Fijada la fecha del juicio contra los 20 imputados por el intento de bloqueo del Parlament el 15 de junio de 2011, se activan las movilizaciones en apoyo de los encausados​​. Se ha convocado una manifestación para el 29 de marzo en la Plaza de Catalunya, apenas dos días antes de que comience el juicio por los hechos en la Audiencia Nacional española.
La Fiscalía pide cinco años y medio de prisión para los 20 manifestantes encausados, el Parlament y la Generalitat de Catalunya, tres. Denuncian un presunto delito contra las instituciones del Estado con un delito de atentado contra la autoridad. A la acusación de las instituciones catalanas, se ha sumado el sindicato ultraderechista Manos Limpias.
Los abogados de los encausados ​​consideran sorprendente que lo que en otro caso se consideraría un delito de faltas, por empujones e insultos a los diputados a su entrada en el Parlament, en este caso se eleve a un delito penal por el que el juez ha definido como agravante la “intimidación ambiental”.
Según el informe de la Fiscalía, ese día “varios parlamentarios fueron rodeados e increpados por grupos de personas que les impedían el acceso al Parlament, mediante empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos creando un temor en su seguridad personal”.
“Sabemos y tenemos claro que este es un juicio político, una farsa para atemorizar a aquellas que deciden plantar cara y actuar contra los responsables de tanta precariedad”, apuntan los encausados ​​en un comunicado.
El 15 de junio de 2011, unas 600 personas acudieron a la convocatoria de la acción “Paremos el Parlament”, en el marco de las protestas del 15M, para evitar que se aprobaran los presupuestos de la Generalitat. Lo que debía ser una cadena humana derivó en cargas policiales, resueltas con 45 heridos y 6 detenidos, en ese momento, y episodios de gritos y empujones a algunos diputados, a los que los manifestantes no dejaban acceder al Parlament.
El presidente Artur Mas y algunos Consellers entraron en la sede parlamentaria en helicóptero. Los Mossos no hicieron ningún pasillo de acceso a los parlamentarios, que tuvieron que acceder al hemiciclo caminando entre los manifestantes.
La investigación conjunta entre los propios Mossos y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya concluyó con la detención, los días posteriores a los hechos, de una veintena de personas.
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