Jornada de anuncios de las administraciones catalanes en materia de vivienda. El Ayuntamiento de Barcelona ha comunicado un acuerdo con la Sareb, el banco malo que asumió miles de activos inmobiliarios tóxicos fruto de la burbuja del ladrillo, para que se regularice la situación de cientos de familias que ocupan a día de hoy pisos de su propiedad en Barcelona. Por su lado, los Mossos d'Esquadra han presentado un nuevo protocolo interno con el que reforzar la “mirada social” en los desahucios, en palabras del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena.
Ambos anuncios se enmarcan en un contexto de creciente preocupación por los problemas de vivienda. Catalunya lidera las estadísticas de desahucios mientras el número de familias con dificultades para pagar el alquiler y las que se ven abocadas a ocupar crece cada día. Según ha explicado la concejal de Vivienda Lucía Martín, el pacto con la Sareb incluye el compromiso de la entidad de realizar un alquiler social a todos aquellos que estén en situación de vulnerabilidad. Se trata de unas 300 unidades familiares, casi 1.000 personas.
El acuerdo no es un convenio, sino una mesa de trabajo con los nuevos responsables de la Sareb, que tiene en Barcelona alrededor de 800 viviendas, según el registro de la propiedad. De ellas, 150 estaban ya cedidas desde 2015 al consistorio para que las gestione como alquiler social y otras 50 se sumarán a la misma fórmula. “Estamos hablando de que unas 500 familias que están en pisos de Sareb tendrán un alquiler social en los próximos meses. Es más de un 60% de su parque de vivienda en la ciudad”, ha celebrado Martín.
Martín ha añadido que las firmas de los contratos se irán concretando por paquetes y que actualmente se está cerrando uno de 68 viviendas. Fuentes de la Sareb consultadas por este diario han confirmado esta parte del acuerdo, pero han rebajado lo que tiene que ver con el resto de familias, cuyos casos dicen que están estudiando. Sí aseguran que mantendrán las reuniones periódicas con el consistorio para revisar cada casuística familiar y que su política “siempre” consiste en regularizar la situación de aquellas unidades familiares vulnerables que se encuentran en sus inmuebles.
“Algo rarísimo debería pasar”, ha abundado Martín, “para que en los próximos meses” no se vayan firmando todas las restantes. “Son familias cuya vulnerabilidad hemos acreditado y documentado”, ha dicho.
El compromiso, según el consistorio, alcanza las familias que están siendo objeto de seguimiento por parte de las oficinas de vivienda o de la Unidad Antidesahucios del Ayuntamiento. Son casi 300 hogares que estaban en precario, es decir, sin contrato ya sea porque eran pisos vacíos ocupados, porque se trata de familias que pagaron por acceder a una vivienda que resultó ser ocupada, o también casos de ejecuciones hipotecarias.
A nivel formal, el Ayuntamiento se considera el garante del cumplimiento de ese compromiso, pero el contrato atañerá a las dos partes: propietario e inquilino. No habrá aportación económica adicional del consistorio. Los alquileres, ha afirmado Martín, serán de siete años y las familias pagarán en función de sus ingresos, entre 50 y 200 euros al mes salvo excepciones.
Una segunda pata del compromiso alcanzado consiste en que la Sareb se compromete a no desahuciar a las familias en situación de vulnerabilidad, algo que por otra parte ya recoge la ley 24/2015 de emergencia habitacional en Catalunya. La norma, que se aprobó a instancias de entidades como la PAH, obliga a ofrecer también alquiler social a aquellos afectados que estén en riesgo de exclusión.
Nuevo protocolo de los Mossos
Por otro lado, este jueves los Mossos d’Esquadra han presentado la actualización de sus protocolos internos sobre actuaciones en desahucios. La policía catalana quiere reforzar su mirada social en los desalojos y garantizar que se activan los servicios sociales en casos de familias vulnerables antes de formalizarse el desahucio.
Así lo han anunciado el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y el comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, en una rueda de prensa –la primera conjunta desde la última crisis en la cúpula de la policía catalana– para explicar sus dos nuevos protocolos de trabajo interno que fijan sus criterios de actuación en los desahucios, tanto por mandato judicial como por ocupación flagrante. Un portavoz de Interior ha rechazado facilitar a la prensa los protocolos en su integridad aduciendo su carácter interno.
Los protocolos introducen en cambios en cuanto al aviso a servicios sociales pero mantienen una de las cuestiones que viene enfrentando al Govern con la CUP y los activistas del derecho a la vivienda como es el envío de antidisturbios a los desalojos. El nuevo protocolo mantiene los antidisturbios no solo cuando así lo pide el juez que ha ordenado el desahucio sino también como parte del operativo policial sin que un togado lo haya solicitado expresamente cuando los Mossos prevén que el desalojo tenga un nivel de riesgo alto de protestas.
Con todo, Sallent ha querido dejar claro que la función de los antidisturbios no es ejecutar los desahucios, sino garantizar el orden público, por ejemplo en concentraciones donde “se espera con contundencia” a la policía catalana. “Con una persona vulnerable, no tienen sentido que vayan”, ha agregado.
Queda pendiente la actualización del protocolo de 2013 entre el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y el Govern para hacer frente a los desahucios. Elena ha remarcado que esa tarea corresponde a la nueva titular de Justicia, Gemma Ubasart, ya que el presentado este jueves es exclusivamente de uso interno de la policía.