, al director de la radio y al jefe de informativos de la televisión, Saül Gordillo y David Bassa.
Estos cuatro nombres son los que ahora PSC y Junts querrían destituir de forma fulminante, antes de que se celebrase el concurso que debe elegir a sus sucesores. Tal como avanzó La Vanguardia esta semana, sus sustitutos serían sus hasta ahora números dos, que en el caso de los directores son Sígfrid Gras y Jordi Borda.
Esta idea, sin embargo, ha enervado a ERC, que ve en la CCMA un pacto similar al de la Diputación de Barcelona, donde también se están renovando cargos relativos a la comunicación, como el director de La Xarxa, cuyo nuevo director podría ser Enric Hernández. Para los republicanos, la opción más razonable es no hacer relevos hasta que no haya un cambio total de la dirección a través del concurso. Otra opinión tiene el PSC, que recuerda que todos los que están ahora en el punto de mira son cargos políticos nombrados a dedo por un consejo de gobierno que ya ha salido. “Es hora de que se demuestre que hay un cambio de etapa”, afirman fuentes socialistas.
También en Junts creen que el recambio de los cargos debe hacerse ya, entre otras razones porque entienden que es la forma de forzar a que la presidenta, Rosa Romà, propuesta por ERC, se dé prisa en activar el concurso y en buscar nuevos candidatos para los puestos directivos. Una de las cuestiones que todas las partes tienen muy presentes es que la nueva presidenta es la principal encargada de diseñar las bases y poner en marcha el mecanismo que deberá elegir a los nuevos profesionales, una tarea que según algunos puede hacerse en no más de tres meses y, según otros, podría irse más allá del medio año.
Este pulso se trasladó el miércoles a la primera reunión ordinaria de la cúpula de la CCMA. Pese a que PSC y Junts, que cuentan con mayoría, pensaban ejecutar ya las destituciones, Romà no introdujo este asunto en el orden del día, por lo que se quedó fuera del debate. Ambas partes estudian las herramientas legales que les asisten. Por el momento, los tres partidos se han dado una tregua hasta la semana que viene para llegar a un acuerdo y evitar que la guerra estalle. El próximo lunes, sin embargo, podría ser un día clave, puesto que una mayoría cualificada en el consejo puede forzar un punto en el orden del día si lo reclama con antelación. Por eso, si no hay un acuerdo antes, PSC y Junts creen que podrían llegar a ejecutar las destituciones sin los consejeros republicanos.
Uno de los hombres que está bajo todas las miradas es David Bassa, jefe de informativos de TV3, nombrado en su día por ERC. Tanto el PSC como Junts consideran que su papel ha sido importante a la hora de favorecer a los republicanos, razón por la que defienden que debe salir cuanto antes de su puesto. Más aún cuando queda poco más de un año de las elecciones municipales, donde ambos partidos se medirán con ERC, los socialistas en el área metropolitana y Junts entre el electorado independentista. Los republicanos creen sin embargo que uno de los objetivos de las destituciones es dotar de más peso a Andreu Martínez, un hombre cercano a Junts y que tras pasar por Interior ahora ocupa el cargo de director de Estrategia Corporativa y Recursos Humanos de la Corporación.
Pese a los intentos de calmar las aguas, los problemas de la CCMA ya se han contagiado a la que se considera como la tercera pata de los medios públicos dependientes de la Generalitat: la agencia de noticias ACN. Siete de los ocho miembros del gobierno de la agencia deben ser renovados, a la vez que, según el pacto entre ERC y Junts, toca a los segundos proponer al nuevo director de la agencia. Este jueves el actual presidente, Ignasi Genovès, había introducido en el orden del día un punto para destituir al actual director, Marc Colomer, para nombrar a un nuevo. Sin embargo, cuatro de los consejeros no se han presentado a la reunión, por lo que el órgano se ha quedado sin quorum para tomar la decisión que pretendía.
Las escaramuzas entre partidos que están teniendo lugar en los medios públicos catalanes reflejan las eternas malas relaciones entre socios del Govern. Pero estos equilibrios ahora también han incluido al PSC, partido que había entrado en el consenso para formar mayorías y renovar no solo los órganos de comunicación, sino también el resto de cargos caducados dependientes del Parlament. Unos contrapesos frágiles entre los tres grandes partidos catalanes que todos tratan de salvar porque la salida de uno de ellos del pacto supondría quedarse sin mayorías cualificadas.
En medio de estos desencuentros por las renovaciones, este mismo jueves se conoció que Aragonès ha instado a los servicios jurídicos del Govern a personarse como acusación particular en la causa que investiga la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de la productora audiovisual Triacom. Una decisión que el Ejecutivo ya había estudiado hace meses, durante la presidencia de Quim Torra, pero que no se ha materializado hasta ahora, cuando los servicios jurídicos de la Generalitat han pasado a manos de ERC.