Por los calabozos del actual edificio de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya pasaron decenas de activistas antifranquistas. Muchos fueron torturados, entre ellos jóvenes intelectuales como Gregorio López Raimundo o Sebastià Piera. Desde este martes, una placa frente al inmueble, en Via Laietana, recuerda cómo llegó a convertirse en el temido epicentro de la represión política en Barcelona.
El Ayuntamiento de Barcelona, representado por el teniente de alcaldía Gerardo Pisarello, ha colocado el panel en un acto organizado por la entidad Ateneu Popular de Memòria, que exige además al Gobierno que convierta el edificio en un museo o centro memorial de la represión policial durante la dictadura de Franco. Así lo aprobó el Congreso de los Diputados a propuesta de ERC en junio de 2017.
El discreto memorial recuerda a los viandantes que el edificio se inauguró en 1929 como Jefatura Provincial de Policía. Ya entonces, al término de la dictadura de Primo de Rivera, fue un centro de represión contra el obrerismo y el sindicalismo de la ciudad. Durante la Segunda República, como Comisaría de Orden Público de la Generalitat, siguió siendo “un lugar de represión”, según recoge el panel.
En 1941, tras la Guerra Civil, se convirtió el la sede de la Brigada Político-Social, y por sus celdas “insalubres” y “saturadas” pasaron decenas de antifranquistas, que fueron interrogados y en muchos casos torturados. Son conocidos incluso algunos de los torturadores debido a su brutalidad, como es el caso de los hermanos Antonio y Vicente Creix.
El manifiesto que han leído las entidades para la memoria histórica durante el acto ha recordado que fue la Asociación de exPresos Políticos del Franquismo la que planteó, ya en la década de los 2000, que el edificio se convirtiera en un espacio de recuperación de la historia de las víctimas del franquismo. En la propuesta aprobada en el Congreso, en 2017, se pedía además que en seis meses se trasladara la copia de los archivos históricos de la Policía, entre ellos fichas, atestados y declaraciones, al Archivo Histórico Nacional de Catalunya.
En la actualidad, el edificio de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya es propiedad del Gobierno central y este no tiene planes para reubicarles. “Hay que desbloquear esta iniciativa para que el próximo gobierno del Estado ceda este edificio al Ayuntamiento para que tengamos aquí un espacio de recuperación de la memoria democrática y de condena de los crímenes del franquismo como garantía de no repetición”, ha reclamado Pisarello.