La magistrada del juzgado penal número 18 de Barcelona ha condenado a un año y ocho meses de prisión a los directivos de la empresa DPS Consulting, contratada por Endesa, que asedió una clienta vulnerable en verano de 2020.
Se trata del administrador de la compañía y de la directora general. La juez también ha decretado seis meses de prisión para la trabajadora que llamó a la víctima haciéndose pasar por personal judicial y la presionó para que pagara en menos de una semana una supuesta deuda con la energética.
La juez ha considerado que cometieron un delito menos grave de coacciones y ha indicado que ha quedado acreditada la existencia de un modus operandi “ideado” por los responsables de DPS y ejecutado por sus empleados que incluía “intimidación”.
Los hechos se remontan al mes de julio de 2020, cuando una trabajadora de esta empresa llamó a Yolanda, una clienta de Endesa, haciéndose pasar por personal judicial y la amenazó con embargarle las cuentas y cortarle el suministro si no pagaba la deuda de 2.000 euros que tenía pendiente con la compañía energética. La víctima se encontraba en situación de vulnerabilidad acreditada por los Servicios Sociales y la mayor parte de la deuda podía haber prescrito.
La magistrada también ha indicado que de las grabaciones escuchadas durante el juicio se desprende que la empleada que hizo la llamada “leía un guion” preestablecido. Así, más allá de que esta pudiera haberse extralimitado en sus funciones al presentarse como personal judicial, ha apuntado que existía un “sistema ideado” por los responsables de DPS en el que se usaban “medios legalmente proscritos para conseguir el cobro” de deudas de estas características.
Asimismo, ha dado por buenas las declaraciones de esta trabajadora, que revelaron que las llamadas se hacían desde móviles con número oculto a los cuales se cambiaba la tarjeta SIM cada seis meses y de los que no se guardaba registro.
Los tres acusados y DPS han quedado absueltos de los delitos de estafa en grado de tentativa y de usurpación de funciones públicas. Por otro lado, la sentencia ha fijado una indemnización de mil euros para la víctima. En este sentido, ha considerado que se la tiene que compensar por “la angustia y la ansiedad” que sufrió.
En un comunicado, los responsables de la Alianza Contra la Pobreza energética han celebrado la sentencia al considerar que confirma que los cobradores de Endesa llevan a cabo prácticas “éticamente reprobables” y en muchos casos “delictivas”.
En esta línea, han advertido que empresas de recobro como DPS Consulting “se dedican a hacer la vida imposible a personas vulnerables que ya tienen bastante con no poder ver garantizado su derecho de acceso a los suministros básicos y no poder pagar sus facturas”.
Por este motivo, el colectivo ha exigido que Endesa “cese su relación con una empresa con prácticas mafiosas” y que “deje de ceder a terceros la gestión de la deuda de hogares vulnerables”.
La Alianza Contra la Pobreza Energética ha anunciado que a lo largo de los próximos días estudiará la conveniencia de presentar un recurso de apelación para conseguir la condena de la empresa como entidad jurídica.